lunes, 28 de septiembre de 2026

[STEPA] ' STEPA celebra que la Comisión Europea prepara ya sanciones a España por incumplir la normativa sobre abuso de temporalidad “del que son víctimas unos 20.000 trabajadores de la Diputación General de Aragón. El coste total de las sanciones puede suponer más de 33.000 millones de euros a nivel nacional y unos 660 millones de euros para Aragón, donde un tercio de la plantilla autonómica supera el límite legal de tres años con contrato temporal'

[24/09/2026] 'El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), junto con otros 56 sindicatos y plataformas de todo el territorio nacional, ha celebrado esta mañana ante la Comisión Europea que el procedimiento de infracción contra España por incumplir la normativa sobre abuso de temporalidad va a llegar al Tribunal de Justicia de la UE.

Durante una concentración ante la sede de la representación de la Comisión Europea, se han reunido con el consejero económico, Eduardo Gómez, quien ha confirmado oficialmente que no se conceden más prórrogas al Estado y se ha iniciado el procedimiento para imponer unas sanciones que pueden suponer más de 660 millones de euros en Aragón y 33.600 millones en toda España (el 2,5 % del PIB).

STEPA ha señalado que este anuncio “es un gran paso, después de más de una década de incumplimientos, con miles de personas víctimas del abuso, que incluyen a un tercio de la plantilla de la Comunidad Autónoma de Aragón, y siguen perdiendo sus puestos de trabajo sin una reparación adecuada”.

Bruselas abrió un procedimiento contra España en 2015 por carecer de medidas que prevengan y sancionen el uso abusivo de contratos temporales en las Administraciones, y que compensen a quienes lo han sufrido. Vencido el último plazo para cumplir sus obligaciones, el Gobierno de España solicitó una prórroga hasta marzo de 2027 que ahora se confirma que ha sido rechazada. Así, Bruselas no admitirá más documentación en el expediente y llevará el caso ante TJUE en unos tres meses. “España ha dispuesto de tiempo más que suficiente para actuar y conceder ahora un nuevo plazo solo supondría seguir añadiendo tiempo mientras los ceses continúan”, ha señalado el sindicato.

 El anuncio ha llegado durante una concentración organizada por la coalición “Líneas Rojas Innegociables”, de la que STEPA forma parte. El colectivo ha subrayado que tras esta noticia seguirán “avanzando y acudiendo a las instancias de Bruselas que haga falta, porque el problema es la falta de voluntad política para identificar y resarcir a las víctimas del abuso”.

 Así, denuncian que el ministro Óscar López declaró este verano que en toda España hay 200.000 personas en situación de abuso de temporalidad, mientras que la coalición estima más de un millón. De la misma manera, también el Gobierno de Aragón “se niega a especificar cuántos de sus temporales llevan más de tres años trabajando en la Administración autonómica y por tanto se encuentran en fraude de ley”.

 

 Por la estabilidad real de todas las víctimas

 STEPA ha resaltado que la solución es impulsar una ley nacional que solucione la situación garantizando “una estabilidad real en sus puestos de todas las víctimas del abuso de temporalidad”. Esta opción “beneficia a toda la sociedad porque supone mantener en los servicios públicos a los trabajadores con más experiencia, que llevan años e incluso décadas de servicio dedicados a atender a los ciudadanos y evita el pago de cantidades millonarias, que lastrarían las cuentas públicas”.

 El incumplimiento de la normativa europea sobre abuso de temporalidad ya ha supuesto para España perder 626,6 millones de los fondos Next Generation. Si se llega a una condena del TJUE se sumarían una multa de 6,8 millones fijos más otra multa coercitiva de unos 100.000 euros diarios hasta reformar la ley. A ello además habría que añadir el coste de indemnizar a todas las víctimas si se opta por cesar y compensar a los interinos, en lugar de estabilizarlos en sus puestos.

 El TJUE ya ha dictaminado que, de elegir esta opción, las indemnizaciones deberían ser muy superiores a las máximas fijadas actualmente. Con un coste medio estimado de 33.000 euros por trabajador y el millón de afectados que calculan las plataformas de interinos, la factura ascendería a 33.000 millones de euros. En el caso de Aragón, el coste para las arcas autonómicas de las posibles indemnizaciones derivadas de los ceses rondaría los 660 millones de euros, según las estimaciones de STEPA de que unos 20.000 empleados, un tercio del personal al servicio del Gobierno de Aragón, superan los tres años con contrato temporal.

