En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de ayer se
publicaban sendas órdenes de la Consejería de Sanidad aprobando
relaciones definitivas de integración de cierto personal laboral fijo de la Comunidad
de Madrid del Servicios Madrileño de Salud al
régimen estatutario al amparo de la disposición adicional quinta de la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud
que
establece que "al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del
personal de cada uno de los centros, instituciones o servicios de salud,
y con el fin de mejorar la eficacia en la gestión, las Administraciones
Sanitarias Públicas podrán establecer procedimientos para la
integración directa, con carácter voluntario, en la condición de
personal estatutario, en la categoría y titulación equivalente de
quienes presten servicio en tales centros, instituciones o servicios con
la condición de funcionario de carrera o en virtud de contrato laboral
fijo"
Se da la circunstancia de que varias medidas aprobadas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid sobre procesos voluntarios de integración de personal laboral y funcionario de los Servicios Centrales de Informática del SERMAS así como de los Hospitales Fundación de Alcorcón, Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada y la Unidad Central de Radiodiagnóstica se encuentran paralizadas por un previo a recurso de inconstitucionalidad "puesto" por el abogado del Estado, cuyas "discrepancias" concretas no se han hecho públicas por parte de la consejería pese y que la Comunidad de Madrid estaría "negociando".
Se da la circunstancia de que varias medidas aprobadas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid sobre procesos voluntarios de integración de personal laboral y funcionario de los Servicios Centrales de Informática del SERMAS así como de los Hospitales Fundación de Alcorcón, Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada y la Unidad Central de Radiodiagnóstica se encuentran paralizadas por un previo a recurso de inconstitucionalidad "puesto" por el abogado del Estado, cuyas "discrepancias" concretas no se han hecho públicas por parte de la consejería pese y que la Comunidad de Madrid estaría "negociando".