'La Comunidad de Madrid ha solicitado hoy ante la sala
contencioso administrativo de la Audiencia Nacional medidas cautelares contra la
Orden comunicada por el Ministerio de Sanidad para aplicar restricciones de
movilidad y actividad en diez municipios de más de 100.000 habitaciones. Lo ha
hecho al considerar que existe una “invasión de competencias” exclusivas del
Ejecutivo regional mediante la “utilización torticera” del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.
A juicio del Ejecutivo autonómico, este órgano adoptó una decisión careciendo
del preceptivo consenso, lo que determina que la resolución aprobada sea
jurídicamente nula. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López,
ha explicado hoy en rueda de prensa con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, que la Comunidad de Madrid presentará, además, un recurso ante la
Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que genere “seguridad
y certidumbre” a los ciudadanos en el futuro.
De momento, y partiendo de un “principio de prudencia”, el Ejecutivo regional
acatará la Orden ministerial “por responsabilidad” y para poner fin al “caos”
generado por el Gobierno de España. Esta nueva normativa que recoge medidas
de restricciones para diez municipios de más de 100.000 habitantes entrará en
vigor a partir de las 22:00 horas de hoy, tras su publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid (BOCM).
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS
En su escrito, el Ejecutivo regional considera, además que, a través del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad asumió una
competencia que no le correspondía y que afectaba a la adopción de medidas
sanitarias, una capacidad exclusiva de la Consejería de Sanidad. Estas medidas
suponen limitaciones de derechos fundamentales que, en cualquier caso, deben
respetar principios de utilidad y proporcionalidad, y que, a juicio de la Abogacía
General, son propias de un estado de alarma.
Se trata, además, de una “agresión” que genera un impacto económico que puede
suponer la pérdida de 8.000 millones de euros y la destrucción media semanal de
18.000 empleos, un daño que, en cualquier caso, la Comunidad siempre ha
supeditado a las necesidades de Salud Pública, defensa del interés público y la
protección de la salud.
Como señala el escrito, las medidas puestas en práctica por la Comunidad de
Madrid en distintas Zonas Básicas de Salud ya perseguían estos objetivos, lo que
se ha traducido en la reducción del impacto del virus de hasta el 50% en algunas
de las áreas sanitarias donde se han aplicado.
Asimismo, la Orden comunicada por el Ministerio, al ampliar su ámbito de
aplicación, puede resultar contraproducente en términos de prevención de la
propagación del virus, entiende el Gobierno.
“NO ES UN RECURSO PARA SALTARSE LAS LEYES”
En definitiva, como ha indicado López, el recurso que se presenta no es un escrito
“contra el funcionamiento del Estado de Derecho, ni para cambiar la Constitución,
ni para saltarse las leyes”. “Es un recurso para defender el Estado de Derecho,
para cumplir con el bloque de constitucionalidad y para defender las leyes que el
Ministerio de Sanidad se está saltando”, ha señalado el consejero.
Según ha añadido el titular de Justicia, se trata de un “acto legítimo y responsable,
que es leal con el Estado y coherente con nuestra obligación de defender y
proteger a los ciudadanos de Madrid, que se merecen certidumbre y no zozobra”.'
Fuente: Nota de Prensa de la Comunidad de Madrid de 02/10/2020
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