'Los impulsores de la gestión privada integral de los servicios
sanitarios públicos pretenden convencernos de su eficiencia para imponer
un modelo de mercado en el que lo que cuenta es la cifra de negocio
aunque pueda resultar afectado el derecho a la protección de la salud.
Este discurso mercantilista de la sanidad contiene debilidades pues no
se conoce estudio independiente que haya evaluado ese modelo como
alternativa a la provisión esencialmente pública. La evaluación rigurosa
de políticas de salud sin conflicto de intereses deja este enfoque en
un acto de fe pues no se dispone de evidencia que sostenga tales
aseveraciones.
Sin embargo, hay evidencias de lo contrario. En el Reino Unido, donde
este modelo de provisión privada de servicios está más extendido, son
numerosas las referencias críticas por tratarse de un sistema más caro,
debido a la necesidad de las empresas proveedoras de obtener beneficios;
en el que rápidamente se produce una reducción en capacidad y en número
de profesionales y que obtiene peores resultados de salud.
Los sistemas públicos como el que tenemos en España están más
orientados a conseguir un alto grado satisfacción y beneficios de salud
para todos los ciudadanos, son más equitativos y aseguran la cohesión
entre personas y territorios. Además, corrigen los fallos del mercado
porque en la atención sanitaria, a diferencia de lo que ocurre en la
compra de otros servicios o productos, existe una evidente asimetría en
la información que produce desigualdad o limita la capacidad de
decisión.' [...]
Fuente y opinión completa: Faustino Blanco, Consejero de Sanidad de Asturias en El País 28/04/2014
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