'“La Unión Europea no puede autorizar la concesión a España de los
626 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación suspendidos hasta que el
Gobierno no apruebe una nueva ley que sancione eficazmente el abuso de temporalidad mediante la
estabilización real de todas las personas afectadas”. Esta es la conclusión de un extenso y documentado
informe que ha presentado esta mañana a la Representación de la Comisión Europea en Madrid la
Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, una plataforma que aglutina a
organizaciones y sindicatos de interinos de toda España, entre ellos el
aragonés STEPA.
El informe detalla cómo la Administración pública española “lleva décadas infringiendo la normativa y sentencias europeas por la ausencia de
normativa nacional válida para sancionar el enorme volumen de abuso de temporalidad existente”. Además denuncia que cuando el
Gobierno español preparó este Plan de Recuperación, en abril de 2021, “ocultó el volumen real de
temporalidad en el empleo público y las cifras de puestos ocupados
temporalmente que habría que transformar en fijos para reducir la
temporalidad
al 8%”.
Según muestran los últimos datos oficiales, el porcentaje de trabajadores temporales es del
32,2%, “casi un millón de personas, una parte muy significativa de ellos en situaciones de temporalidad claramente abusiva”. Además, el
76% de la temporalidad se da en las administraciones autonómicas.