[Arauz] NOTAS SOBRE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 14 DE MADRID, QUE PLANTEÓ LA CUESTIÓN PREJUDICIAL QUE HA DADO LUGAR A LA STJUE DE 19 DE MARZO DE 2020

'El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid, acaba de dictar sentencia en el asunto que dio lugar a la cuestión prejudicial que derivaría en la STJUE de 19 de marzo de 2020.
En relación con esta sentencia, debemos hacer las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- A título personal, quiero manifestar mi rechazo hacia aquellos que no se alegraron cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante transformó en fija a una funcionaria interina aplicando la STJUE de 19 de marzo de 2020, y que, sin embargo, sin leerla, se han apresurado a celebrar el fallo del Juzgado nº 14, pensando que dicho Juzgado, en esta sentencia, optaba por la indemnización como única medida sancionadora a favor de los empleados públicos víctimas de un abuso.

Tengo que decirles que, la sentencia del Juzgado nº 14 también opta por la fijeza como solución para dar cumplimiento a la Directiva en nuestro país.
Nos explicamos:


SEGUNDA.- Para empezar, es importante destacar algunas cuestiones previas que se recogen en la sentencia del Juzgado nº 14, como son:

Que el Juzgado nº 14, reconoce que, aunque la normativa interna permita el nombramiento de funcionarios públicos interinos, el abuso incompatible con la Directiva, se produce cuando, al amparo de esta normativa, se destina a empleados públicos temporales a atender necesidades que no son provisionales, ni puntuales, sino a cubrir necesidades ordinarias, permanentes y estables del empleador público que tenían que estar realizándose por funcionarios fijos o de carrera.



Que el Juzgado nº 14 reconoce que, ni los procesos de estabilización, ni los procesos selectivos, ni los procesos de consolidación, son procesos acordes con la Directiva y no resultan adecuados para sancionar la utilización abusiva de las relaciones temporales de servicio, ni para eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión.



Que según el Juzgado nº 14, tampoco la figura del indefinido no fijo es una medida que garantice el cumplimiento de los objetivos de la Directiva y, por tanto, que no es una medida sancionadora que pueda ser asumida, pues el indefinido no fijo no disfruta de las mismas condiciones de trabajo que los fijos, al cesar, como los temporales, cuando se provee la plaza por un funcionario de carrera fijo.



Que el Juzgado nº 14 declara que, el TJUE tampoco acepta la solución propuesta por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 26 de septiembre de 2018, pues, pese a que estas sentencias del TS fueran invocadas por la Abogada General de la UE en sus conclusiones escritas, la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, no la recoge como una solución que pueda ser considerada una sanción proporcional, efectiva y disuasoria para reprimir el abuso en la temporalidad y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, ya que la solución que recoge el TS deja en manos de la Administración infractora, la voluntad en la decisión y el cumplimiento de los plazos legales y, además, la propia STJUE declara que los proceso selectivos a los que avoca la STS de 26 de septiembre de 2018, no son una medida sancionadora acorde con la Directiva 1999/70/CE .



TERCERO.- Sentado lo anterior, el Juzgado nº 14 considera -a nuestro juicio, de forma absolutamente incorrecta-, que la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, al afirmar en su apartado 125 que la Cláusula 5 del Acuerdo marco no tiene eficacia directa y no obliga a un Tribunal nacional que conoce un litigio entre un empleado público y un empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la Cláusula 5, está cambiando el criterio que había adoptado en sus sentencias anteriores, entre otras, en sus sentencias de 4 de julio de 2006, de 26 de noviembre de 2014, de 14 de septiembre de 2016, de 7 de marzo de 2018 o de 25 de octubre de 2018, según las cuales, el Acuerdo marco  debe interpretarse en el sentido de que, si el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trata no contiene, en el sector considerado, ninguna medida efectiva para evitar y sancionar, en su caso, la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos, dicho Acuerdo impide aplicar una normativa nacional que, sólo en el sector público, prohíbe absolutamente transformar en contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de duración determinada que han tenido por objeto, de hecho, hacer frente a «necesidades permanentes y duraderas» del empleador y deben considerarse abusivos.

