[Nueva Tribuna 08/11]
“Rajoy confía a Aznar, presidente de la FAES, la misión de rediseñar la
sanidad pública y Aznar pone a trabajar a su fundación para profundizar
en la privatización de la sanidad, implantar copagos y eliminar
servicios del SNS”, esta noticia aparecida en los medios de
comunicación en el verano de 2011 es el inicio del acelerado
desmantelamiento de nuestra sanidad pública. Los mensajes a la
población quedaron meridianamente claros, la sanidad hay que pagarla,
quien no pueda solo accederá a una cartera básica y los centros
totalmente públicos tenderán a desaparecer.
El gobierno de la CAM y su recién nombrado (aunque no votado para el
cargo) presidente Ignacio González, junto a su consejero de sanidad
Fernández Lasquetty (FAES), aprovecha el trámite de los presupuestos de
la comunidad para incluir la privatización de la gestión de siete
hospitales públicos, el hospital de la Princesa, que tras esta decisión
nadie reconocerá (convertido en geriátrico, sin docencia ni
investigación, sin servicios punteros y con una drástica reducción de
su personal) y los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta
Cristina, Tajo, Sureste y Henares, además de una parte de su Atención
Primaria.
Los hospitales podrán realizar su propia selección del personal, que
será discrecional. Las condiciones de trabajo de los profesionales
están por determinar, pero sin duda empeorarán (en las huelgas de los
hospitales de gestión privada de Fuenlabrada y Alcorcón, las
plantillas reclamaba igualar sus condiciones con las de los hospitales
con gestión pública).
Aguirre tuvo que rescatar (con dinero público) “sus hospitales PFI
(hospitales de iniciativa de financiación privada)” en 2010, cuya
eficacia y eficiencia está muy cuestionada, y ahora “saneados” se ponen
a la venta. Veremos si el Sr González sigue utilizando dinero público
para pagar el canon anual, ya que la Comunidad de Madrid ya ha pagado
el coste total de la construcción de los nuevos hospitales, cerca de
700 millones de euros de dinero público, pero aún adeuda 4.300 millones.
La decisión afecta a 5.500 trabajadores. Los que se queden, pasarán
a ser contratados con las condiciones que impongan las empresas
concesionarias:
– Capio está en manos de CVC, un fondo de capital riesgo británico
con sede en Luxemburgo. Gestiona 28 centros sanitarios en 4 comunidades
autónomas.
– El grupo USP-Quirón. Fue comprado en febrero 2012 por el fondo de
inversión británico Doughty Hanson. Gestiona 12 hospitales y 26 centros
sanitarios en España.
– Adeslas por un lado y Sanitas por el otro forman, con la CAM y
Bancaja (Bankia) el grupo sanitario Ribera Salud, que también gestiona
hospitales en Madrid y Valencia. El 80% de los hospitales de Adeslas
pertenece a la sociedad Goodgrower y el 20% a Criteria de Caixa
Catalana. Sanitas pertenece al grupo BUPA Internacional Health
Insurance, la mayor compañía privada de asistencia sanitaria del Reino
Unido.
De esta forma, la privatización aprobada por el gobierno popular de
Madrid dejará a sus hospitales públicos en manos de empresas y fondos
de capital riesgo extranjeros, esencialmente del Reino Unido.
El objetivo de esta privatización no parece ser el ahorro y la
sostenibilidad del SNS ya que el coste medio por cama de los 4
hospitales que gestiona Capio es un 36% mayor que la del centro
público con la cama más cara, el Clínico de san Carlos. Además, las
entidades financieras de Ribera salud, la CAM y Bancaja/Bankia, son
insolventes y han tenido que ser rescatadas con dinero público (juntas
suponen uno de los mayores agujeros negros de la economía actual)
El grupo USP, otro gestor privado de la sanidad madrileña, ha pasado
recientemente por graves problemas financieros, que le llevaron al
borde del concurso de acreedores hasta caer en manos del fondo de
inversión británico.
El objetivo tampoco parece ser el incremento de la competencia y de
la eficiencia, según pretenden hacernos creer, ya que la gestión
privada se concentra en pocas empresas y estas están a su vez
relacionadas entre sí: Adeslas y Sanitas forman parte de Ribera salud y
Capio podría formalizar la compra de Ribera Salud y con ello alcanzar
una posición aún más estratégica en la gestión de la sanidad privada y
pública en España. Por otra parte, todas las empresas privadas dueñas
de la sanidad madrileña (Adeslas, Sanitas, Capio, USP y clínicas de la
Medical destination) están incluidas en el la patronal de empresas
IDIS, que se reúnen para tomar decisiones conjuntas, con el apoyo de
Farmaindustria y la industria de tecnologías.
¿Que subyace bajo la privatización de la sanidad pública de la CAM?
– Los intereses cruzados existentes:
Algunos patronos de la FAES, fundación que elaboró el documento de
privatización de nuestro SNS, o sus familiares directos pertenecen, o
pertenecían durante su elaboración, a Bankia (Ribera Salud) y/o a los
consejos de administración o los patronatos de las fundaciones de la
industria sanitaria privada.
Uno de los objetivos esenciales de la Madrid Medical destination
(MMD) sociedad privada “sin ánimo de lucro” del popular Manuel Lamela
(1,8 millones de euros/año de ingresos para el exconsejero, según
estimaciones) es la atención al turismo sanitario de primer nivel, por
lo que es una de las entidades que más se beneficiará de la decisión
del gobierno de Rajoy de suspender la atención sanitaria a no
residentes. El Instituto Valenciano de Infertilidad, socio de la MMD y
principal grupo europeo de reproducción asistida, se aprovechará de la
ausencia de cobertura de este servicio por la sanidad pública, así como
Capio, Sanitas y Adeslas, que incrementarán sus clientes en este y
otros servicios que se eliminarán de la cartera básica del SNS (decreto
16/2012).
Además, Romay Becaría (FAES) es patrono de la fundación renal
FRIAT, concertada con la sanidad pública, Rodrigo Rato, aún es director
de la Caja Madrid de Bankia (Ribera salud) y la presidenta de
Genómica, de la farmacéutica Zeltia, empresa patrocinadora de las
empresas beneficiarias (IDIS) es Rosario Cospedal hermana de Dolores
(FAES).
– El fracaso de la gestión sanitaria del gobierno de Aguirre, ya
que sus nuevos hospitales solo tienen cabida en los presupuestos y en
la asistencia sanitaria de la Comunidad sí previamente se desmantelan
los hospitales públicos, que gozaban de gran prestigio antes de
someterse al rodillo de la expresidenta.
– El intento de compensar las pérdidas de una red de empresas y
entidades financieras con grandes problemas de tesorería y en muchos
casos vinculadas al partido gobernante.
La decisión de privatizar la sanidad madrileña es de tal envergadura
que no puede ser adoptada por un presidente interino, aprovechando el
trámite de los presupuestos, sino que debería discutirse en el
parlamento o incluso someterse a una consulta popular.
La ausencia de transparencia y los intereses cruzados entre los que
toman la decisión y los que se benefician de ella la convierten en
nula de pleno derecho y no debe ser admitida por los profesionales del
sistema público ni por la población de la Comunidad de Madrid.'
Fuente: Luisa Lores, de la FADSP, en Nueva Tribuna 08/11/2012
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