jueves, 19 de diciembre de 2024

[Min. de Transformación Digital y Función Pública] 'Comparecencia Líneas Generales en el Congreso. Óscar López anuncia que el Gobierno ha hecho fijas 321.000 plazas de empleo público, cumpliendo el compromiso con Bruselas • El ministro anuncia una nueva versión de Mi Carpeta Ciudadana que incorpora un perfil para las empresas • López apela al consenso para impulsar la Función Pública del Futuro y destaca el acuerdo firmado con UGT y CCOO para recuperar un derecho de los funcionarios: la jubilación parcial • El ministro anuncia para los próximos meses tres ambiciosos proyectos legislativos: La Ley para la Transformación de la Administración, la Ley de Administración Abierto y la de Grupos de Interés'

 'El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el Gobierno ha logrado cumplir su compromiso con Europa, reflejado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de estabilizar plazas de empleo público y lo ha hecho superando el objetivo: 321.776 plazas temporales en las administraciones públicas han pasado a ser fijas. “En 2021, cuando nos sentamos con la Comisión Europea, nos comprometimos a transformar 300.000 plazas temporales en fijas antes de 2025. Hoy, 18 de diciembre, hemos alcanzado y superado ese objetivo. Una vez más, el Gobierno de España cumple con lo prometido y logra un hito colectivo”, ha afirmado.


El ministro ha agradecido la colaboración de los sindicatos y de las Comunidades Autónomas en este logro, y ha explicado que ha sido posible gracias al “impulso de una ingente gestión de procesos selectivos” que han implicado la convocatoria de más de medio millón de plazas a todos los niveles. “Los sectores en los que más ha impactado la estabilización son el sector docente y sanitario, profesiones fundamentales para sostener nuestro Estado del Bienestar”, ha explicado el ministro; “nunca se habían convocado tantas plazas en tan poco tiempo”.

Este anuncio se ha producido durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de su departamento para esta legislatura.

El ministro ha apelado a la colaboración de los grupos políticos en el reto de transformar el modelo económico de España y con él la Administración Pública, “porque el sector público es la mejor garantía para el crecimiento justo”. Y para alcanzar ese objetivo, ha recordado, se ha puesto en marcha el plan Consenso por una Administración Abierta, que implica a todos los agentes interesados: “el Estado como impulsor, los sindicatos como protagonistas, las empresas como colaboradoras y las personas como beneficiarias”. Esta hoja de ruta se estructura en torno a tres ejes estratégicos: la inversión en las capacidades del sector público; una Administración abierta a la ciudadanía, accesible y humanista, y la transparencia, la participación pública y la rendición de cuentas. 

 

Recursos públicos y diálogo social

Respecto al primero de ellos, Inversión en las capacidades del sector público, el ministro ha destacado la importancia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina un componente específico a la modernización de las Administraciones públicas: “hablamos de más de 6.500 millones de euros para proyectos de digitalización de entidades como el Servicio Público de Empleo Estatal o la Seguridad Social, para mejorar la ciberseguridad del Estado o para el desarrollo de servicios públicos basados en datos”, ha enumerado.

En este punto, el ministro ha enfatizado el papel del Acuerdo Marco por una Administración del siglo XXI, firmado en 2022 con UGT y CCOO, al que hoy “hemos sumado otro gran hito: Esta misma mañana he firmado con ambossindicatos un acuerdo para recuperar el derecho a la jubilación parcial de los funcionarios públicos”. Este compromiso se alcanzará, ha explicado López, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público, para lograr “eliminar una desigualdad injustificada con los trabajadores del sector privado y fomentar la transferencia de conocimiento en el sector público entre los trabajadores más veteranos y las nuevas generaciones”.



Dos nuevas leyes y mejor empleo público

En el diseño de esa Función Pública del futuro, Óscar López ha avanzado la puesta en marcha de dos Leyes: “una nueva Ley de Función Pública, que ya está en esta cámara, y la Ley para la Transformación de la Administración, que enviaremos al Consejo de Ministros el año que viene”, que reforzarán las capacidades de la función pública basándose en dos pilares: la planificación estratégica mediante la Gestión Previsional de Efectivos, que tiene el doble objetivo de simplificar los trámites y atraer y retener el conocimiento, y el acceso al empleo público y la captación de personal mediante en el Plan de captación y retención de talento junior y senior.