Y el Juzgado concluye que este pronunciamiento del apartado 125 de la sentencia, que, según él, acaba con toda la doctrina anterior del TJUE, le impide hacer fijos a los temporales víctimas de un abuso porque el Estatuto Marco prohíbe la fijeza a quien no ha superado un proceso selectivo.

En consecuencia, el Juzgado nº 14 sostiene que solamente podría hacerse fijos a aquellos interinos / temporales que acrediten que superaron en su totalidad un proceso selectivo para acceder a la plaza y no obtuvieron la plaza ( extremo que la Juzgadora considera que no se cumple cuando se superan solo algunos de los exámenes en que consiste este proceso) o cuando superó, en su totalidad, un proceso selectivo desarrollado para acceder a una bolsa de trabajadores temporales, o cuando se superó un proceso de concurso público para acceder a la plaza, pues en estos casos, la Norma nacional no quedaría vulnerada y, por tanto, el interino o temporal víctima de un abuso adquiriría fijeza.

En su consecuencia, la Juzgadora nº 14 considera que, si un interino ha superado un proceso selectivo, aunque sea para su nombramiento como temporal, tiene derecho a ser fijo si se ha producido un abuso en su contratación temporal sucesiva contrario a la Directiva 1999/70/CE.

CUARTO.- En cualquier caso, no podemos aceptar que la STJUE de 19 de marzo de 2020, como dice el Juzgado nº 14, , haya cambiado el criterio anterior, sino todo lo contrario, la propia STJUE lo refuerza en su apartado 87, cuando afirma que:

87 Así, la cláusula 5 del  Acuerdo Marco   no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada. No obstante, el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate debe contar con otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada (véase, en este sentido, la  sentencia de 14 septiembre de 2016  , Martínez Andrés y Castrejana López, C 184/15 y C 197/15, EU:C:2016:680, apartados 39 y 41 y jurisprudencia citada).

Nótese que este apartado de la STJUE de 19 de marzo de 2020, cita los apartados 39 y 41 de la sentencia de 14 septiembre de 2016, Martínez Andrés y Castrejana López, que establecen los siguiente

39 A este respecto, debe recordarse que la cláusula 5 del Acuerdo marco no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada. En efecto, la cláusula 5, apartado 2, del Acuerdo marco deja, en principio, a los Estados miembros la facultad de determinar en qué condiciones los contratos o relaciones laborales de duración determinada se considerarán celebrados por tiempo indefinido. De ello resulta que el Acuerdo marco no establece en qué condiciones se puede hacer uso de los contratos de duración determinada.

41 No obstante, para que una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta, en el sector público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada pueda ser considerada conforme con el  Acuerdo marco  (LCEur 1999, 1692) , el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate debe contar, en dicho sector, con otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada ( sentencias de 4 de julio de 2006  (TJCE 2006, 181) , Adeneler y otros, C-212/04, EU:C:2006:443, apartado 105; de  7 de septiembre de 2006, Marrosu y Sardino  (TJCE 2006, 229) , C-53/04, EU:C:2006:517, apartado 49; de  7 de septiembre de 2006  (TJCE 2006, 224) , Vassallo, C-180/04, EU:C:2006:518, apartado 34, y de  23 de abril de 2009  (TJCE 2009, 94) , Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartados 161 y 184).

