[El Diario/El Confidencial/El País] La Fiscalía Anticorrupción pide que se imputen en la Púnica a las ex-presidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, por supuestos desvíos de fondos al PP madrileño de contratos con Indra

Informan El Diario y  El Confidencial, entre otros, este 02/08/2019 que la Fiscalía Anticorrupción del Estado ha solicitado al juez instructor del caso "Púnica", Manuel García Castellón, que cite como investigadas [lo que antes se denominaba "imputar"] a las ex-Presidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes así como al ex-Presidente de Indra, Javier Monzón, tras los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil [UCO] , que sostienen una presunta financiación irregular del PP , al menos un millón de euros entre 2008 y 2013,  a través del pago por parte de Indra a una red de sociedades  controladas por el empresario Óscar Sánchez Moyano,  utilizando el dinero de contratos  adjudicados por el Gobierno Regional [por su ICM] a esta gran empresa de informática para servicios por esas empresas que realmente no se prestaban , siendo desviado los fondos al Partido Popular. Según el informe de la UCO, Isabel Gallego, la antigua directora general de Medios, habría reconocido la existencia de estos desvíos de fondos  y reuniones de la trama en las que Esperanza Aguirre habría participado. En cuanto a Cifuentes se la relaciona con pagos irregulares para campañas electorales del PP u la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco.


Informa El País que también solicita que se impute en esta pieza 9 de las 16 que tenía el caso Púnica - ahora reducidas a 11 tras una reordenación-, al ex-Presidente, Ignacio González, por otra parte ya imputado en varias piezas relacionados del otro macro-sumario denominado "Lezo" [y  por el que fue detenido de hecho].

Los medios recuerdan que en las diferentes piezas del macro-sumario "Púnica" se encuentran las obras de Cofely para los centros de salud, las ampliaciones del metro, el contrato de publicidad de los hospitales o los actos inaugurales de la Presidenta como los realizados durante la campaña electorale de 2007 [y en los que este colectivo de informáticos propios del SERMAS asistió en buen número de veces durante el conflicto laboral de 2007 para manifestarse ante su situación de precariedad laboral y privatización de la función].

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