domingo, 12 de mayo de 2013

[El País] 'No vuelva usted m@ñana. La Administración electrónica supone ahorro y rapidez en las gestiones. Los expertos alertan de que los recortes ponen en riesgo los avances conseguidos'

[09/05] 'El tópico de las gestiones con la Administración remite al Vuelva usted mañana de Mariano José de Larra. Al funcionario parapetado detrás de una ventanilla frente a una larga cola de personas.

Pero estos estereotipos están cada vez más lejos de la realidad. El 75% de los más de 500 millones de trámites que realizaron los ciudadanos y las empresas con la Administración General del Estado (AGE) en 2012 se hicieron (total o parcialmente, como puede ser bajarse un formulario a través de la red) a través de procedimientos electrónicos, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esto incluye pedir cita para el DNI, consultar el saldo de puntos del carné de conducir, el pago de multas de tráfico o la declaración de la renta. Todo ello redundó en un ahorro estimado en 28.500 millones de euros para las personas y entidades que los realizaron. Existe un consenso generalizado en la importancia que ha tenido la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y su desarrollo en la consolidación e impulso de las tecnologías de la información en España. Por ello, los recortes ejecutados por el Gobierno en esta parcela en los dos pasados ejercicios y los que se prevén para este año siembran temor entre los especialistas del sector.


La reducción del gasto público para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la AGE “es preocupante”, apunta Emilio García, presidente de la Asociación de Profesionales Públicos de Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (Astic). “El uso de las tecnologías de la información se traduce en ahorros y nuestros responsables políticos deberían velar por que las reducciones se hiciesen de manera inteligente, valorando primariamente el retorno de la inversión que las TIC aportan a la Administración y la sociedad”, destacaba Astic en un artículo publicado en su boletín el pasado mes de abril.

¿Existe un peligro real de retroceso? El Ministerio de Hacienda lo niega. Admite la reducción presupuestaria, pero señala que obedece a una estrategia para “reutilizar, compartir y mejorar la interoperatibilidad entre las Administraciones”, según un portavoz del departamento de Cristóbal Montoro. Es decir, se pretende gastar menos y optimizar recursos entre los distintos niveles competenciales. Fuentes del ministerio ponen como ejemplo un proyecto piloto ensayado en la Comunidad de Madrid que permite la interconexión de los registros de entrada en los tres niveles de la Administración, lo que permite que un documento presentado por un ciudadano esté en segundos en cualquier otro mostrador cuando el transporte físico tradicional se demora más de dos semanas. Este procedimiento ha supuesto un ahorro de cinco millones de euros, que serían 50 de extrapolarse a todas las autonomías, según los impulsores de la experiencia.'


' La estimación global de los costes administrativos se establece a partir de la evaluación desarrollada por el Gobierno holandés, que fijó en 2002 como unidad de medida el Standard Cost Model (SCM) y que la Unión Europea ha adoptado como medida de referencia. Según el SCM, el coste de un trámite presencial alcanza una media de 80 euros (incluyendo aspectos como el transporte o el lucro cesante) por cinco euros asociados a los procedimientos electrónicos. En 2012 se realizaron más de 500 millones de trámites con la AGE, de los que 365 se ajustaron al formato electrónico. Aplicando el patrón del SCM es como se llega a la cifra de ahorro difundida por el departamento de Montoro.'


'Emilio García, presidente de Astic, abunda en los recortes aplicados en las partidas destinadas a la e-Administración. Los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, señala, muestran una caída presupuestaria del 23% del dinero destinado a las TIC entre los ejercicios 2011 y 2012. Y en este retroceso no están incluidos los efectos del tijeretazo de julio de 2012 (la batería de medidas entre las que se encontraba la subida del IVA o planes de ahorro en la Administración).

Recortes de esta envergadura se reproducen en el resto de escalones competenciales. Un 23% es también el porcentaje de caída del gasto de la Generalitat catalana en el concurso de servicios de tecnologías de la información que ha convocado, lo que “demuestra que estamos alcanzando el límite de la racionalización de los recursos tecnológicos”, según Astic. Los profesionales temen que rebasar esta línea roja degrade la calidad de los servicios públicos electrónicos y que ello traiga consigo un descenso en su uso y una reducción de los ahorros obtenidos en el gasto público con el uso de la e-Administración.
Emilio García asegura que un retroceso presupuestario de este volumen es “exagerado” y “puede poner en riesgo todo lo alcanzado”. En su opinión, el recorte del 7% implementado en los ejercicios 2009-2010, una vez finalizado el esfuerzo de la puesta a punto de la ley 11/2007, resulta razonable. Pero la nueva vuelta de tuerca de los ejercicios 2011 y 2012 se traduce en dos situaciones peligrosas. Por un lado, los gastos de mantenimiento han caído a niveles del año 2007, cuando “apenas había un 20% de los servicios que hay en estos momentos”, lo que dificultará atender las necesidades actuales.
Por otro, el desplome de la inversión en recursos telemáticos “nos acerca a una bancarrota digital pública en la que dedicamos menos recursos de los que nos demanda una sociedad cada vez más digitalizada”, según ha denunciado recientemente García. Y nada parece indicar que a medio plazo vaya a revertirse la situación de caída libre en los recursos públicos destinados a las TIC en la Administración del Estado.'

Fuente y noticia completa: El País 09/05/2013

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