Coto a la privatización de la sanidad

'El Parlamento vota cambiar la ley de Aznar que permite a empresas gestionar hospitales - Revertir los contratos es posible, pero muy caro - Llega un conflicto entre el Estado y autonomías del PP'

'Los teléfonos de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas son un hervidero de conjeturas, alarmas y disquisiciones sobre el significado de la proposición de ley que el Congreso de los Diputados aprobó la noche del martes, a propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa Els Verds, con un vehemente discurso de Gaspar Llamazares. El diputado asturiano, médico de profesión, pidió sin ambages el fin de la presencia de la iniciativa privada en el Sistema Nacional de Salud. La respuesta de interlocutores socialistas es un rotundo no. Ahora bien, sí está en marcha un proceso de revisión muy profundo del uso que se está haciendo de la ley 15/1997 sobre "Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud". Esta revisión es la que ha aprobado el Congreso con los votos de los grupos de IU, ICV, PSOE, BNG, Nafarroa Bai y UPyD. ERC optó por la abstención y PP, CiU y PNV votaron en contra.'

'"No vamos a cambiar la Ley General de Sanidad, pero sí vamos a acotar y clarificar el contenido y las condiciones de los conciertos privados con la sanidad pública debido a los abusos que se están produciendo", aclara la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Grande, que sitúa los abusos "especialmente en Madrid y en Valencia".'


'"El sector privado no tiene nada que temer; en el PSOE y en el Gobierno apostamos por la colaboración y los conciertos entre la sanidad pública y la privada, pero hay modelos de gestión que hay que limitar, mientras que otros no se tocarán", asegura Grande, médica de profesión.'


'En España los modelos de gestión privada se pueden dividir fundamentalmente en dos grupos: de gestión privada y financiación privada. El primer sistema, que algunos no consideran realmente privatizador, supone cambiar la fórmula de gestión de los centros sanitarios públicos de toda la vida para permitir en cierta parte la gestión laboral.'


'Es el caso de algunos hospitales de Andalucía -Hospital de Marbella u Hospital de Costa del Sol-, entes de derecho público que cuentan con personal laboral y no estatutario, y que disponen de otros servicios externalizados, como la tesorería.

También pertenecen a este primer modelo las fundaciones sanitarias que gestionan algunos hospitales en Asturias, La Rioja o Baleares. Una fórmula jurídica pública que se rige por la ley de fundaciones'

'Existe otra fórmula dentro de este primer modelo. Es el de los consorcios, uno de los esquemas más antiguos, con larga tradición en Cataluña. Un esquema mixto, en el que el consorcio es de carácter público pero sus trabajadores pueden no ser funcionarios.

Tres fórmulas basadas en figuras públicas que, para Martín, no suponen la privatización de la sanidad, sino "cambiar la fórmula de administración para permitir la gestión laboral". Sistemas que, según los expertos, no peligrarían con la revisión de la ley.'

'Más alejado de estos modelos de administración pública, está el sistema que supone la privatización de parte o toda la propiedad de los centros sanitarios para que su gestión pase directamente a manos del sector privado, a una empresa o a una agrupación privada. Un esquema que va ganando terreno en España y que comunidades como la Valenciana o Madrid (ambas gobernadas por el PP) han abrazado hasta convertirlo en su bandera. Un estandarte, además, ideológico.

Dentro de este modelo está el de los PCI (Iniciativas de Financiación Privada). La externalización de algunos servicios del hospital o centro de salud (cafetería, lavandería o mantenimiento), pero también su construcción, equipamiento, mobiliario y gestión. "Todos esos elementos, en un paquete, pasan a manos de una empresa a través de un concurso", explica Martín. Un modelo que ya funciona en muchos hospitales de Madrid y alguno de Castilla y León (en Burgos) y Baleares.

En esta línea también, pero con un modelo mucho más radical, está el modelo Alzira. Bautizado así por el hospital La Ribera, un centro de Alzira (Valencia), que el Gobierno valenciano financia desde 1999. Una fórmula de gestión privada completa en manos de empresas. Así, mientras que en los PCI de Madrid los médicos y enfermeras están contratados por la administración, en Alzira todo es privado.'

Son los modelos de los PCI y el de Alzira los que centran la mayoría de las críticas.'

Fuente y noticia completa: El País 26/11/09