'En los próximos meses se aprobará la licitación de cuatro hospitales en Torrejón de Ardóz, Carabanchel, Móstoles y Villalba, y la implantación de un área única sanitaria que agrupará a seis millones de personas.
La gestión privada de gran parte de los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) será un hecho. Desparecerán cientos de centros de asistencia primaria para ceder a los pacientes a dichos hospitales y crecerá la posibilidad de que el ejemplo defendido con más ahínco por Esperanza Aguirre se extienda por el resto del Estado.
Estos proyectos podrían detenerse con la derogación de la Ley 15/97. Al menos ése es el parecer de las 400.000 personas que con sus firmas han pedido en el Parlamento que se acabe con un proceso que amenaza el derecho a la salud. La entrega de las firmas el 7 de mayo culminó un año de movilizaciones en el que grupos como la plataforma Matusalén, en la que se integra la Coordinadora Antiprivatizadora de Madrid (CAS), han logrado sacar a la calle a decenas de miles de personas en sendas manifestaciones el 13 de noviembre de 2008 y el 5 de marzo “sin ningún apoyo de los sindicatos institucionales ni de los grandes partidos” dice Antonio Gómez Liébana, de CAS. Ahora, explica, el objetivo es sumar a las fuerzas políticas y sociales que defienden una asistencia digna e igual para todos y conseguir una cohesión similar a la que en Canadá defendió con éxito la titularidad pública de los hospitales.'
' “Con la libre elección de médicos, los más solicitados tendrán un plus salarial”. La afirmación del consejero de Sanidad de la CAM, Juan José Güemes, en 20 Minutos sirvió para explicar cómo desembarcará el sector privado en la atención primaria. Los incentivos a los médicos, que ya se aplican en la ciudad alicantina de Torrevieja, implican un cambio en el modelo de Atención Primaria, expone este miembro de CAS: “Lo que se va a pagar [hasta 2.000 euros al mes] depende del descenso en las derivaciones al hospital”. Es decir, si un facultativo quiere ponerle salsa a su sueldo no tiene más que asegurarle al paciente que está como una rosa, mandarle a casa y evitarle con ello un gasto al centro privado, que cobrará por esos “clientes”, hagan uso o no del servicio, un canon estimado de 44,5 millones de euros al año. Al deterioro de la atención privada, que supondrá a corto plazo el desmantelamiento de 400 centros de salud en la CAM, hay que sumar la clausura de laboratorios públicos solventes, como el de Coslada, para trasvasar ese servicio a laboratorios privados de nuevo cuño.
Tres palabras inglesas, Private Finance Iniciative (PFI), que pueden traducirse como Iniciativa Financiera Privada, y sus correspondientes siglas, resumen el programa que sigue la Administración Aguirre. La PFI sólo es uno de los modelos que ampara la Ley 15/97, pero tiene la marca de haber sido el preferido de Margaret Tatcher y Tony Blair, quien llegó a aprobar la construcción de 60 hospitales por ese sistema.'
'Alfredo Díaz Cardiel, secretario de Organización del Sindicato de Sanidad de Madrid-CGT y trabajador del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (uno de los ocho de la primera hornada de licitaciones), considera que la desregulación del empleo público en Sanidad y la precariedad de las plantillas de contratas y subcontratas repercute direc- tamente en la calidad asistencial.'
'Marciano Sánchez Bayle, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, subraya que las prisas con que se licitaron y construyeron esos centros demuestran una “notoria incapacidad de planificación por parte de los responsables de la administración sanitaria madrileña” y pone de ejemplo la caótica implantación del sistema informático que permite seguir las historias de los pacientes.'
Fuente y noticia completa:
Diagonal 14/05/09Imagen (Entrega de firmas en el Congreso de los Diputados el 7 de mayo):
Diagonal
Entradas
