'La séptima edición celebrada ayer, estuvo dedicada a la “Privatización
de la Sanidad en Madrid, aspectos médicos y legales”. En la primera
mesa redonda, participaron el doctor Francisco José Sáenz Martínez,
médico de familia en Arganda del Rey y expresidente en Madrid de la
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el doctor
Carlos Lozano Trotonda, jefe de Servicio de Análisis Clínico del
Hospital Santa Cristina y vocal de la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas (FACME), y la doctora Ana Sánchez Atrio,
jefa de Sección de Reumatología del Hospital Príncipe de Asturias y
vicepresidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid.'
[..] 'Uno de los participantes, Juan Oliva, presidente
de la Asociación de Economía de la Salud (AES), señaló que en nuestro
país, aunque llevamos dos décadas de ensayos de distintos tipos de
colaboración sanitaria público-privada, hasta ahora no se ha evaluado
nunca. Otros países que sí se han tomado esa molestia, son las únicas
referencias para el proceso iniciado en Madrid por el Gobierno de
Ignacio González, de privatizar seis hospitales y 27 centros de salud.
Oliva señaló que en el Reino Unido, el análisis de 146 casos de
iniciativa privada para la sanidad pública durante los últimos diez
años ha permitido apreciar que: el coste es mayor; no existe
transferencia real de riesgos (si las empresas tienen pérdidas, se las
rescata o se las amplía las condiciones de los contratos); los
pacientes de gestión pública tienen patologías más complejas que los
derivados a las concesiones de gestión privada; y que lo único que ha
funcionado es la introducción de elementos de competencia, que ha
mejorado los parámetros de calidad de los centros dependientes del
servicio nacional de salud inglés (National Health Service). '
'El doctor Sáenz Martínez se mostró
contrario al “pensamiento único” e indicó que la respuesta al tsunami
provocado por el presidente de la Comunidad, Ignacio González, con su
anuncio de privatización de la Sanidad ha sido una sucesión de “mareas
blancas” de repulsa, pero que cualquiera que tenga conocimientos
marineros sabe que las mareas no son adecuadas para navegar. En su
opinión hay que buscar formas de avanzar, pero las respuestas dadas
desde “plataformas” han sido excluyentes en aras de la unidad, asimismo
resaltó que el comportamiento de AMYTS en la Mesa Sectorial de Sanidad
ha resultado ejemplar en la defensa de los médicos. Desde su punto de
vista, la atención primaria pública de Madrid es de una alta calidad y
no debe recelar de compararse con una atención primaria gestionada por
entidades de base asociativa, siempre y cuando no se toquen los
derechos de los trabajadores.
Para el doctor Lozano Trotonda, la postura de
FACME es necesariamente compleja porque los conflictos de intereses
hacen que la Sanidad sea complicada. Desde su experiencia personal como
jefe de Análisis Clínico de un hospital, indicó que el proceso
privatizador ya se inició en 2007 con la privatización de la central de
laboratorios para los nuevos hospitales; y que ellos se revolvieron en
aquella ocasión contra esa opción, lo mismo que el conjunto de la
Sanidad lo está haciendo ahora y con los mismos resultados: no han
conseguido nada. No obstante –añadió- una iniciativa de los jefes de
Servicio de Laboratorio de los Hospitales a la Consejería
comprometiéndose a alcanzar los ahorros que ellos buscaban, sí está
llegando a buen puerto, en la medida que parte de la implicación
directa de los profesionales en la gestión.' [...]
'
La doctora Rosa Guardiola repasó el marco
jurídico que ha posibilitado la actual situación de privatización, se
centró en la Ley 8/2012, de Acompañamiento a los Presupuestos de la
Comunidad de Madrid de 2013, e indicó que la situación del personal de
los hospitales y centros que se van a privatizar será la siguiente: el
personal fijo del Sermas será reubicado en otros centros aplicando la
movilidad que impondrá la Consejería de Sanidad según el Plan de
Ordenación de Recursos Humanos, que fue presentado en la Mesa Sectorial
y rechazado por AMYTS; también puede darse la circunstancia de que ese
personal fijo permanezca en sus puestos de trabajo en las condiciones
laborales que le imponga la empresa adjudicataria, circunstancia en la
que pierde su régimen estatutario. El personal estatutario temporal
será amortizado y despedido sin indemnización, y el personal laboral
resultará extinguido por causa de fuerza mayor con una indemnización de
ocho días por año trabajado. En opinión de Guardiola, la defensa de
estos profesionales se debe iniciar con la impugnación de los pliegos
de condiciones de las adjudicaciones, puesto que la normativa española
impide abordar acciones judiciales a futuro. También indicó que la
situación es muy complicada y que será necesario ser extremadamente
cautelosos.
La doctora Mónica Domínguez, encargada de
señalar si el proceso de privatización disponía de suficiente base
legal, vertió un jarro de agua fría sobre los asistentes indicando que,
en efecto, la Comunidad de Madrid dispone de las herramientas jurídicas
para llevar adelante su proceso, máxime –señaló- cuando un único
antecedente que fue la impugnación sobre el Hospital de Alzira llegó al
Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que validó como legítima la
concesión. No obstante, añadió, que tanto en este caso como en algunos
que han sido abordados tangencialmente por el Tribunal Constitucional,
la consideración de que esta gestión privada no ponía en riesgo el
sistema público, se producía por la excepcionalidad o el poco número de
iniciativas de gestión privada. Es posible, indicó, que si los casos de
gestión privada (indirecta) se generalizaran, el Tribunal
Constitucional tendría que pronunciarse, siempre y cuando se planteara
el correspondiente recurso de inconstitucionalidad por los legitimados
para hacerlo (Gobierno central o autonómicos, Cortes Generales o
parlamentos autonómicos, 50 diputados o senadores; el Defensor del
Pueblo, o un órgano judicial).'
Fuente y texto completo: AMYTS 15/03/2013
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