La aplicación AP-Madrid se encargó hace seis años para modernizar el sistema anterior, que era el que usaban los médicos, personal de enfermería y de administración de todos los centros de salud desde mediados de los noventa. El antiguo sistema de gestión clínica, llamado OMI-AP, no estaba centralizado. Los datos de los pacientes se almacenaban en cada centro de salud. AP-Madrid, en cambio, es una única base de datos a la que se conectan los ambulatorios, lo que facilita las operaciones. La aplicación también permite el acceso de los pacientes a través de un portal web para, por ejemplo, pedir cita previa.
El nuevo contrato de servicios que se publicó el 14 de agosto en el Boletín Oficial tiene por objeto el “mantenimiento y soporte” del sistema AP-Madrid durante dos años. El importe de licitación es de 1,8 millones; el valor estimado del contrato sube hasta los tres millones. El criterio de adjudicación es el mejor precio. Con este nuevo contrato, la implantación y el desarrollo de esta aplicación suma ya 16,4 millones de euros, desglosados así: 10,8 millones para la dotación del software y 3,8 millones para la implantación en los centros, a los que se sumarían los 1,8 actuales.
La larga y desafortunada historia de este programa de gestión de historias clínicas ha cumplido ya seis años en los que ha ocurrido de todo: caídas del sistema, paralización de la implantación, desarrollo de nuevas versiones para corregir errores... La Consejería de Sanidad, entonces en manos de Manuel Lamela, recordado sobre todo por el escándalo de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa (Leganés), adjudicó el concurso de gestión del sistema AP-Madrid a la empresa española Stacks en julio de 2006 por un importe de 6,3 millones de euros. A los pocos meses, una multinacional francesa, Cegedim, cuya especialidad consistía en almacenar, elaborar y vender datos a la industria farmacéutica, compró Stacks. Una operación polémica, puesto que se trataba de los datos personales de más de seis millones de madrileños (dolencias, medicamentos prescritos, quién se los receta...). Izquierda Unida llevó la cuestión a la Asamblea de Madrid: preguntó si la confidencialidad de esos datos estaba garantizada al estar en manos de una empresa privada.
La Cámara también trató en marzo de 2007 los retrasos de la receta electrónica y de las otras aplicaciones de la e-sanidad. El grupo socialista preguntó al consejero de Sanidad si había penalizado a la empresa adjudicataria por no cumplir el contrato, que estipulaba que el sistema debía estar implantado al 50% en diciembre de 2006 y al 100% para abril del año siguiente. Lamela contestó que no constaba "ningún incumplimiento por parte de la empresa Stacks". Y sentenció: "La historia clínica centralizada va a ser una realidad en esta legislatura". El tiempo le quitó la razón. Acabó esa legislatura, y también la siguiente, y Madrid fue asentándose en el vagón de cola de las regiones españolas que carecen de receta electrónica.
La historia continuó siendo accidentada. En el primer semestre de 2007 Sanidad hizo un pilotaje del sistema en tres centros de salud (Parque Coimbra, Arroyomolinos y Perales del Río). No funcionó. Se detectaron muchos problemas. Tantos que incluso se tuvo que encargar una auditoría funcional el año siguiente. En junio de 2009 Madrid aún no tenía ni historia clínica centralizada, ni receta electrónica ni cita por internet en toda su red, y desde luego tampoco tenía instalado AP-Madrid. En septiembre de 2009 Sanidad tuvo que contratar a otra empresa, Everis, por 2,4 millones (el contrato se prorrogó y acabó costando 1,4 millones más) para acelerar la implantación.
En abril de 2010 los errores de la aplicación, que ya estaba implantada en uno de cada diez centros, obligaron a Sanidad a paralizar el proceso y a cancelar el calendario previsto (cuatro centros nuevos a la semana hasta alcanzar toda la región). Los médicos denunciaban problemas para prescribir recetas y volantes. Poco antes, en marzo, se produjo una gran caída del sistema -y otras de menor envergadura- que obligó a los profesionales a volver a usar papel y boli para trabajar. Los facultativos, a través de sus asociaciones e incluso del Colegio de Médicos, se quejaron a la Consejería de Sanidad o manifestaron su preocupación. Ni Stacks-Cegedim ni Everis han sido penalizados por los retrasos ni por los errores, según confirma la Consejería de Sanidad.
Madrid es de las últimas comunidades autónomas en las que aún hay que ir al centro de salud a por recetas en papel. En 2007 se anunció la extensión de la receta electrónica, pero la región va muy retrasada en la implantación de este sistema que descongestiona las consultas y ahorra a los pacientes visitas innecesarias a los ambulatorios. El entonces consejero Lamela anunció un mes antes de las elecciones autonómicas de 2007 un proyecto de prueba piloto y “la implantación progresiva de la receta electrónica en toda la región a lo largo de este año”. El último programa electoral del PP también la menciona. A principios de este año el Gobierno regional decidió resucitar la implantación de la receta electrónica mediante un proyecto piloto en las farmacias de San Martín de la Vega, tal y como adelantó EL PAÍS.'
Fuente y noticia completa: El País 17/10/2012
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