La propuesta la lanzó el consejero Francisco Granados en la constitución de la Mesa de la Función Pública, el órgano en el que Administración y representantes de los trabajadores establecen las reglas de su relación. Esta supone que 63.405 empleados públicos seguirán siendo atendidos por un médico privado pagado por las arcas regionales en un régimen similar al existente hasta ahora.
CCOO, UGT y CSIT han dado su visto bueno inicial a pesar de que no podrán hacer uso del mismo sus cónyuges o hijos, que sí deberán acudir a la Seguridad Social, según explicaron a Madridiario fuentes de la Consejería de Presidencia. Ahora bien, mientras el acuerdo no sea firmado los trabajadores deberán acudir por defecto al sistema público. De hecho, los funcionarios regionales ya han comenzado a recibir cartas comunicándoles que el 1 de enero dejarán de tener médico privado, tal y como impone la normativa estatal. Mientras la situación no se resuelva, y en fechas críticas como es el invierno, la Consejería de Sanidad tendrá que hacer frente al incremento de pacientes.'
Fuente: Madridiario
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