Nota de prensa ante el informe de la Abogada Gral de la Unión Europea en el juicio en el Tribunal Europeo sobre abuso de temporalidad en la función pública, con asunto principal el caso de uno de nuestros informáticos: 1. Serio correctivo a la jurisprudencia del Supremo al reconocer la Abogacía que se da una clara situación de abuso según la norma europea en el caso de los funcionarios interinos de muchos años. 2. Jaque a las masivas Ofertas Públicas de Empleo decididas por el Gobierno con esos puestos: una OPE de libre cocurrencia no puede ser solución al abuso si no vienen acompañadas de fuertes indemnizaciones por año trabajado ahora inexistentes e inasumibles sin grave perjucio a los servicios públicos si hay oleadas de demandas masivas por parte del más del medio millón de afectados. 3. Gran decepción al no estimar la AG que la conversión a fijo como sanción sea posible más que por la vía procesos de concurso de méritos restringidos, en vez de por sentencia de cada caso. 4. Presumible "terremoto" en la función pública española si el Tribunal Europeo sigue en su sentencia las recomendaciones de la Abogacía General

La justicia europea se  pronunciará en próximas semanas o meses sobre el fraude del abuso de duración de temporalidad del Servicio Madrileño de Salud y por extensión de todas las Administraciones Públicas , por el caso de un informático interino casi 20 años y actual presidente de esta asociación de profesionales de informáticos propios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y por el caso de cinco odontólogas , todos del SERMAS, por el juicio en el Tribunal Europeo bajo la denominación de asunto “Sánchez Ruiz/Fernández Álvarez y otros”. Este 17 de Octubre, conocíamos el primer resultado: el informe de conclusiones de la Abogacía General de la Unión Europea, y, que de seguir el Tribunal Europeo en su sentencia algunas de sus líneas, y respetar la justicia española el dictado europeo, estaríamos ante un “terremoto” en la función pública española.

La ley española sí contempla un límite de tres años para la duración de la temporalidad de un puesto en la administración pública, similar al de la empresa privada pero sólo contempla sanciones para las empresas privadas que lo incumplen, dictaminando la ley en el caso de trabajadores de las empresas privadasdirectamente la fijeza para el trabajador temporal en ese fraude de ley por exceso de duración de temporalidad.

Por si fuera poco, la jurisprudencia española, establecida por el Tribunal Supremo,  no contempla nada para los excesos de duración de temporalidad con el propio personal temporal de la Administración pública de tipo funcionario interino de "vacante" -es decir, en un puesto ya reconocido como permanente pero pendiente de oposición, que la administración no convoca o resuelve en esos 3 años. Tampoco contempla indemnizaciones  cuando se "cesa" a este personal tras muchos años si su puesto se cubre de forma ya fija por cualquier proceso (Oferta PÚblica de Empleo, traslados, reingreso,... ) o incluso si es suprimido directamente por una privatización.  Es decir, se da el despido libre y  gratuito que se prohíbe en la empresa.

De esta manera,  ante la falta de consecuencias visibles, muchas Administraciones Públicas, como es el caso del Servicio Madrileño de Salud, han acumulado miles de temporales en este fraude, estimándose  en 25 mil los empleados públicos en esta situación fraudulenta en el SErvicio Madrileño de Salud y más de medio millón en total en todo el Estado.

En contra de muchos titulares de prensa que pudimos ver este jueves asegurando "Doble varapalo al interino: ni fijeza ni indemnización" , el informe que ha presentado  la Abogacía de la UE en este asunto sobre sanciones ante abuso de temporalidad, es demoledor y todo un "varapalo" para la administración.  No hay que confundirlo, como muchos medios hicieron-con otro informe de la Abogacía General de la UE publicado el mismo día sobre otro asunto en el que fue examinado algo ya establecido en sentencia este mismo año por el Tribunal Europeo: no es ilegal no indemnizar cuando se demanda en base a la norma europea de "no discriminación con el fijo" plasmada en cláusula 4ª de la Directiva 1999/70/CE)

Pero en el asunto  “Sánchez Ruiz/Fernández Álvarez y otros”, lo que se debate es si hay abuso de temporalidad según la respectiva norma europea (la cláusula 5ª de la misma Directiva euroepa) en el caso de funcionarios interinos de muchos años y en ese caso cuál debe ser la sanción mientras que exige la Directiva europea exista.

