'Las últimas declaraciones del ministro Iceta no dicen nada nuevo respecto a otras declaraciones públicas. Centra su discurso en el acceso a la función pública y no a la sanción al fraude en la contratación temporal, y en base a esta falacia, pretende reducir la tasa de temporalidad al 8%, sometiendo al personal temporal abusado a unos procesos selectivos, según él, para garantizar los principios constitucionales de acceso a la función pública. Lo que no dice es que el personal temporal abusado ya accedió a la función pública cumpliendo esos principios y que un proceso selectivo no es sanción al fraude cometido.
Las consecuencias de esta decisión, que será plasmada en la próxima reforma del EBEP, lejos de solucionar el problema de la temporalidad en la Administración, va a suponer el despido libre y gratuito de casi un millón de trabajadores y trabajadoras del Sector Público, porque los procesos de estabilización están destinados a estabilizar plazas y no a las personas que las ocupan.