Luego la propia STJUE de 19 de marzo de 219, reconoce la plena vigencia de su doctrina anterior

Por lo tanto, no se puede aceptar el criterio que acoge la Juzgadora nº 14 en esta sentencia, pues no ha habido ningún cambio de criterio por parte del TJUE, sino todo lo contrario, un reforzamiento en su doctrina, en cuanto a que la regla general, según la cual Cláusula 5 no tiene eficacia directa y no obliga a un tribunal a abstenerse de aplicar una norma nacional que no es conforme con esta cláusula 5, tiene una excepción en el caso de que un Estado miembro, para incumplir el Directiva no haya establecido una sanción, en el sector público,  en cuyo caso las autoridades nacionales no podrán amparase en que la normativa nacional prohíbe la transformación de las víctimas del abuso en empleados fijos, toda vez que  para que pueda ser considerada conforme con el Acuerdo Marco una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe, en el sector de las fundaciones líricas y sinfónicas -léase, del sector público-, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada, el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate debe contar, en dicho sector, con otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada (TJUE en su sentencia  el 25 de octubre de 2018, asunto C-331/17 apartado 60).

A mayor abundamiento, tampoco debemos olvidar que el art 62 del EBEP y el art 20 del Estatuto Marco únicamente prohíben adquirir la condición de funcionario de carrera o de estatutario fijo a quiénes no han superado un proceso selectivo

Pero es que los recurrentes no solicitaban únicamente su transformación en estatutarios fijos, sino que alternativamente, con carácter subsidiario,  -y por tanto, para el caso de que sea desestimada su pretensión anterior-, también interesa que se proceda a su nombramiento como empleados públicos equiparables a los funcionarios estatutarios fijos o de carrera comparables, sin adquirir tal condición, bajo los principios de permanencia e inamovilidad, con todos los derechos y obligaciones inherentes, en régimen de igualdad, también en cuanto a las causas de cese y extinción en el empleo, y alternativamente a lo anterior, que se declare su derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña, con los mismos derechos y con sujeción al mismo de régimen de estabilidad e inamovilidad que rigen para  los estatutarios fijos comparables.

Y no hay ninguna norma nacional que prohíba su nombramiento como equiparables a los fijos o de carrera y/o titulares de las plazas que ocupan, con sus mismos derechos y condiciones de trabajo, sin adquirir la condición de empleado estatutario fijo, por lo que el principio de interpretación conforme obliga a estimar esta pretensión subsidiaria

QUINTO.- Por último, el Juzgado nº 14 considera que, respecto de aquellos que no hayan accedido al empleo público a través de un proceso selectivo y, por tanto, que no tengan derecho a ser fijos al prohibirlo la Normativa interna, lo que procede es indemnizarlos, aplicando la misma indemnización que para el despido improcedente se establece en el Estatuto de los Trabajadores, considerando que esta indemnización es proporcionada, efectiva y disuasoria.

Tampoco este criterio del Juzgado nº 14 puede aceptarse, básicamente por varias razones fundamentales:


La primera, porque este pronunciamiento del Juzgado nº 14 es contrario a las SSTJUE de 21 de noviembre de 2018, asunto C-936/2018 y de 22 de Enero de 2020, asunto Baldonedo, apartados 61 a 63, que dicen que la indemnización por despido improcedente del estatuto de los Trabajadores no constituyen una medida legal equivalente para prevenir los abusos, pues su abono es independiente de cualquier consideración relativa al carácter lícito o abusivo de la utilización de contratos de duración determinada y, por tanto, estas indemnizaciones no están previstas para sancionar debidamente la contratación temporal sucesiva incompatible con la Directiva.


Así, el TJUE ya ha dejado claro en sus Sentencias de 21 de noviembre de 2018, asunto C-619/17, apartados 95 y 96, y de 22 de Enero de 2020, asunto Baldonedo, apartados 61 a 63:

61      A este respecto, debe señalarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la indemnización prevista en el artículo 49, apartado 1, letra c), del Estatuto de los Trabajadores, por una parte, no está incluida a primera vista en ninguna de las categorías de medidas previstas en la cláusula 5, apartado 1, letras a) a c), del Acuerdo Marco de las que los Estados miembros deben introducir una o varias cuando su ordenamiento jurídico no incluya medidas legales equivalentes, y, por otra parte, tampoco parece constituir una medida legal equivalente, ya que no permite alcanzar el objetivo general que la citada cláusula 5 asigna a los Estados miembros, a saber, la prevención de los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, C%u2011619/17, EU:C:2018:936, apartados 92 a 94).

