Los resultados de explotación de los últimos siete ejercicios y la cifra global los ha conocido Levante-EMV de la información que la UTE, de la que forman parte Adeslas (51%), Ribera Salud -integrada por la Bancaja (ahora Bankia) y la CAM- (45%), además de Lubasa y Dragados con el 2% cada una, ha puesto en conocimiento del comité de empresa.'
'Sin embargo, vistas las cifras no resulta extraño que los inversores hayan puesto sus ojos en la sanidad y que se apresten a entrar de lleno en uno de los sectores que aún es capaz de ofrecer rentabilidad en medio del marasmo. Además, si algún hospital dispone de perspectiva suficiente para analizar las cifras que pueden reportar las concesiones sanitarias ese es el de Alzira, inaugurado en 1999, y que da nombre al modelo implantado después en Dénia, Torrevieja, Manises, Elx y diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid.
Por ello, tampoco extraña a la vista de los números la puja que mantienen varios fondos de capital riesgo, ya sea el Santander o el de la familia Roig, propietaria de Mercadona, por entrar en Ribera Salud o adquirir el 51% de Adeslas.
Como también se entiende el acuerdo que contempla que Criteria (La Caixa) venda su participación en el 80% de hospitales bajo su control y que excluya el 51% del capital social que controla a través de Adeslas en la Ribera. Adeslas, que pasó el año pasado de manos de Aguas de Barcelona a lo que se denomina VidaCaixaAdeslas, tiene la mayor parte accionarial en la Ribera y por tanto la capacidad decisoria y ejecutoria.'
'Al hecho de que los grupos inversores tomen posiciones en el sector ayuda también que atisben un recrecimiento del modelo Alzira para los próximos años, sobre todo si el PP alcanza, como todo apunta que sucederá, el Gobierno de España ya sea en otoño o en primavera. Será entonces en plena época de recortes de gasto público, el momento idóneo para ampliar un modelo, el llamado Alzira, que la Conselleria de Sanidad defiende que es un 30% menos costoso para las cuentas públicas que el modelo público, que queda ya relegado a los hospitales menos rentables por población.'
Fuente y noticia completa: El Mercantil Valenciano 21/06/2011
Visto en MATS-Madrid
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2 comentarios:
26 millones de beneficio o 26 millones que estamos pagando de más el contribuyente a los amigos de los políticos que promueven esta gestión de la sanidad pública.
Ribera Salud son la Caja de Mediterráneo y Bancaja, y que el 51% de Adeslas lo tiene el Criteria ese de La Caixa, es decir la sanidad pública en manos de la banca , que pujan fondos de capital riesgo en participar ... y lo dice un periódico de economía que habla de las oportunidades de negocio y posibles compras y ventas como si de cualquier otro negocio se tratara. Y menciona tranquilamente que están interesados ¡fondos de capital riesgo! Pero ¿de verdad puede un fondo de capital riesgo comprar una participación de una concesión de un servicio público sanitario? los que tienen ahí el dinero les importa 3 pimientos el negocio concreto y su utilidad pública, sólo que el beneficio sea grande y rápido, y si no es así lo cambian a otro fondo; incluso ha habido fondos que han destruido empresas aposta porque en ese caso concreto por circunstancias ganaban una pasta; me puedo imaginar la papeleta de los gestores que tienen que hacer lo que sea para conseguir esos beneficios para sus inversores, dejando de ser el primer objetivo el mejor servicio sanitario
La especulación sin freno de los fondos de capital riesgo, productos de crédito y bolsa a futuro y derivados hasta el absurdo han llevado a una burbuja que cuando ha explotado y llegado la crisis financiera encima exigen que paguemos, tanto en sus consecuencias -empobrecimiento diseñado de la población- como directamente rescatando a los propios bancos -para mantener los beneficios de sus inversores- que se han forrado con toda esta especulación y van a hacer, están haciendo, lo que sea para mantenerse a costa de todos sin ningún tipo de ética.
Quiero imaginar que en las concesiones sanitarias firmadas en Valencia o mejor la Ley de Sanidad que haya en España prohíba la participación de ese tipo de entes y que establezca límites al beneficio posible de los adjudicatarios de la concesión
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