'Más del 30% de los empleados públicos del Sistema Madrileño de Salud están en una clara precariedad laboral, en consonancia con el resto de los Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid.
No se comprende que esta situación se arrastre desde hace años, sin que haya una convocatoria adecuada de plazas, en nº necesario, en las OPEs de todas y cada una de las categorías profesionales.
Y existe una clara intención de la Administración en que esto sea así.
No se comprende que esta situación se arrastre desde hace años, sin que haya una convocatoria adecuada de plazas, en nº necesario, en las OPEs de todas y cada una de las categorías profesionales.
Desde hace años se viene manteniendo la precariedad de manera intencionada o, de lo contrario, incompetente. Y se puede decir que no sólo manteniéndola, también aumentándola, disminuyendo los plazos de contratación paulatinamente.'
'En el caso concreto de nuestro hospital y su zona de influencia, como del resto de la Sanidad Pública de Madrid, más de un 35 % de los empleados y profesionales de todas las categorías son puro empleo precario, con contratos eventuales de repetición de seis meses que cubren necesidades permanentes. Esto viene a constituir un mal uso de ese tipo de contrato en claro fraude de ley. Se esta violando sistemáticamente el principio de “causalidad jurídica” de que a necesidades permanentes corresponden contratos indefinidos.
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'En el caso concreto de nuestro hospital y su zona de influencia, como del resto de la Sanidad Pública de Madrid, más de un 35 % de los empleados y profesionales de todas las categorías son puro empleo precario, con contratos eventuales de repetición de seis meses que cubren necesidades permanentes. Esto viene a constituir un mal uso de ese tipo de contrato en claro fraude de ley. Se esta violando sistemáticamente el principio de “causalidad jurídica” de que a necesidades permanentes corresponden contratos indefinidos.
Esta práctica, mantenida durante mucho tiempo por la Administración, ha generado romper el principio esencial de “a igual trabajo, igual salario e iguales condiciones de trabajo”, hasta el punto de que este tipo de contratación llega a constituir una extorsión permanente o, como poco, una presión insoportable, que influye en discriminación salarial y de derechos efectivos comprometidos en los acuerdos de negociación colectiva.
Corresponde a la Administración el corregir esta situación y hacerlo con premura. Cada nivel en su ámbito respectivo. Si la Administración no afronta soluciones justas, se estarán provocando las iniciativas jurídicas y de movilización correspondientes.'
Fuente y noticia completa: Blog de la sección sindical de CCOO en H. Ramón y Cajal 01/06/2001
Fuente y noticia completa: Blog de la sección sindical de CCOO en H. Ramón y Cajal 01/06/2001
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