lunes, 19 de octubre de 2026

Recordatorio. Respuesta del Gobierno del Estado a la pregunta de SUMAR sobre qué actuaciones prevé adoptar ante el Dictamen Motivado de la Comisión Europea en los procedimientos de infracción sobre empleados públicos temporales: se limita a repetir frases genéricas de respuestas a preguntas anteriores sobre abuso de temporalidad ("los procesos de estabilización han permitido adjudicar 419.756 plazas", "la ley 20/2021 introdujo límites claros a la duración de la temporalidad y mecanismos de control y responsabilidad"; "marco" de diálogo permanente con las instituciones europeas" y "respeto al ordenamiento jurídico nacional y de la UE").

 [Recordatorio de entrada publicada el 06/10/2026 en este blog]

Se ha publicado la respuesta del Gobierno de 23/09/2026 a la pregunta que  presentó el Grupo SUMAR el 30/06/2026 (nº expdte 184/041211 ), con  título "Medidas previstas para poner fin al abuso de la temporalidad en el empleo público, garantizar la reparación adecuada de las personas afectadas y asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en el marco de la Unión Europea".

El  texto literal de la (doble) pregunta de SUMAR concretaba bastante más la pregunta y en concreto era:

  • ¿Qué actuaciones prevé adoptar el Gobierno para dar cumplimiento a los dictámenes motivados emitidos por la Comisión Europea el 29/04/2026 en los procedimientos INFR (2014) 4334 e INFR (2024) 4224, relativos al abuso de temporalidad y a la discriminación del personal temporal en el empleo público y evitar su remisión al Tribunal de Justicia de la UE?

  • ¿Qué acciones prevé [...] para cumplir con la Carta Social Europea  tras el registro oficial y traslado al Gobierno de España de la reclamación colectiva nº 261/2026 respcto a garantizar la estabilidad en el empleo, establecer una indemnización adecuada y otra reparación apropiada frente al cese o despido  del personal temporal abusado y corregir la situación de discriminación directa por  razón de sexo en el empleo público temporal?

La contestación del Gobierno literalmente ha sido:

"En relación con la pregunta de referencia, se señala que la reciente sentencia del  Tribunal de Justicia de la Unión Europea se enmarca en la interpretación de la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE en relación con supuestos concretos, 

sin que en ningún caso suponga la anulación de la normativa española vigente ni la invalidez de las reformas adoptadas en los últimos años en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público. 

En este sentido, las medidas impulsadas por el Gobierno de España, como la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, continúan plenamente vigentes y han permitido establecer un marco normativo reforzado para prevenir y corregir situaciones de abuso. 

Los procesos de estabilización han permitido adjudicar 419.756 plazas, como resultado del mayor esfuerzo de consolidación de empleo público realizado en España y como medida de impacto estructural en términos de estabilidad y seguridad jurídica. 

Estas actuaciones se han acompañado de la introducción de límites claros a la duración de la temporalidad, mecanismos de control y responsabilidad en su utilización, y una planificación reforzada de recursos humanos.

El Gobierno mantiene un compromiso firme con la mejora continua del modelo de la función pública española, en todos los niveles administrativos, mediante el diálogo permanente con las instituciones europeas y en el marco del respeto al ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea."


Nótese que esta respuesta se ha limitado a extraer algunos párrafos y frases de la respuesta  que dio Gobierno a la pregunta de PP sobre qué actuaciones preveía adoptar ante la sentencia del Tribunal de Jusitcia de la UE asunto Obadal del 14/04/2026. sobre empleados públicos temporales: Los procesos de estabilización han permitido adjudicar 419.756 plazas, la ley 20/2021 introdujo límites claros a la duración de la temporalidad y mecanismos de control y responsabilidad; diálogo permanente con las instituciones europeas y respeto al ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea.

En especial, la respuesta hace caso omiso a detallar algo sobre el tema central de la pregunta: el procedimiento de infracción INFR(2014)4334 de la Comisión Europea contra España , por el que el pasado 29 de Abril  emitió Dictamen Motivado concluyendo que en España- precisamente en base a la sentencias del TJUE en cuestiones prejudiciales como la entonces reciente del asunto Obadal- no hay medidas válidas de sanción al abuso de temporalidad pública,  y que si España no aprobara normativa correctora en el plazo de dos meses, la Comisión Europea podría tomar la decisión d lleva al país ante el  Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un recurso de incumplimiento.  

Llegado el fin del plazo, el Gobierno español informó que había solicitado una prórroga de 9 meses mientras consensuaba medidas con las CCAA y la FEMP en reuniones de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, que precisamente, se reunió el pasado 24/09/2025 y 25/09/2025, informando el Gobierno que se había avanzado en un primer documento de trabajo que solucione la problemática de la temporalidad en el sector público", del que no se hace mención alguna en esta respuesta.

Por otro lado,  responsables de la Comisión Europea en España se reunieron con empleados públicos en abuso de temporalidad el mismo 24/09/2026y les  avanzaron que la CE no va a conceder prórroga a España en el procedimiento de infracción por falta de medidas válidas de sanción al abuso de temporalidad pública 

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17 comentarios:

Anónimo dijo...

Lopez te vas a cubrir de gloria

Anónimo dijo...

No voy a votar a nadie en la pxxx vida.

A ver si hay suerte y pasa como en Francia y sale fuego de cierto tribunal prevaricador.

Anónimo dijo...

Francia, espejo roto: Antes o después de las elecciones: ésa es la única duda sobre el contagio a España de la revuelta de violencia urbana... PP, PSOE, Oscar, López, Feijoo, Ayuso o los que vengan... Estad preparados. Ya pueden empezar a contratar mas interinos policías.

Anónimo dijo...