El ministro ha indicado que los pasos que ya se están dando en este sentido (diseño de procesos selectivos basados en habilidades y competencias; simplificación y digitalización de los procesos y pruebas; la implantación de un modelo para la gestión eficaz de la igualdad de género en el acceso y carrera profesional o la mejora en los procesos de inclusión de las personas con discapacidad) ya están traduciéndose en “resultados esperanzadores: la edad media de los empleados públicos disminuye por cuarto año consecutivo; el número de efectivos menores de 40 años ha aumentado en más de un 4% en los últimos dos años; por segundo año consecutivo, el número de incorporaciones supera al de bajas; y las mujeres suponen casi el 60% de la fuerza laboral pública”.

López ha enfatizado que el Gobierno sigue trabajando en diseñar unas ofertas de empleo público con mejores condiciones, como ha venido haciendo en los últimos años: 223.000 plazas convocadas en los últimos siete años (más de 40.000 tan solo en el año 2024), subida del salario de los empleados públicos en un 14,9% desde 2018 y elevación del cupo de plazas para personas con discapacidad hasta un 10%. “Si las empresas privadas más competitivas pujan por atraer a los mejores profesionales, el Estado no puede quedarse atrás”, ha asegurado.



Servicios públicos de calidad

En lo que respecta al segundo eje estratégico, una Administración abierta a la ciudadanía, accesible y humanista, el ministro ha situado en el centro de estos proyectos a los ciudadanos, a los que hay que atender facilitando “el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus deberes y el acceso a unos servicios públicos de calidad”. Todo ello, sostiene López, hay que hacerlo a través de “una Función Pública digitalizada, accesible y humanista”.

Los pasos que se han dado en este sentido mediante el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas están dando importantes resultados, ha dicho López: “hemos ahorrado 4 millones de euros gracias a la celebración de juicios telemáticos, y otros 60 millones centralizando el contrato de servicios de telecomunicaciones de la Administración General del Estado, y mejoramos las funcionalidades de la web administracion.gob.es y de la línea de atención 060, incorporando nuevos canales como el webchat060 que ya ha atendido mediante su asistente virtual 140.000 consultas desde el año pasado”.

López ha destacado especialmente el papel de Mi Carpeta Ciudadana (“una aplicación pública que triunfa en España y que está revolucionando la relación entre el ciudadano y la administración digital”), de la que ha anunciado una próxima actualización con un perfil específico para atender también al colectivo de las empresas: “Se trata de que el tejido empresarial de nuestro país también se beneficie de la simplificación y modernización de los servicios públicos”. El ministro ha subrayado que iniciativas como éstas han logrado que “España se sitúe en una posición sobresaliente en servicios públicos digitales, según el Informe de la Década Digital de la Unión Europea, superando a países como Italia, Francia o Alemania. A nivel mundial, la ONU nos sitúa en la posición número 17 de 193 administraciones electrónicas”.



Gobierno abierto

El último eje al que se ha referido el ministro es el de la Transparencia, participación pública y rendición de cuentas. Así, ha recordado el compromiso del presidente del Gobierno, expresado en el mes de julio, de elaborar el Plan de Acción para la Democracia, en sintonía con la iniciativa de la Unión Europea del Plan de Acción para la Democracia Europea lanzado en 2020.

En el marco de este plan, se inscriben iniciativas del Ministerio como la celebración de la cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que tendrá lugar en Vitoria los días 7, 8 y 9 de octubre del próximo año. En ella, ha avanzado López, se presentará la Estrategia de Gobierno Abierto de España, el instrumento en el que se materializará las recomendaciones de la OCDE en transparencia, participación pública y rendición de cuentas de la Administración General del Estado.

Óscar López ha afirmado además que llevará a las Cortes durante la primera mitad de 2025 dos iniciativas legislativas: un Proyecto de Ley de Administración Abierta que ampliará las obligaciones del Estado en materia de transparencia, obligatoriedad de rendición de cuentas semestral y mejora de la participación ciudadana; y el Proyecto de Ley de Grupos de Interés, un marco de transparencia e integridad aplicable a las actuaciones de los grupos de interés en sus relaciones con el personal público del Estado. “España está lista para tener su propia Ley de lobbies”, ha sentenciado.

