lunes, 23 de abril de 2018

[El Independiente] La secretaria de Estado de Función Pública defiende continuar como están con las OPEs extraordinarias de los puestos de miles de interinos de larga duración pese a las demandas judiciales

Informaba El Independiente  el pasado 19/04/2018 de la comparecencia de la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado,  en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, sobre los denominados "proceso de estabilización" u Ofertas Públicas de Empleo [OPE] Extraordinarias de hasta 350 mil plaza de puestos de diferentes Administraciones Públicas  [como la Comunidad de Madrid y en especial el Servicio Madrileño de Salud con más de 20 mil] cubiertos de forma temporal durante más de 3 años y por tanto "en fraude de ley" según la normativa española [y europea], y que según la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 se autorizaba a las respectivas AAPP a convocar muchos de esos puestos [un 90% los de más de 3 años antes de 31/12/2017, y el 100% los anteriores a 2005 en Sanidad, Eduación y algún sector] en procesos selectivos mediante OPEs sin fijar que fueran con bases de consolidación del personal temporal de larga duración , que por tanto erdería su puesto de trabajo si no queda entre los mejores puntuaciones , todo tras un acuerdo del Gobierno del Estado con los sindicatos sobre temporalidad del empleo público , acuerdo que se acaba de extender al resto de sectores recientemente (con lo que podría afectar ya a un total de 700 mil empleados públicos)

El medio informa que miles de estos "interinos" afectados se están organizando y exigen lo ya recogido literalmente en el Estatuto Básico del Empleado público : que "en virtud de ley" puede "aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos" como sistema selectivo para alcanzar la condición de empleado público fijo para estos puestos. También informa que muchos de ellos, bajo la   "Asociación Nacional de Interinos y Laborales" (ANIL) están presentando demandas judiciales y que ANIL acaba de lanza una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se revoquen esos acuerdos entre sindicatos y Gobierno, que ANIL denuncia sería "un ERE en el sector público en tanto que no garantiza el puesto a sus actuales dueños"

A este respecto la Secretaria de Estado comentó que [el concurso de méritos] sería  "un proceso que no respeta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, que les "duelen las situaciones personales que podamos provocar" excusándose que no podían hacer otra cosa y opinando que no "debemos parar este proceso" ni "judicializarlo" llamando a los "interinos que ven peligrar su puesto de trabajo" a que consigan la plaza fija "con un poco de esfuerzo y tirando de su experiencia"

El medio de prensa recuerda el caso de Educación [no universitaria], con las bases para las convocatorias de las CCAA fijadas desde el Estado, y donde la antigüedad del temporal cuya puesto se juega contabiliza solamente el 20% de la puntuación total del proceso de "estabilización", siendo además eliminatoria la fase oposición, con el formato habitual.


NOTA DEL EDITOR: además de las demandas de ANIL y de otros gabinetes de abogados, está la iniciativa del sindicato médico AMYTS con el despacho Araúz de Robles , que está demandando que se solicite al Tribunal de Justicia Europe el reconocimiento de una condición equiparable a la del personal estatutario fijo en cuanto a las condiciones de cese  (y en el resto de condiciones de trabajo)  para este personal temporal de larguísima duración como sanción adecuada, aplicando la normativa básica europea, la famosa Directiva 1999/70/CE, a la situación de abuso de contratación temporal por parte de la Administración para satisfacer necesidades que son de obvio carácter permanente y durante mucho tiempo.  Precisamente, hace unas semanas se daba la importante noticia de que un Juzgado de Madrid ha trasladado al Tribunal de Justicia Europeo si hacer fijo al estatutario temporal con abuso de temporalidad  por el caso de un informático del SERMAS que había realizado una de estas demandas.

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