 

El incumplimiento en Aragón

El sindicato aragonés ha subrayado que la mayoría de comunidades autónomas mantienen tasas de temporalidad superiores al 30%, cuando este índice no debería superar el 8% según la Ley 20/2021, “pero el dato es mucho peor en Aragón, por la nefasta política laboral, tanto con el actual gobierno de Jorge Azcón y el PP, como en la anterior del PSOE”.

Según muestra el último “Boletín estadístico del personal al servicio de la comunidad autónoma de Aragón”, más del 47% de los trabajadores de la DGA tienen contrato temporal. Con datos del 31 de diciembre de 2025, la plantilla autonómica está compuesta por 61.913 trabajadores, 29.233 temporales (47,2%) y 32.680 fijos (52,8%). El boletín no especifica cuántos de estos temporales llevan más de tres años en sus puestos, y por tanto estarían en fraude de ley y deben ser indemnizados, pero STEPA estima que “son más de 20.000 los trabajadores abusados, un tercio de la plantilla total, y la cifra no deja de crecer, ya que inicialmente calculábamos 17.000”.

 “Este boletín estadístico nos muestra una Administración pública al borde del colapso por años de falta de planificación y por unas ofertas de empleo que no han servido para acabar con la temporalidad estructural. El Ejecutivo de Jorge Azcón ha incumplido las leyes, ha mentido reiteradamente y ha incumplido el compromiso recogido en la última Ley de Presupuestos, en 2023, de identificar las plazas susceptibles de sacarse a estabilización”, ha explicado.

 STEPA ha llamado a los responsables políticos nacionales y autonómicos a “escuchar nuestras propuestas y buscar una salida que evite sanciones e indemnizaciones”, y ha recalcado que es preciso “actuar ya porque España debe cumplir la normativa de la UE y detrás de cada estadística de personal en abuso hay personas, vidas y derechos”. Según el sindicato, “el problema del abuso del personal interino en la contratación es un conflicto no resuelto y enquistado con consecuencias directas a las personas y al servicio público”.

 

 “Europa habla de personas”

 “Líneas Rojas Innegociables” subraya que tras once años de procedimiento de infracción –“el expediente más viejo en el cajón de Bruselas”– y el paso de seis ministros por la cartera de Función Pública durante los gobiernos de Pedro Sánchez, “es patente la falta de voluntad política para reparar el abuso sufrido por sus propios empleados, con cientos de miles de personas cesadas sin reparación efectiva”.

 "El Gobierno sigue hablando de temporalidad y estabilización de plazas cuando Europa habla de personas cuyos derechos han sido vulnerados. Nadie cuestiona las figuras temporales legales; lo que denunciamos es el uso durante años e incluso décadas de trabajadores temporales para cubrir necesidades permanentes. Ninguna medida de reparación puede consistir en obligar a la víctima del abuso a competir por conservar el puesto que ha venido desempeñando durante años", han defendido.'

 


 

Fuente: Comunicado de  Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) de 24/09/2026 recibido en APISCAM


 

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5 comentarios:

Anónimo dijo...

Hable, señor ministro llego su turno. ¿Piensan hacer algo?. O pedimos otra prorroga...

Anónimo dijo...

A comerse la prorroga con fatatas, Señor Ministro y ahora ¿¿¿ QUE?? Le van a llover demandas Patrimoniales al Estado, por no hacerle caso al TJUE,"·Una sentencia del TJUE habilita ante un error de cualquier Tribunal Supremo nacional reclamar una indemnización al Estado

Anónimo dijo...

0 credibilidad, España es un país de mangantes y abusadores, da igual el palo que toques, en vivienda, trabajo, sanidad o justicia, y siempre lo será.

Anónimo dijo...

Porque?? Le niegan a un interino el derecho a tener una vivienda digna, Ademas Le niegan poder criar y tener hijos con una vida en Precario, dicen que hay cerca de un millón de estos interinos, mas unos padres y hermanos que no han visto volar en la vida a estas personas por negarles el Gobierno el derecho a tener un trabajo digno, en la misma empresa donde llevan trabajando muchos años, derechos que si les ha reconocido Europa y sus tribunales, con su pan se lo coman los culpables de esta anómala situación, no habrá rendición por parte de estos trabajadores, seguirán peleando hasta que les den sus derechos

Anónimo dijo...

El Sr. Oscár López ya ha sido presentado oficialmente como candidato a la Comunidad de Madrid, y la señora Reyes Maroto como candidata a la alcaldía. A los 2 les dice esta interina abusada madrileña: Vais a perder muchos votos de toda la gente que sufrimos por no poder acceder a la vivienda, pero también os vamos a castigar en las urnas miles y miles de interinas abandonadas a nuestra suerte.