Se ha publicado la respuesta de w7/05/2026 del Gobierno a la pregunta presentada el 20/04/2026 por el Grupo Parlamentario Popular sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del día 14/04/2026, así como medidas previstas y calendario para corregir de forma efectiva el abuso estructural de la temporalidad en el empleo público. ( nº expdre 184/037745):
"La reciente sentencia del Tribunal Supremo, núm. 475/2026, de 11 de mayo, confirma la doctrina ya asentada y aplicada por el Gobierno de España respecto a los principios de igualdad, mérito y capacidad como pilares constitucionales que garantizan el acceso al empleo público y, como ya había dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no impone a España la obligación de convertir en fijos a los trabajadores con contrato temporal.
Además, la sentencia del TJUE se enmarca en la interpretación de la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE en relación con supuestos concretos, sin que en ningún caso suponga la anulación de la normativa española vigente ni la invalidez de las reformas adoptadas en los últimos años en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público.
En este sentido, cabe señalar que las medidas impulsadas por el Gobierno, como la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, continúan plenamente vigentes y han permitido establecer un marco normativo reforzado para prevenir y corregir situaciones de abuso.
Los datos disponibles acreditan que la reforma es efectiva. Desde 2023 la tasa de temporalidad en el empleo público ha experimentado una reducción sostenida, pasando de niveles cercanos al 39 % a cifras en torno al 32,78 %, con una tendencia descendente.
Asimismo, los procesos de estabilización han permitido adjudicar 419.756 plazas, como resultado del mayor esfuerzo de consolidación de empleo público realizado en España y como medida de impacto estructural en términos de estabilidad y seguridad jurídica.
Estas actuaciones se han acompañado de la introducción de límites claros a la duración de la temporalidad, mecanismos de control y responsabilidad en su utilización, y una planificación reforzada de recursos humanos.
El Gobierno mantiene un compromiso firme con la mejora continua del modelo de la función pública española, mediante el diálogo permanente con las instituciones europeas y en el marco del respeto al ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea.
Por último, debe destacarse que la respuesta a esta materia se articula en un marco de cooperación interadministrativa, a través de órganos como la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que participan todas las Administraciones Públicas.
Este foro permite abordar de manera conjunta las actuaciones necesarias para seguir avanzando en la reducción de la temporalidad y en la mejora de la calidad del empleo público, garantizando al mismo tiempo la seguridad jurídica, la adecuada prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea."
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