'Este verano se publicó en el BOE el Real Decreto 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y
prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de
Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de
transposición de Directivas de la Unión Europea [...], en cuyo articulado se da una segunda oportunidad a aquellas Administraciones que no habían aplicado la Ley 20/2021, liberando
la dependencia presupuestaria de las plazas ocupadas por el personal temporal de la
disposición adicional 8a para poder vincularlas a una tasa adicional que permita
estabilizarlas según establece la mencionada Ley.
Bajo la autorización del artículo 217 del Real Decreto, ya han tomado medidas las
Administraciones Autonómicas que quedaban sin regularizar por la Ley 20/2021, todas
ellas gobernadas por el PP, como la Junta de Andalucía, que ha repescado personal cesado
para poder estabilizarlo y ha modificado la Ley autonómica de la Función Pública para poder
llevarlo a cabo. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León ha comunicado recientemente a las
plataformas y asociaciones de personal temporal de larga duración su compromiso de
regularizar las plazas que ocupa este personal bajo la autorización del artículo 217 del Real
Decreto.
La excepción está en la “república independiente de Madrid”. La Comunidad de Madrid sigue en su actitud secesionista de incumplir con cualquier mandato que venga del Estado Español y de Europa. No importa que la reducción de la temporalidad al 8% según la normativa europea sea una de las exigencias de esos fondos europeos de los que está disfrutando. No importa que haya miles de trabajadores y trabajadoras convocados a unos procesos de estabilización que no cumplen ninguno de los requisitos que pide el Estado y Europa, y que el único fin que tienen es mandarlos al desempleo y a la exclusión social. Sólo importan el enfrentamiento, la crispación y el afán de un protagonismo histriónico y una gestión nefasta de los servicios públicos.
Y ante este panorama, los sindicatos de la mesa general de la Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid, aprietan filas junto al gobierno regional, jugando en una misma liga en la que defienden los mismos intereses económicos que supone el cese masivo de un personal experimentado. La prueba de ello es que, según han afirmado algunos agentes sociales, la Comunidad de Madrid está a la espera de que le den una respuesta a la petición de información sobre cómo aplicar el artículo 217 del Real Decreto. Respuesta que nunca va a llegar porque nunca se ha formulado tal petición.'
[...]
Fuente y texto completo: Comunicado de la Coordinadora Madrileña de Emplead@s Públic@s en Fraude de Ley de 19/09/2023 recibido en APISCAM
Enlaces en el texto nuestros
[Respuesta de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 08/09/2023, recibida en APISCAM de la la Coordinadora Madrileña de Emplead@s Públic@s en Fraude de Ley ]
]
Enlaces en el texto nuestros
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2 comentarios:
Lo de los sindicatos de trabajadores mayoritarios comprados por la Administración de Madrid es digno de estudio.
Que no muevan un dedo por los trabajadores públicos temporales madrileños lo dabamos por hecho, pero que además hagan causa común con la falta de actuación conforme a la ley estatal y europea para la comprometida reducción de la temporalidad al 8% del Gobierno español es más que mosqueate.
Qué enjuagues deben tener desde hace años para negarnos información o la que nos dan sea falsa, siendo ésta vital para el presente y futuro laboral de los temporales abusados no sólo en la temporalidad.
Qué trabajador necesita unos sindicatos que sabes seguro que te van a traicionar?
Apiscam, y después de "merdes" de ese tipo de los siniestros personajes que gobiernan Madrid. Todavia hay que aguantarles ? El sindrome Burn-Out es poco para la negligencia que se gastan.
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