Los últimos años de crisis económica
con la congelación de las ofertas de empleo público han llevado al
incremento de los contratos temporales y en muchos casos contratos
precarios.
CSI·F cifra en más 80.000 los trabajadores
que actualmente vienen desempeñando sus funciones en las distintas
administraciones con contratos en plazas estructurales y dotadas
económicamente, por lo que podrían ser susceptibles de aplicación del
criterio del Tribunal Supremo.
CSI·F está a la espera de que se
publique la sentencia y conocer exactamente los términos en los que
podrían acogerse los trabajadores afectados, ya que al tratarse de una
sentencia del Tribunal Supremo tiene efectos sobre todas las
administraciones y todo el territorio nacional.
Desde el Area de Accion Sindical
junto con la Asesoría Jurídica Nacional de CSI·F se coordinarán las
actuaciones y gestiones de estas reclamaciones.
CSI·F pone a disposición de
todos aquellos empleados públicos que puedan estar afectados por esta
sentencia sus asesorías jurídicas a fin de ser informados de sus derechos, una vez que hayamos analizado la sentencia en cuestión.'
Fuente: Nota de CSI-F de 12/05/2016 recibida en APISCAM
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