1.- Privatización de la actividad sanitaria de seis hospitales (Infanta Leonor, en Vallecas; Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes; Infanta Cristina, en Parla; hospital del Henares, en Coslada; hospital del Sureste, en Arganda del Rey; y hospital del Tajo, en Aranjuez). La medida más polémica del plan se encuentra en suspenso por orden judicial. A principios de septiembre el Juzgado Contencioso Administrativo nº4 de Madrid decretó la suspensión cautelar del proceso, tal y como pedía la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem). Días más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó también la suspensión cautelar de la resolución de la convocatoria pública porque, de no paralizarse, "sería muy difícil, sino imposible, volver a la situación anterior" pudiéndose dar "situaciones jurídicas irreversibles". El proceso de privatizaciones se encuentra, por tanto, en el aire a la espera de que haya sentencia firme, sentencia que podría tardar más de un año en llegar. Asimismo, han de resolverse más de una decena de recursos en varios tribunales.
2.- Privatización de la asistencia sanitaria de Atención Primaria de un 10 por ciento de los centros de salud, dando prioridad a la participación de los profesionales sanitarios que quieran constituir sociedades. En un principio la medida iba a afectar a 27 centros de salud pero más adelante, por falta de ofertas, el Gobierno anunció que se comenzaría por la 'externalización' de tan solo cuatro (sin especificar cuáles). Así, Sanidad comenzaría por cuatro ambulatorios "en septiembre u octubre" para, en una fase posterior y en función de los "buenos resultados" esperados, realizar nuevas convocatorias. Los equipos directivos de más de la mitad de centros de salud de la región firmaron una carta de dimisión que se haría efectiva en el momento de materializarse el cambio de gestión. A 30 de septiembre aún no se sabe ni qué centros de salud ni cuándo se verán afectados.
3.- Privatización de los servicios no sanitarios (limpieza, cocina, lavandería, almacenes y mantenimiento).- Esta medida se ha llevado a cabo en parte. El 1 de agosto el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la centralización y privatización de los servicios de lavandería de ropa hospitalaria para los centros dependientes directamente del Servicio Madrileño de Salud, con la que calculó un ahorro de 34 millones de euros. Por otra parte, la privatización de la limpieza (que incluía a todos los hospitales de gestión pública menos el Gregorio Marañón, el de Getafe, el Rodríguez Lafora, el de Guadarrama y el Virgen de la Poveda) fue adjudicada a las empresas Clece S.A. y Ferroser Servicios Auxiliares S.A. Para el resto de contratos aún no se ha convocado el concurso público.
4.- Transformación de La Princesa en un hospital especializado en geriatría.- La fuerte presión de los trabajadores y pacientes de este hospital, que hicieron piña desde el principio, provocó que el Gobierno regional diera marcha atrás a esta medida. Incluso la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, firmó "contra el desmantelamiento" del centro.
5.- Transformación del Carlos III en un hospital para pacientes crónicos, de media y larga estancia.- La 'lucha' de los trabajadores de este centro no tuvo el mismo éxito. Aunque no se ha convertido en centro monográfico, se acordó que La Paz asumiría sus servicios punteros (ha sido hasta ahora referente por sus consultas del viajero, vacunación internacional y especialización en enfermedades tropicales, así como su unidad de adopción internacional o las consultas en Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), atención a pacientes afectados de VIH, de hepatitis víricas y en riesgo cardiovascular). La idea es que, aunque queden consultas externas, los pacientes hospitalizados solo sean crónicos, tal y como planteaba la Consejería de Sanidad. A día de hoy el hospital sigue funcionando como el año pasado, aunque el personal está "intranquilo" y a la espera de saber cómo se va a concretar el proceso finalmente.