62      En efecto, dado que esta indemnización se abona independientemente del carácter legítimo o abusivo de la utilización de tales contratos o relaciones, no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, y, por consiguiente, no parece constituir, por sí sola, una medida suficientemente eficaz y disuasoria para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas de conformidad con el Acuerdo Marco (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, C%u2011619/17, EU:C:2018:936, apartados 94 y 95).

63      De ello se deduce que el artículo 49, apartado 1, letra c), del Estatuto de los Trabajadores persigue un objetivo distinto del mencionado en la cláusula 5 del Acuerdo Marco y, por lo tanto, no puede considerarse una «aplicación del Derecho de la Unión» en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta.

Todo ello, sin olvidar que estas indemnizaciones por despido improcedente del Estatuto de los Trabajadores no se aplican en el sector público, pues el art 96.2 del EBEP, establece que en el supuesto de que el despido del trabajador público sea declarado improcedente, procederá siempre la readmisión del trabajador público despedido, sin que este tenga derecho a optar por una indemnización



En segundo lugar, porque este pronunciamiento del Juzgado 14, también es contrario a la Doctrina del Tribunal Supremo, pues tanto la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en su sentencia 207/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, FJ Cuarto, apartado 3, como la Sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo, en sus sentencias nº 1425 y 1426 de 26 de septiembre de 2018, tienen declarado  que en España no existe una  indemnización que, como sanción,  cumpla con los requisitos de la Directiva 1999/70, pues no hay ninguna indemnización que constituya una sanción por el uso abusivo de al contratación temporal sucesiva en el sector público, y además ninguna indemnización posee, por sí sola, el efecto disuasivo frente a esa utilización abusiva de la contratación temporal, por razón del quantum reducido que en buena lógica cabría fijar para la eventual indemnización.




Y finalmente, porque este pronunciamiento del Juzgado nº 14 es contrario a la Doctrina de la Sala Contencioso-Administrativa del TS que ya ha dicho que en las Sentencias nº 1425 y nº 1426, de 26 de septiembre de 2018, que la indemnización prevista para el personal laboral privado en el art. 57 del Estatuto de los Trabajadores no rige y no puede aplicarse al personal funcionarial sujeto al derecho administrativo, diciendo el Alto Tribunal que: "en esta línea, el concepto o conceptos dañosos y/o perjudiciales que se invoquen deben estar ligados al menoscabo o daño, de cualquier orden, producido por la situación de abuso, pues ésta es su causa, y no a hipotéticas "equivalencias", al momento del cese e inexistentes en aquel tipo de relación de empleo, con otras relaciones laborales o de empleo público."


SEXTO.- Conclusión:

La sentencia del Juzgado nº 14 es un nuevo avance en la línea de estabilización del personal público temporal víctima de un abuso, pues como ya dijera la sentencia del Juzgado nº 4 de Alicante, considera que la transformación en fijo es la sanción aplicable en nuestro ordenamiento jurídico interino, bastando para ello con acreditar que, el funcionario interino o estatutario temporal ha superado un proceso selectivo para acceder al empleo público como interino/temporal y atiende a necesidades que no son provisionales ni puntuales, sino ordinarias, estables y permanentes.



En relación con los empleados públicos temporales víctimas de un abuso que no accedieron superando un proceso selectivo, considera el Juzgado nº 14 -con infracción de la normativa europea, de la jurisprudencia del TJUE, de la normativa y de la jurisprudencia nacional-, que la sanción debe consistir en la que se establece en el Estatuto de los Trabajadores para el caso del despido improcedente. Esto debe hacer reflexionar a nuestros responsables políticos, pues no parce posible que un contexto de crisis económica, lo poco recurso que haya se destinen a pagar indemnizaciones y no a satisfacer las necesidades de los ciudadanos.'

Fuente: Comunicado del gabinete de Javier Arauz de 16/07/2020 recibido en APISCAM
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