'Desde el 31 de diciembre pasado, todo ciudadano tiene derecho a relacionarse con la Administración de forma electrónica sin ser obligado a usar un formato o programa concreto. Sin embargo, ahora mismo, si alguien quería firmar una queja on-line ante el
Defensor del Pueblo , la web oficial le obligaba a utilizar un navegador determinado, en este caso el Internet Explorer de Microsoft. Estas imposiciones tienen los días contados.
El pasado sábado entró en vigor el Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad . La norma establece las condiciones técnicas que han de cumplir las administraciones en su relación entre sí y, lo que es aún más importante, con los ciudadanos.
Una de las que tendrá más impacto es la que recoge el artículo 11, que obliga a las administraciones a usar estándares abiertos. El reglamento publicado en el BOE los define como una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización y, para ser abierta, debe ser pública, de uso gratuito y no estar sujeta al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
Esto implica que algunos de los formatos informáticos más usados hoy, como los .doc (del procesador de texto Word de Office), el .xls (del programa Excel) o el popular .ppt para las presentaciones no serán bienvenidos en la Administración.'
'Se aceptarán estándares no abiertos cuando no haya una alternativa abierta y sean de uso común entre los ciudadanos. "Pero en el caso de que no lo haya, la Administración pública se obliga a promover su desarrollo", aclara Muñoz [diputada del PSOE].'
'Todavía hay muchos estándares no abiertos que son propiedad de las grandes empresas informáticas, como IBM, Oracle, Adobe o Microsoft, que se usan en las administraciones públicas. "Pero o los abren, adaptándose a las leyes, o se quedarán fuera", avisa el director de Opentia , Alberto Barrionuevo.
Un segundo elemento clave es la creación de un repositorio de aplicaciones donde las administraciones dejarán sus programas para su uso por el resto. Más aún, Linux se ha colado de lleno en la Administración.
Todo el material será de uso público. La licencia de estos programas cumplirá con las cuatro libertades básicas del software libre: la libertad de ejecutarla, la de acceder a su código, la de modificarla y la de redistribuir copias a los demás.'
Fuente y noticia completa: Público 4/2/2010
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