[09/05] 'El tópico de las gestiones con la Administración remite al Vuelva
usted mañana de Mariano José de Larra. Al funcionario parapetado detrás
de una ventanilla frente a una larga cola de personas.
Pero estos estereotipos están cada vez más lejos de la realidad. El
75% de los más de 500 millones de trámites que realizaron los ciudadanos
y las empresas con la Administración General del Estado (AGE) en 2012
se hicieron (total o parcialmente, como puede ser bajarse un formulario a
través de la red) a través de procedimientos electrónicos, según datos
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esto incluye
pedir cita para el DNI, consultar el saldo de puntos del carné de
conducir, el pago de multas de tráfico o la declaración de la renta.
Todo ello redundó en un ahorro estimado en 28.500 millones de euros para
las personas y entidades que los realizaron. Existe un consenso
generalizado en la importancia que ha tenido la Ley 11/2007 de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y su desarrollo
en la consolidación e impulso de las tecnologías de la información en
España. Por ello, los recortes ejecutados por el Gobierno en esta
parcela en los dos pasados ejercicios y los que se prevén para este año
siembran temor entre los especialistas del sector.
La reducción del gasto público para las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) en la AGE “es preocupante”, apunta Emilio
García, presidente de la Asociación de Profesionales Públicos de
Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (Astic).
“El uso de las tecnologías de la información se traduce en ahorros y
nuestros responsables políticos deberían velar por que las reducciones
se hiciesen de manera inteligente, valorando primariamente el retorno de
la inversión que las TIC aportan a la Administración y la sociedad”,
destacaba Astic en un artículo publicado en su boletín el pasado mes de
abril.
¿Existe un peligro real de retroceso? El Ministerio de Hacienda lo
niega. Admite la reducción presupuestaria, pero señala que obedece a una
estrategia para “reutilizar, compartir y mejorar la interoperatibilidad
entre las Administraciones”, según un portavoz del departamento de
Cristóbal Montoro. Es decir, se pretende gastar menos y optimizar
recursos entre los distintos niveles competenciales. Fuentes del
ministerio ponen como ejemplo un proyecto piloto ensayado en la
Comunidad de Madrid que permite la interconexión de los registros de
entrada en los tres niveles de la Administración, lo que permite que un
documento presentado por un ciudadano esté en segundos en cualquier otro
mostrador cuando el transporte físico tradicional se demora más de dos
semanas. Este procedimiento ha supuesto un ahorro de cinco millones de
euros, que serían 50 de extrapolarse a todas las autonomías, según los
impulsores de la experiencia.'
' La estimación global de los costes administrativos se establece a partir
de la evaluación desarrollada por el Gobierno holandés, que fijó en
2002 como unidad de medida el Standard Cost Model (SCM) y que la Unión
Europea ha adoptado como medida de referencia. Según el SCM, el coste de
un trámite presencial alcanza una media de 80 euros (incluyendo
aspectos como el transporte o el lucro cesante) por cinco euros
asociados a los procedimientos electrónicos. En 2012 se realizaron más
de 500 millones de trámites con la AGE, de los que 365 se ajustaron al
formato electrónico. Aplicando el patrón del SCM es como se llega a la
cifra de ahorro difundida por el departamento de Montoro.'
'Emilio García, presidente de Astic, abunda en los recortes aplicados
en las partidas destinadas a la e-Administración. Los datos del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, señala, muestran una
caída presupuestaria del 23% del dinero destinado a las TIC entre los
ejercicios 2011 y 2012. Y en este retroceso no están incluidos los
efectos del tijeretazo de julio de 2012 (la batería de medidas entre las
que se encontraba la subida del IVA o planes de ahorro en la
Administración).
Recortes de esta envergadura se reproducen en el resto de escalones
competenciales. Un 23% es también el porcentaje de caída del gasto de la
Generalitat catalana en el concurso de servicios de tecnologías de la
información que ha convocado, lo que “demuestra que estamos alcanzando
el límite de la racionalización de los recursos tecnológicos”, según
Astic. Los profesionales temen que rebasar esta línea roja degrade la
calidad de los servicios públicos electrónicos y que ello traiga consigo
un descenso en su uso y una reducción de los ahorros obtenidos en el
gasto público con el uso de la e-Administración.
Emilio García asegura que un retroceso presupuestario de este volumen
es “exagerado” y “puede poner en riesgo todo lo alcanzado”. En su
opinión, el recorte del 7% implementado en los ejercicios 2009-2010, una
vez finalizado el esfuerzo de la puesta a punto de la ley 11/2007,
resulta razonable. Pero la nueva vuelta de tuerca de los ejercicios 2011
y 2012 se traduce en dos situaciones peligrosas. Por un lado, los
gastos de mantenimiento han caído a niveles del año 2007, cuando “apenas
había un 20% de los servicios que hay en estos momentos”, lo que
dificultará atender las necesidades actuales.
Por otro, el desplome de
la inversión en recursos telemáticos “nos acerca a una bancarrota
digital pública en la que dedicamos menos recursos de los que nos
demanda una sociedad cada vez más digitalizada”, según ha denunciado
recientemente García. Y nada parece indicar que a medio plazo vaya a
revertirse la situación de caída libre en los recursos públicos
destinados a las TIC en la Administración del Estado.'
Fuente y noticia completa: El País 09/05/2013
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