Pues bien, la Abogada General recomienda al Tribunal que sentencie lo que podría suponer  todo un vuelco a la jurisprudencia española y un "terremoto" en la función pública:

• hay claro abuso en los nombramientos temporales de varios años, más de 3, de funcionarios interinos, sin importar su denominación, ni que hayan cambiado de tipo ni aunque sea como el caso de nuestro, informático un único nombramiento de interino de vacante, estimando que la jurisprudencia actual española de no considerarlo abuso viola por tanto la norma europea
  
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• también viola la norma europea la prohibición española de poder elegir como sanción la conversión al temporal "abusado" en fijo, si bien, lamentablemente, la  Abogada General opina que tal"fijeza" no debe permitirse por sentencia sino sólo por concurso "ordenado" de méritos restringido al personal "abusado". Esto supone una gran decepción para nuestra asociación al ser nuestras demandas de fijeza por sentencia , pero ante el hecho de que en España un juez no puede sentenciar procesos selectivos , veremos si por coherencia el Tribunal mantiene este aspecto ,
• no es válido como solución al abuso, convocar  en OPEs libres los puestos del personal "abusados", en contra de lo defendido por el Gobierno y como decidió hacerlo como "solución" para  los puestos temporales de más de 3 años de las AAPP en las denominadas "OPEs" de estabilización, si no vienen acompañadas de medidas de sanción que la Abogada General no encuentra  en la jurisprudencia española, proponiendo fuertes indemnizaciones como la del despido improcedente de los trabajadores de la empresa privada además de por daños y perjuicios
  
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• por último, la Abogacía General europea entiende que una razón esgrimida por los tribunales españoles para desestimar demandas de abuso de temporalidad del personal funcionario interino,no haber presentado  recursos judiciales a todos y cada uno delos nombramientos, ceses y renovaciones tácitas anuales previos en el pasado,  es ilegal ante los principios europeos de defensa jurídica de los trabajadores
  

Veremos qué decide en su sentencia el Tribunal Europeo, pero incluso si no decidiera, en contra de las sentencias para casos de otros paísse, levantar la prohibición de conceder la fijeza por sentencia judicial, y mantuviera los términos de la Abogada General de que hay que introducir indemnizaciones , declarando que no valen las OPEs libres, como las de estabilización, para "cerrar" ese abuso, pues nos encontraríamos ante todo un "terremoto": un aluvión de demandas de reclamación de indemnizaciones por el personal que sea cesador por dichas OPEs masivas con sus puestos, lo que supondría un coste inasumible para AAPP como el Servicio Madrileño de Salud con decenas de miles de afectados, y donde el coste en indemnizaciones podrían superar varios centenares de millones de euros, en detrimento del propio servicio público de atención sanitaria.En esa hipotética situación,  muchos gobiernos podrían plantearse continuar con esas OPEs que tengan pendientes de publicar o desarrollar, -como es el caso de los propios informáticos o de los médicos de urgencia hospitalaria del SERMAS- con una temporalidad del 80% ante la ausencia de oposiciones y con demandas judiciales a la espera de este juicio europeo-, para modificarlas  a un concurso de méritos de antigüedad, tal y como se hizo en el caso de la Educación italiana, e incluso cesar al personal "abusado" porlas OPEs ya con convcocatoaias en desarrollo, reservando los puestos de ese personal a futuros procesos de concurso de méritos aprovechando el enorme número de jubilaciones de personal fijo.

Sorprendentemente, pese a este informe, los sindicatos nacionales que firmaron el acuerdo , se han lanzado a solicitar al Gobierno nacional - que permanece callado- la aceleración de dichos procesos , omitiendo en sus comunicados  que la Abogacía General ha afirmado que no valen como solución al fraude del abuso una OPE libre precisamente

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