El ministro ha terminado su intervención con una nueva apelación al consenso: “Afrontemos juntos este reto, defendamos un amplio Consenso por una Administración Abierta. Cuento con ustedes, diputados y diputadas, para que la fuerza de lo público sea cada día mayor”.'

Fuente: Nota de prensa del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de 18/12/2024

Enlaces en el texto y resaltados en negrita cursiva nuestros

NOTA DEL EDITOR: Recordemos una vez más que en el "acuerdo de funcionamiento" original firmado entre la CE y España de sus compromisos por el Plan de Recuperación y los fondos asociados, figura el hito [nº 150] Objetivo "Estabilización del empleo público" , asociado a la reforma 1 del Componente 11 sobre la AAPP so(C11.R1), que exigía, con fecha de cumplimiento  [comprometida] el final del Cuarto cuatrimestre de 2024, la "Finalización de los procedimientos de contratación para estabilizar el empleo (a través de contratos o puestos estatutarios del personal) que involucran al menos 300 000 puestos (incluidos los que derivan de los procedimientos de estabilización de 2017 y 2018)" (es decir, incluyendo en la contabilización las plazas temporales de antes de 2014 convocadas con oposición y sin indemnización alguna por los denominados "procesos de estabilización" -de plazas- de las leyes anteriores de 2017 y 2018 de Montoro que hayan tenido nombramientos de personal fijo desde 2017 y hasta 31/12/2024).

 

Éste es el "hito de 300 mil plazas estabilizadas" citado por el ministro como "cumplir" con la Comisión Europea . Nótese que cuando el Gobierno español envió a la Comisión Europea en Abril de 2021 su Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia español reconoció que de los procesos de estabilización de dichas leyes anteriores de de 2017 y 2018 estaban  convocadas 154 mil plazas de las 218 mil ofertadas y  finalizadas sólo estaban 56 mil plazas (siempre entre todas las AAPP).

Por otro lado, hay que notar según la última actualización el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas por Función Pública con datos a Enero de 2024. ser sigue reconociendo ¡más de 1 millón de empleados públicos temporales! Según esos mismo s datos se extrae que el 18,22% del personal de la Administración del Estado (donde se detallan los datos por edad) tiene una edad de 60-64 años, , con lo que se podría extrapolar en primera aproximación un ritmo de 108 mil empleados públicos jubilados por año entre todas las AAPP. recogidas en el estudio. Como el número de efectivos no se ha incrementado de facto a lo largo de los años  de forma notable , la única forma de que haya más de 1 millón de temporales es que la gran mayoría de los puestos temporales que ocupan hayan sido ocupados de forma temporal durante varios años, de hecho, muchos años.  De donde se puede extrapolar que aproximadamente al menos 700 mil puestos temporales estarían todavía en fraude de ley de abuso de temporalidad, y que llegó a haber más de 1 millón de temporales en abuso de temporalidad (muchos de ellos ahora ya cesados o siendo cesados por procesos de estabilización anteriores o de otro tipo). 

Curiosamente, en la exposición de la reforma donde se incluye el hito de las 300 mil plazas que estabilizar, se razona que el objetivo de la reforma es reducir la temporalidad al 8% la temporalidad en el empleo público. Evidentemente , existiendo más de 1 millón de empleados públicos temporales y más de un 40% de temporalidad, con 300 mil plazas a estabilizar no se podía reducir la temporalidad al 8%. Recuérdese que en 2017, cuando el acuerdo sindical previo a la ley de estabilización con Montoro, el gobierno cifró el número de empleados públicos "temporales" en poco más de 300 mil

 
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2 comentarios:

Anónimo dijo...

Más de lo mismo, un tipo que acabará presidiendo alguna entidad bancaria, fundación, etc, como mérito por no hacer nada, no molestar a su amo, y seguir con la barra libre de abusos en el sector público. País de pandereta. MENTIROSO. A ver si Europa os funde a multas y se os cae la cara de vergüenza de dejar tiradas a decenas de miles de familias.

Anónimo dijo...



El Gobierno de España es anti social y anti Europeo, por eso no hace caso de las cartas de emplazamiento de la Unión Europea ni de las sentencias del TJUE.

La Unión Europea le ha dicho que sancióne el abuso de temporalidad en el sector público y que la Ley 20 21, no cumplen la normativa de la Unión Europea y sentencias del TJUE.

Al Gobierno lo único que le preocupa es el juicio de la mujer del Presidente.