[Comisión Europea] "Informe de actualidad sobre derecho laboral en la UE de Febrero de 2026": implicaciones posibles al abuso de temporalidad de cada país de la sentencia de 29/01/2026 al caso de una bailarina pública italiana donde el TJUE desestimaba la obligación de la fijeza si ya existe la posibilidad de sanciones suficientes . "Podría tener importantes implicaciones para España", pero "tanto el gobierno como el Tribunal Supremo probablemente esperarán la respuesta del TJUE" del asunto Obadal

 La Comisión Europea ha publicado recientemente la edición de Febrero de 2026  , elaborada en marzo de 2026, del "Informe de actualidad sobre derecho laboral" ["Flash reports on labour law", en inglés] , informe que prepara cada mes la Unidad de Derecho del Trabajo de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Unión Europea haciéndose eco de novedades conocidas en esas fechas en materia de derecho laboral de cada país,incluido el  empleo público, incorporando siempre una primera sección de "Resumen ejecutivo" con lo que consideran más relevante en cada materia , entre ellas a veces  "trabajo temporal", de entre todos lo países, así cómo del impacto previsible en todos los países de alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la UE [TJUE] en su caso,  seguida ya  de una sección por cada país .

Así el resumen ejecutivo de esta edición dedica su sección de  implicaciones de sentencias del TJUE  a la sentencia de 29/01/2026 del asunto C-668/24 o asunto Eliz Erkut Duygu , un  asunto de petición de decisión prejudicial en relación a la  claúsula 5ª de la Directiva de la UE 1999/70/CE sobre el abuso de temporalidad en el empleo, y, una vez más, el empleo público, en concreto del caso de una empleada pública italiana, bailarina de la empresa pública Fundación del Teatro de la Scala de Milán que demandaba la nulidad de su cese y la fijeza tras concatenar más de 4 años de contratos temporales en una época en la que la normativa italiana de su sector específico de personal públicos de las fundaciones líricas y sinfónicas todavía no incluía los límites al número de renovaciones ni sanciones al abuso de temporalidad que finalmente introdujo el gobierno italiano en forma de inde,nizaciones almtrabajador y penalizaciones al empleador (y empezó a aplicar la justicia italiana en detrimento de la fijeza). De esta sentencia nos hicimos amplio eco en otra entrada en este blog. 

Por su interés en cuanto a resumen sumario de la situación en cuanto a la consecuencia del abuso de temporalidad en empleados públicos del resto de países de la UE transcribimos a continuación la mayor parte de esta sección (traducción de Google):

'[...] El tribunal nacional tomó nota del cambio de doctrina del Tribunal de Casación italiano (Tribunal de Casación, Sala Civil Conjunta, 22 de febrero de 2023, n.º 5542), que, en el ámbito de las fundaciones operísticas y sinfónicas, excluyó la conversión de las relaciones laborales de duración determinada en contratos indefinidos y, en su lugar, dictó indemnizaciones (también basadas en presunciones) y medidas de responsabilidad para los gestores. Al tener dudas sobre si este marco jurídico nacional se ajustaba al Derecho de la Unión Europea, el tribunal italiano planteó cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. 

[...] En consecuencia, se solicitó al TJUE que determinara si este marco nacional cumplía con el artículo 5 del Acuerdo Marco.

El TJUE dictaminó que el artículo 5 no exige la conversión automática en casos de abuso. La legislación nacional es compatible con el Derecho de la UE siempre que incluya medidas eficaces para sancionar dichos abusos; corresponde al tribunal nacional determinar si las medidas son suficientes. En caso contrario, el tribunal deberá interpretar la legislación nacional de forma que se garantice la plena eficacia de la Directiva 1999/70.

El sistema de Italia, que prevé reparaciones basadas en daños y perjuicios por el uso abusivo de contratos de duración determinada en este sector, es compatible con el derecho de la UE, siempre que dichas reparaciones sean efectivas, adecuadas y disuasorias.

Es improbable que la sentencia del TJUE en el asunto C-668/24 tenga implicaciones o requiera modificaciones legislativas en varios países (República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Malta, Noruega y Eslovaquia), ya que sus legislaciones nacionales no establecen un régimen sectorial específico que prohíba la conversión de contratos de duración determinada en contratos indefinidos, a diferencia del marco italiano analizado por el Tribunal. 

Tampoco tiene la sentencia implicaciones directas para los Países Bajos, Polonia o Portugal, donde el uso abusivo de contratos de duración determinada se sanciona con su conversión automática en contratos indefinidos. Si se incumplen las normas relativas a la duración máxima de los contratos de plazo fijo, el número máximo de renovaciones o la prohibición de contratos sucesivos, el contrato se convierte en uno de duración indefinida.