Ayuso considera «irrealizables» las exigencias de la huelga educativa: 328 colegios nuevos y 13.600 docentes más
La presidenta madrileña ha denunciado los incidentes registrados durante las movilizaciones: «Han colapsado las calles de manera muy violenta».

Anónimo dijo...

Cada vez son mas tontos y están menos preparados, son muñecos que bailan al son de los poderosos, los que dirigen verdaderamente a 20 o 30 años vista. En un par de generaciones el desarrollo se corta. Somos conscientes. Lo saben ellos y lo sabemos nosotros.
Cualquiera de los acampados en Sol tiene más estudios, valores, coherencia y vergüenza que los que nos están gobernando.
Precarizalos con malos sueldos, sin opción a vivienda, no podrán tener hijos porque a duras penas se mantienen ellos, así pasarán por el aro si o sí por muy pequeño que sea. Reduce sus estudios, su ilusión y esperanzas, hazlos esclavos, otra vez.

Anónimo dijo...

¿De cual? Porque con el nombre de "Tribunal" no se salva ninguno 😡

Anónimo dijo...

Y muchos de nosotros

Anónimo dijo...

Artículo 32. Principios de la responsabilidad

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.

b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.

Anónimo dijo...

4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.

b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.

c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Anónimo dijo...

Un Superior Contencioso dice esto. Y luego no hace nada.
** La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de fecha 11 de
mayo de 2026, de conformidad con la sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026 (asunto Obadal), argumenta
que la contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un
procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite
que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad
porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el
acceso al empleo público de los restantes ciudadanos.
En sus sentencias del Pleno de la Sala Social (como las de 11 de mayo y 30 de junio de 2026), el Tribunal
Supremo reitera que convertir a un interino o temporal en fijo sin superar un concurso público vulnera los
principios constitucionales de acceso al empleo público.
**

Conviene reparar al respecto que en ella no se dice que la conversión en funcionario de carrera
o equiparable sea una medida exigida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco, sino que puede serlo, pero siempre
que no se oponga a ella el Derecho nacional. E importa destacar que, en el caso de España, el impedimento que
advertimos no es de mera legalidad sino de constitucionalidad.
En efecto, admitir la conversión pretendida supondría, no ya una decisión contra legem, sino contra
Constitutionem. Vulneraría elementos esenciales de la configuración de la función pública dispuestos por el
constituyente, centrales en su operatividad que, además, se integran en los derechos fundamentales de los
aspirantes a acceder al empleo público y han sido asumidos por la conciencia social como rasgos distintivos de
dimensión subjetiva de las Administraciones Públicas. En consecuencia, debemos mantener la jurisprudencia
sentada al respecto, pues, como acabamos de decir, no contraría la interpretación del Acuerdo Marco que
acompaña a la Directiva 1999/70/CE mantenida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ."

Anónimo dijo...

Con base en lo anterior, termina la Sentencia citada dando la siguiente respuesta a las cuestiones de interés
casacional que determinaron la admisión del recurso que resuelve: "De acuerdo con lo dicho hasta aquí, las
respuestas a las cuestiones que nos ha sometido el auto de admisión han de ser las siguientes: (i) la apreciación
del uso abusivo de los nombramientos temporales exige la comprobación de que se reiteran o prolongan para
cubrir necesidades no permanentes o estructurales; (ii) es contrario a la Constitución convertir en funcionario
fijo o equiparable a quien haya recibido nombramientos temporales abusivos; (iii) el afectado por el abuso, de
ser cesado fuera de los supuestos previstos legalmente para la terminación de la relación de servicio temporal,
tendrá derecho a ser repuesto hasta tanto el puesto de trabajo desempeñado se cubra por funcionario público
o se amortice; (iv) quien haya sido objeto de nombramientos temporales abusivos, si acredita haber sufrido
perjuicios por esa causa, tendrá derecho a ser indemnizado en medida proporcionada a ellos o, en su caso, en
la que establezca el legislador."
Sentado lo anterior no podemos por menos que, a mayor abundamiento, señalar otro hito judicial relevante,
si bien, con limitado alcance en lo que a la jurisdicción contencioso administrativa se refiere ya que esta
pensando en los contratados públicos laborales . La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de fecha 11 de
mayo de 2026, de conformidad con la sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026 (asunto Obadal), argumenta
que la contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un
procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite
que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad
porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el
acceso al empleo público de los restantes ciudadanos.
En sus sentencias del Pleno de la Sala Social (como las de 11 de mayo y 30 de junio de 2026), el Tribunal
Supremo reitera que convertir a un interino o temporal en fijo sin superar un concurso público vulnera los
principios constitucionales de acceso al empleo público.
En fin, en lo nuclear , el estado de cosas sigue igual , de modo que no procede estimar ninguno de los
pedimentos

Anónimo dijo...

Resumido. No vayais a un juzgado ni jartos....

Anónimo dijo...

Espejo roto, pero espejo al fin y al cabo donde seguir mirándonos como ciudadanos.

Me gusta más cualquier trozo, por pequeño que sea de ese espejo europeo que el nuestro, siempre manchado, antiguo, convexo, con fallos en el acabado para que la imagen que recibas sea distorsionada, donde por mucho que nos esforcemos siempre reflejará el esperpento por el mero hecho de ser español.

Anónimo dijo...

López ya se ha cubierto de gloria al igual que sus antecesores y todas las administraciones públicas españolas desde hace 26 años.

Anónimo dijo...

Pero ¿Qué dice el contencioso administrativo si aprobaron el proceso selectivo sin plaza en origen y luego estuvieron en abuso?

Anónimo dijo...

Y dale!! Que yo prefiero lo del príncipe nigeriano que necesita un dinero para rescatar su fortuna y lo compartirá conmigo. Te lo juro por el pan duro😁😂

Anónimo dijo...

Hace tontos es este Lopez