6.- Reducción del gasto medio por receta farmacéutica.- Esta medida sí se ha puesto en marcha, habiéndose ejecutado mediante la compra centralizada de medicamentos, negociaciones directas con proveedores, auditorías en el uso de medicamentos en los hospitales concertados o la revisión de precios en las compras descentralizadas. Sanidad estima que al término de 2013 el ahorro derivado de esta medida ascenderá a 32 millones de euros. Además, promete que en 2014 todas las farmacias tendrán acceso a la receta electrónica, lo que contribuirá a la reducción del gasto. Esta promesa viene coleando desde 2007.
7.- Implantación de la tasa de un euro por receta.- Se llevó a cabo, pero no estuvo ni un mes en vigor. Igual que sucediera en Cataluña, el Tribunal Constitucional decretó su suspensión hasta que haya sentencia firme. El recurso contra esta medida fue presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy al entender que se vulneraba el principio de igualdad de los ciudadanos en función de la comunidad autónoma donde residieran.
8.- Incremento de las actividades de la central de compras.- Este órgano administrativo colegiado fue creado en verano de 2012 y está adscrito al Servicio Madrileño de Salud. Actúa en la adquisición de bienes y servicios declarados de compra centralizada por el titular de la Consejería competente en materia sanitaria. La medida se puso en marcha en enero, cuando la Comunidad aprobó la centralización de la compra de productos sanitarios y la contratación de servicios, con un ahorro previsto de 150 millones de euros.
9.- Aplazamiento de la apertura del hospital de Collado Villalba.- Este nuevo hospital, cuya gestión fue adjudicada a IDC Salud (antes Capio Sanidad), sigue cerrado y sin fecha prevista de apertura.
10.- Reordenación de horarios.- Esta medida se ha materializado en la supresión de las 'peonadas' (jornadas 'extra' para el turno de tarde). El Gobierno quería que los profesionales trabajasen por la tarde para llevar a cabo pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas o consultas, "pero no como algo extraordinario y que conlleva un sobrecoste, sino como parte de una jornada laboral normal". A día de hoy no se dan, salvo en procesos no rutinarios, este tipo de actividades en los centros hospitalarios por la tarde.
11.- Jubilación forzosa de profesionales de más de 65 años.- Se llevó a cabo. Con fecha de 15 de mayo, Sanidad jubiló de manera obligada a 455 médicos justificado por un ahorro cercano a los 40 millones. La jubilación se notificó por carta y con tan solo quince días de antelación. Fue tan inminente que a muchos facultativos no les dio tiempo a tomar los días libres que les quedaban y tuvieron que cobrarlos.
12.- Concentración de laboratorios.- El plan de ahorro sanitario contemplaba concentrar "en un número reducido de hospitales la mayor parte de los procesos de laboratorio de rutina". Sin embargo, los profesionales de los laboratorios presentaron un plan alternativo que fue aceptado por la Consejería. Este nuevo sistema contempla, por ejemplo, realizar en los laboratorios públicos pruebas que antes se derivaban a centros privados o realizar pruebas no rutinarias en cuatro hospitales.
13.- Concentración de la complejidad.- Esta medida contemplaba concentrar los procesos complejos médicos en pocos hospitales para hacer más eficientes los recursos. De momento, no se ha realizado.
Otras medida, que no se anunciaba en el plan pero sí se ha llevado a cabo, fue el cierre el 31 de diciembre del año pasado del Instituto de Cardiología, pequeño hospital que funcionaba desde hace seis décadas en Ciudad Universitaria y estaba especializado en enfermedades cardiovasculares. El Gobierno regional calculó un ahorro de 8,7 millones de euros al presupuesto sanitario con este cierre. Su personal fijo fue reubicado en otros hospitales.
La semana pasada el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, reconoció que "el proceso de 'externalización' no está finalizado en absoluto" y que la paralización del proceso por parte de los tribunales "significa un perjuicio para los ciudadanos y para la sociedad, porque no estamos pudiendo desarrollar una medida que significa un ahorro, y mientras tanto el tiempo corre". El responsable de Sanidad culpabilizó de la situación a la "maraña de recursos" presentada "por intereses sindicales, políticos y corporativos".'
Fuente: Madridiario 01/10/2013
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