No se registraron repercusiones en otros países cuyas leyes nacionales o convenios colectivos si bien prevén excepciones para actividades artísticas u otras ofrecen una protección equivalente a la de las relaciones laborales permanentes, según lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE (como en Austria, Croacia, Dinamarca, Francia, Lituania y Suecia).

La ​​sentencia tiene repercusiones menores para algunos países (Bélgica, Eslovenia y Reino Unido).

La sentencia puede tener implicaciones indirectas pero significativas para Bulgaria, ya que confirma la compatibilidad del Código Laboral con la Directiva 1999/70/CE, advierte contra las exclusiones sectoriales que no van acompañadas de salvaguardias alternativas efectivas y refuerza los argumentos contra la ocultación de las relaciones laborales mediante contratos administrativos.

La sentencia podría tener algunas implicaciones para ciertos Estados miembros de la UE:

• Aunque el caso surgió en Italia, su razonamiento tiene implicaciones directas para Chipre, donde los contratos de duración determinada se utilizan ampliamente en el sector público. La legislación y las prácticas chipriotas actuales pueden entrar en conflicto con los principios establecidos en la sentencia del Fondazione Teatro alla Scala, especialmente en ámbitos como la tramitación de solicitudes de asilo, la educación y la administración pública. Por lo tanto, Chipre debe revisar su legislación y sus prácticas para garantizar el cumplimiento del derecho de la UE, lo que incluye limitar las excepciones legales, eliminar las excepciones contractuales y reformar los procedimientos de contratación a largo plazo.
• En Irlanda, los contratos de duración determinada sucesivos que superen los cuatro años se convierten automáticamente en contratos indefinidos, salvo justificación objetiva. Si la Comisión de Relaciones Laborales estima una reclamación, las medidas correctivas disponibles pueden incluir la reincorporación, la readmisión o una indemnización de hasta dos años de salario. La sentencia del TJUE plantea la cuestión de si el límite máximo irlandés de dos años de indemnización podría considerarse insuficiente en determinadas circunstancias según el Derecho de la UE, una cuestión que solo surgiría, sin embargo, cuando la reincorporación o la readmisión en virtud de un contrato indefinido no se consideraran una medida correctiva adecuada.
• A la luz de la jurisprudencia del TJUE, las excepciones de Rumanía en el sector cultural plantean posibles problemas de cumplimiento en virtud de la Directiva sobre el trabajo de duración determinada. La legislación nacional que regula las representaciones no establece, en el ámbito de las disposiciones especiales, un conjunto alternativo de medidas equivalentes para prevenir y sancionar los abusos.
• Finalmente, esta sentencia podría tener importantes implicaciones para España. Si bien la legislación del sector privado permite la conversión de contratos de duración determinada ilícitos en contratos de duración indefinida, el sector público carece de un recurso efectivo debido a limitaciones constitucionales. El TJUE ya ha dictaminado que la legislación española no cumple parcialmente con los requisitos de la UE. Actualmente, el Tribunal Supremo tiene pendiente una cuestión prejudicial para orientar sobre los recursos adecuados. Ciertas medidas, como la responsabilidad de los directivos, requerirían una reforma legislativa; en consecuencia, tanto el gobierno como el Tribunal Supremo probablemente esperarán la respuesta del TJUE antes de tomar nuevas medidas.'

[Nótese que este informe fue redactado antes de la Sentencia de 14/04/2026 del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto Obadal,  la cuestion prejudicial de la Sala de lo Social del Supremo español al TJUE sobre sanción al abuso de la temporalidad a la que se refiere el último párrafo. Y por tanto, fue redactado antes del nuevo criterio fijado por el Supremo español  contra el abuso de temporalidad del empleado público laboral tras la sentencia Obadal del TJUE]. 

El informe incluye además, en el capítulo dedicado a cada país una sección que detalla la previsión de impacto de esta sentencia aportando generalmente la legislación de cada país aplicable a un caso similar, de existir. Destaca el caso de Portugal que solo recientemente (y tras el importante auto de 30/09/2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea    "Gondomar" pasó a inaplicar la prohibición constitucional a la  fijeza que operaba sobre el abuso de temporalidad de los empleados públicos  pasando precisamente  la fijeza a ser la sanción  de la jurisprudencia nacional por ser la sanción de su derecho general del trabajo [nótese la similitud de la situación anterior de Portugal con la situación actual eepañola de fijeza como sanción del derecho general del trabajo matizada por una y prohibición legal de su aplicación a los empleados públicos]

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