'Los empleados públicos volverán a soportar en sus nóminas parte del
ajuste que el Gobierno tiene que realizar en las cuentas públicas el
próximo año. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
comunicó ayer a los sindicatos de funcionarios que volverá a congelar
por cuarto año consecutivo el sueldo de todos los trabajadores públicos
(funcionarios, personal laboral, interinos y eventuales) en los
Presupuestos de 2014 que hoy se presentan en el consejo de ministros. La
congelación del sueldo de los funcionarios supone una nueva pérdida de
poder adquisitivo que se suma a la que sufren asalariados privados y
pensionistas en un proceso de devaluación interna que el Gobierno está
aplicando como receta frente a la crisis.
Los funcionarios acumulan recortes en sus salarios y en sus derechos
desde que estalló en 2010 la crisis de la deuda en los países
periféricos e impactó de lleno sobre España. En aquel año, el anterior
Gobierno socialista comenzó la oleada de recortes y rebajó un 5% de
media el salario base de los empleados públicos. Desde entonces las
nóminas de los trabajadores al servicio de la Administración no se han
actualizado al ritmo del IPC por lo que han perdido poder adquisitivo.
El aumento de los precios entre 2010 y 2013 ha sido del 7,3%. Si a
esto se añade el IPC previsto para el próximo año, en el 1,5%, y la
bajada salarial de 2010, el poder adquisitivo de los empleados públicos
ha caído en torno al 15% desde 2010. Aunque la pérdida real es mayor
porque en este periodo han subido todos los impuestos (retenciones de
IRPF y tipos de IVA) y el dinero que les queda para gastar a final de
mes se ha reducido sensiblemente. El cálculo de los sindicatos varía
entre el 20% que estima UGT y el 30% de pérdida que defiende CSIF.
A esta merma en la remuneración se une la supresión de la paga extra de
diciembre del año pasado, equivalente a una rebaja del 7%. El Gobierno
la suspendió bajo el compromiso de devolverla a partir de 2015 mediante
una transferencia en el fondo de pensiones siempre que la economía lo
permita. Pero las organizaciones sindicales han llevado a los tribunales
esta medida porque creen que afecta a derechos ya devengados.'
'La medida afectará a los 2.843.200 asalariados del Estado, comunidades
autónomas, ayuntamientos, diputaciones y personal del sector público
empresarial puesto que la medida fue anunciada en la Mesa General de
Negociación de la Administración Pública en la que están representadas
todas las administraciones.'
'El coste de pagar el sueldo a los funcionarios de todas las
administraciones públicas fue de 116.087 millones de euros (un 11% del
PIB) durante el año pasado, lo que supuso una rebaja del 6% respecto al
año anterior cuando ascendió a 123.550 millones. La mayor parte de este
ahorro procedió de la supresión de la paga de Navidad aunque también
tiene que ver la pérdida de puestos de trabajo en el sector público,
unos 325.000 desde que comenzaron los grandes recortes en 2010. Solo el
año pasado se perdieron 218.900 empleos en las administraciones, según
la estadística registrada en la Encuesta de Población Activa (EPA). Solo
en lo que va de año, la partida de sueldos y salarios del Estado
ascendió a 8.766 millones de euros, lo que supone un descenso de la masa
salarial del conjunto de efectivos del sector público del 2,2% durante
los ocho primeros meses de este año respecto al mismo periodo del
ejercicio precedente.'
'La congelación del salario de los funcionarios no es el único revés
que han sufrido los empleados públicos. El Gobierno recortó sus derechos
el año pasado mediante la reducción de los moscosos (de seis a tres) y
la supresión de los canosos (hasta cuatro). Estos son los días de libre
disposición y de antigüedad que gozaban los trabajadores de la
administración y que el Gobierno no descarta negociar junto a otras
condiciones laborales en la próxima reforma de la Ley del Empleado
Público.
El Gobierno también congeló el año pasado el dinero que los
funcionarios y el personal laboral cobraban durante las bajas
temporales. Hasta el año pasado, la mayoría de empleados públicos,
cobraban la totalidad de su nómina cuando estaban de baja
independientemente del tiempo en que estuviesen convalecientes. Desde
2012, el Gobierno estableció que entre el primer día de baja y el
tercero, “se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar
como máximo el 50% por ciento de las retribuciones”. Entre el cuarto día
y el 20, el salario, incluido el complemento, no podrá superar el 75%
de las retribuciones. A partir del día 21 de baja y hasta el 90, se
podrá satisfacer la totalidad de las retribuciones básicas. Además, se
permitió a las Administraciones cambiar si es necesario los convenios
colectivos que afecta al personal laboral (unos 690.000 empleados al
servicio de las administraciones).' [...]
Fuente y noticia completa: El País 26/09/2013
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