El Pleno del Tribunal Constitucional del 7 de Octubre decidió admitir a trámite la nueva cuestión de la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco sobre posible inconstitucionalidad de la D.A. 8ª de la Ley 20/2021 (la DA sobre cómputo de las plazas de los temporales de antes de 2016 a concurso de méritos excepcional de estabilización)

 Según se ha publicado en el BOE de este 13/10/2025, el  Pleno del Tribunal Constitucional  que tuvo lugar el pasado 7 de Octubre decidió admitir a trámite inicial la nueva cuestión de la  sección 3ª de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco sobre la posible inconstitucionalidad de la D.A. 8ª de la Ley 20/2021, la C.I. 5809-2025 . Se trata de la Disposición Adicionalque contiene la obligación de computar, para el concurso de méritos excepcional de estabilización de la misma Ley, las plazas de los temporales que estuvieran  desde antes de 2016 en una misma AAPP.

Decimos nuevamente porque esta misma sección de jueces ya había preguntado al Tribunal Constitucional en otra cuestión  previa, la CI. 7288-2023,  por la posible inconstitucionalidad por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución de la misma citada disposición adicional 8ª de la Ley 20/2021, entonces, según su auto de elevación de 02/11/2023 ,  por una supuesta falta de justificación de esa disposición adicional 8ª en relación a la finalidad proclamada en la  exposición de motivos de la ley , que, según el Tribunal, era de estabilizar plazas y no personas,  con lo que "podría verse afectado el principio constitucional de "interdicción de arbitrariedad" recogido en dicho artículo 9.3 de la Constitución Española. Nótese que la sección de jueces no planteaba entonces posible inconstitucionalidad de realizar procesos por concursos de méritos por una posible vulneración en los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso ala función pública.

Pero esa primera  cuestión de inconstitucionalidad de la D.A. 8ª   fue planteada en dicha  CI 7288-2923  de forma subsidiaria a que el Tribunal Constitucional no estimara la posible inconstitucionalidad de otra cuestión por invasión de competencias del País Vasco de una disposición de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Y , finalmente, el Tribunal Constitucional decidió no admitir a trámite esa primera CI 7288-2023  por pérdida de objeto de la cuestión principal y , por tanto, no entró entonces a examinar si admitir a trámite la cuestión de la posible inconstitucionalidad de la DA 8ª (en esa cuestión, siempre sólo por esa posible falta de justificación en la ley en relación con la finalidad proclamada de estabilizar plazas y no personas).

 

Ahora, la misma sección del tribunal superior vasco ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad , la  CI. 5809-2025, en la que ya va sola la pregunta de si es inconstitucional la Disposición Adicional 8ª . Y lo hace en el marco del mismo procedimiento judiclal  (el P. O- nº 529-2022) ,  una demanda del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) contra la publicación de la Oferta de Empleo Público de estabilización del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la CCAA del País Vasco, por "posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española, en relación con los artículos 23.2 y 103 CE".

El artículo 9.3 de la Constitución Española , recordemos es el que "garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", mientras que el 23.2 es el de la igualdad  en el acceso a los cargos públicos y el artículo 103 el de los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública. 

Recordemos que el Tribunal Constitucional había decidido  no admitir a trámite otra cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre los concursos de méritos de la ley 20/2021 pero en cuanto a otro artículo , el de la valoración principal de la experiencia en el mismo cuerpo , por considerar que la cuestión "iba más allá" de lo que realmente necesitaba el TSJ de Castilla-La Mancha para la resolución del caso. Aquella vez tampoco entró en el fondo de la cuestión, pero, incidentalmente, en su auto de inadmisión el Tribunal Constitucional afirmó que para el cómputo de plazas a concurso de méritos de la D.A.8ª de la ley no se exigían los requisitos del art. 2.1, es decir,  afirmó que la DA 8 establece que las plazas convocadas en procesos de estabilización anteriores que estuvieran ocupadas por temporales en la AAPP desde antes de 2016 cuando se produjo la convocatoria del concurso de méritos excepcional de la ley 20/021 en la AAPP , también se tenían que adicionar al número de plazas del concurso de méritos.  

 

Por otro lado, están  admitidas a trámite inicial cuestiones inconstitucionales sobre normativa propia de la CCAA de Navarra de desarrollo de los procesos de estabilización en cuanto a la diferencia de puntuación concreta en la experiencia en la propia AAPP navarra con respecto a otras.

Naturalmente, sería sólo en el caso de una  correspondiente sentencia, cuando  cuando el tribunal de garantías español podría declarar (o no) la inconstitucionalidad de esa Disposición Adicional 8ª entera, y en el hipotético caso de que declarara que es inconstitucional, sólo podrían tener efectos sobre actos derivados en leyes y normas que quieran hacer uso de dicha disposición que sean ya posteriores a la declaración de inconstitucionalidad (aparte de l posibles peticiones de daños de particulares por las posibles aplicaciones en el pasado de dicha disposición ya declarada inconstitucional) y , por supuesto, sobre  las peticiones concretas de la demanda judicial del caso concreto del País Vasco en el que el tribunal ha planteado esta cuestión (podría ser un recurso contra una convocatoria de concurso de méritos de la AAPP vasca).    Incluso en ese último caso, si la CCAA del País Vasco pudo finalizar o al menos publicar la declaración definitivas de aprobados de ese proceso selectivo concreto, no digamos ya si ha habido  tomas de posesión en firme, por la doctrina del "opositor de buena fe" del Supremo, una hipotética sentencia  ulterior del TSJ del País Vasco de nulidad de ese procesos selectivo posiblemente impugnado no debería tener como consecuencia la pérdida de las plaza fijas  ya en posesión por sus titulares (en su caso) o , incluso, del derecho a adjudicarse una para los aprobados.

 

Por lo pronto, el BOE abre un plazo de 15 días para que puedan personarse en el procecidimiento de la cuestión de inconstitucionalidad quienes sean parte en el procedimiento ordinario núm. 529-2022 p

 

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