Se plantea el blog "Empleado Público" en una entrada de ayer 13/04/2015 si si se está ante una privatización de servicios públicos en la encomienda publicada en el pasado BOE del día 07/04/2015 de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles por 4 millones de euros para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia, servicio del que se encarga normalmente los empleados públicos del Registro Civil [y que ha motivado unas protestas de estos empleados]
Razona que si bien es cierto que
los registradores son alguna "funcionarios" -aprobaron oposiciones, forman parte de la estructura del Ministerio de
Justicia- que prestan un servicio público -eso sí, a juicio del autor, muy bien pagado hasta el punto del derroche y en
forma a juicio de "oligopolio"- y por tanto no se
puede hablar de subcontratación del Ministerio, la inmensa mayor parte
del servicio público encomendado la realizan trabajadores a cargo del
registrador que no son empleados públicos (ni Funcionarios, ni Laborales
de una Administración), sino que son trabajadores
contratados por funcionarios públicos, sujetos a convenio colectivo
fuera de la Administración Pública [N.E. lo que puede recordar algunos modelos de "unidades de gestión clínica" que se están planteando en Sanidad]
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