miércoles, 20 de marzo de 2013

[AMYTS] Resumen del VII Círculo Sanitario de AMYTS “Privatización de la Sanidad en Madrid, aspectos médicos y legales”

'La séptima edición celebrada ayer, estuvo dedicada a la “Privatización de la Sanidad en Madrid, aspectos médicos y legales”. En la primera mesa redonda, participaron el doctor Francisco José Sáenz Martínez, médico de familia en Arganda del Rey y expresidente en Madrid de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el doctor Carlos Lozano Trotonda, jefe de Servicio de Análisis Clínico del Hospital Santa Cristina y vocal de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), y la doctora Ana Sánchez Atrio, jefa de Sección de Reumatología del Hospital Príncipe de Asturias y vicepresidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid.'



[..] 'Uno de los participantes, Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES), señaló que en nuestro país, aunque llevamos dos décadas de ensayos de distintos tipos de colaboración sanitaria público-privada, hasta ahora no se ha evaluado nunca. Otros países que sí se han tomado esa molestia, son las únicas referencias para el proceso iniciado en Madrid por el Gobierno de Ignacio González, de privatizar seis hospitales y 27 centros de salud. Oliva señaló que en el Reino Unido, el análisis de 146 casos de iniciativa privada para la sanidad pública durante los últimos diez años ha permitido apreciar que: el coste es mayor; no existe transferencia real de riesgos (si las empresas tienen pérdidas, se las rescata o se las amplía las condiciones de los contratos); los pacientes de gestión pública tienen patologías más complejas que los derivados a las concesiones de gestión privada; y que lo único que ha funcionado es la introducción de elementos de competencia, que ha mejorado los parámetros de calidad de los centros dependientes del servicio nacional de salud inglés (National Health Service). '

'El doctor Sáenz Martínez se mostró contrario al “pensamiento único” e indicó que la respuesta al tsunami provocado por el presidente de la Comunidad, Ignacio González, con su anuncio de privatización de la Sanidad ha sido una sucesión de “mareas blancas” de repulsa, pero que cualquiera que tenga conocimientos marineros sabe que las mareas no son adecuadas para navegar. En su opinión hay que buscar formas de avanzar, pero las respuestas dadas desde “plataformas” han sido excluyentes en aras de la unidad, asimismo resaltó que el comportamiento de AMYTS en la Mesa Sectorial de Sanidad ha resultado ejemplar en la defensa de los médicos. Desde su punto de vista, la atención primaria pública de Madrid es de una alta calidad y no debe recelar de compararse con una atención primaria gestionada por entidades de base asociativa, siempre y cuando no se toquen los derechos de los trabajadores.

Para el doctor Lozano Trotonda, la postura de FACME es necesariamente compleja porque los conflictos de intereses hacen que la Sanidad sea complicada. Desde su experiencia personal como jefe de Análisis Clínico de un hospital, indicó que el proceso privatizador ya se inició en 2007 con la privatización de la central de laboratorios para los nuevos hospitales; y que ellos se revolvieron en aquella ocasión contra esa opción, lo mismo que el conjunto de la Sanidad lo está haciendo ahora y con los mismos resultados: no han conseguido nada. No obstante –añadió- una iniciativa de los jefes de Servicio de Laboratorio de los Hospitales a la Consejería comprometiéndose a alcanzar los ahorros que ellos buscaban, sí está llegando a buen puerto, en la medida que parte de la implicación directa de los profesionales en la gestión.' [...]


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La doctora Rosa Guardiola repasó el marco jurídico que ha posibilitado la actual situación de privatización, se centró en la Ley 8/2012, de Acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2013, e indicó que la situación del personal de los hospitales y centros que se van a privatizar será la siguiente: el personal fijo del Sermas será reubicado en otros centros aplicando la movilidad que impondrá la Consejería de Sanidad según el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que fue presentado en la Mesa Sectorial y rechazado por AMYTS; también puede darse la circunstancia de que ese personal fijo permanezca en sus puestos de trabajo en las condiciones laborales que le imponga la empresa adjudicataria, circunstancia en la que pierde su régimen estatutario. El personal estatutario temporal será amortizado y despedido sin indemnización, y el personal laboral resultará extinguido por causa de fuerza mayor con una indemnización de ocho días por año trabajado. En opinión de Guardiola, la defensa de estos profesionales se debe iniciar con la impugnación de los pliegos de condiciones de las adjudicaciones, puesto que la normativa española impide abordar acciones judiciales a futuro. También indicó que la situación es muy complicada y que será necesario ser extremadamente cautelosos.

La doctora Mónica Domínguez, encargada de señalar si el proceso de privatización disponía de suficiente base legal, vertió un jarro de agua fría sobre los asistentes indicando que, en efecto, la Comunidad de Madrid dispone de las herramientas jurídicas para llevar adelante su proceso, máxime –señaló- cuando un único antecedente que fue la impugnación sobre el Hospital de Alzira llegó al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que validó como legítima la concesión. No obstante, añadió, que tanto en este caso como en algunos que han sido abordados tangencialmente por el Tribunal Constitucional, la consideración de que esta gestión privada no ponía en riesgo el sistema público, se producía por la excepcionalidad o el poco número de iniciativas de gestión privada. Es posible, indicó, que si los casos de gestión privada (indirecta) se generalizaran, el Tribunal Constitucional tendría que pronunciarse, siempre y cuando se planteara el correspondiente recurso de inconstitucionalidad por los legitimados para hacerlo (Gobierno central o autonómicos, Cortes Generales o parlamentos autonómicos, 50 diputados o senadores; el Defensor del Pueblo, o un órgano judicial).'

Fuente y texto completo: AMYTS 15/03/2013

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