Se ha publicado en el BOCM de 28/01/2026 un anuncio de información previa del contrato de la Consejería de Digitalización para su Dirección General de Salud Digital denominado “Contrato mixto de servicios para la transcripción de voz y estructuración de informes en consultas médicas en los centros de atención primaria basado en inteligencia artificial" financiado por la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España en sus fondos "Next Generation EU" (de la inversión 3 del Componente 11 sobre Modernización de las AAPP, P14.S13).
Es decir, se trata de una nueva edición del concurso de implantación en la Atención Primaria del SERMAS de una herramienta de transcripción de voz y generación de informes, concurs que en su primer intento acabó anulado ante el hecho de que en dicha convocatoria sólo una empresa de las presentadas superaba los criterios mínimos exigibles.
Recordemos que en la primera convocatoria del concurso el contrato tenía una duración de 1 año , contabacon un presupuesto de 1,8 millones de euros , 484 mil euros para licencias y 1,3 millones para los servicios, financiados igualmente con fondos de la UE vía el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España) y que el objeto del contrato , consistía en concreto en el escalado a entorno de producción del proyecto piloto -ya realizado con la herramienta Whisper- para toda Atención Primaria y la ampliación de los servicios para la implantación de una solución basada en tecnologías de Inteligencia Artificial igualmente de transcripción de voz y generación de informes estructurados en consultas médicas presenciales en los Centros de Atención Primaria.
Recuérdese también que la Comisión Europea tiene suspendidos desde este verano 626 millones de euros del citado Plan de Recuperación, precisamente por un incumplimiento del Componente 11 sobre Modernización de las AAPP, cuyas inversiones son en su inmensa mayoría para proyectos de digitalización de las AAPP nacional , autonómicas y locales: no disponer de una ley ara reducir la temporalidad pública que incluya medidas de prevención y también de sanción del abuso de temporalidad que sean válidas ante el criterio de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 2024 , habiendo dado un plazo inicial de 6 meses a España para regular una nueva norma legal que cumpla, bajo riesgo de la pérdida definitiva de esos fondos.
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