El Gobierno del Estado, con la excusa de que supondría un incremento de gasto de al menos 2 millones de euros, presenta el "veto" por "razones" presupuestarias a la tramitación de la Proposición de Ley, que había presentado Compromís en el Senado, para la consolidación extraordinaria por concurso de méritos de los puestos públicos de temporales más de 3 años con valoración preferente de la antigüedad en los puestos como respuesta ante la sentencia europea de 19/03/2020. La Mesa del Senado, en manos de PSOE y PP, acepta el veto como válido y da por concluida la tramitación de la proposición de ley.

El Gobierno del Estado- tal y como hizo el de la Comunidad de Madrid ante la Proposición de Ley de 2018 de  Podemos  para un concurso de méritos extraordinario en el Servicio Madrileño de Salud y como ya hiciera recientemente el mismo Gobierno del Estado con la Proposición de Ley en el Congreso del Grupo Plural de un turno especial de acceso- ha comunicado su no conformidad a la tramitación -haciendo uso del "veto presupuestario"- de la Proposición de Ley "de medidas para garantizar en el ámbito del empleo público, el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada" (nº iniciativa 622/51), según el texto inicial  registrado por el Senador de Compromís, Carles Mulet, que proponía -según ese texto inicial- realizar una consolidación extraordinaria por concurso de méritos "según el artículo 61 del Estatuto Básico de Empleado Público" [por tanto, de libre concurrencia] de los puestos públicos temporales más de 3 años con valoración preferente de la antigüedad en los puestos convocados, como respuesta al problema de abuso de temporalidad en el empleo público tras la  "sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19/03/2021.

 

Según el documento con el comunicado, el Gobierno en primer lugar informa de su criterio negativo con respecto a  la toma en consideración de la Proposición de Ley al entender [erróneamente, entendemos nosotros] que  en este proceso excepcional "únicamente participaría el personal que se encuentre ocupando los puestos objeto de la convocatoria", lo que "podría chocar con el artículo 23.2 de la Constitución, en el que se establece que todos los ciudadanos “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes" y, si bien reconoce que el artículo artículo 61.6 contempla la posibilidad de realizar un proceso selectivo que consista únicamente en la valoración de méritos", pero sólo "obviamente respetando siempre el principio de libre concurrencia y publicidad". La opinión del Gobierno con respecto a la "toma de consideración" -que pase a trámite de enmiendas y votaciones- de una Proposición no de Ley no es vinculante para la decisión de la toma de consideración, que la toma el Parlamento.

Y en segundo lugar, haciendo uso de la prerrogativa de artículo 134.6 que le da la Constitución, el Gobierno presenta su  "no conformidad" (necesariamente presupuestaria para que pueda llegar a ser vinculante o de veto) a la tramitación de la Proposición de Ley, dado que, "de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se considera que la aprobación de la proposición de ley de referencia es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado en vigor un aumento de al menos, 1.800.000 euros", sin especificar en qué conceptos (como sí hizo la Comunidad de Madrid en la no conformidad presupuestaria citada de 2018: para el Gobierno de la Comunidad de Madrid de realizar ese concurso de méritos propuesto en 2018 por Podemos de la C. de Madrid habría un incremento de más de 99 millones de euros por la carrera profesional que habría que pagar a tanto personal con tanta antigüedad que se convirtiría en fijo -en comparativa con el mucho menos que lo haría con la "solución" al uso  de OPEs de estabilización de sus puestos-]

El artículo 134.6 de la Constitución estipula que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación” y es un mecanismo de "veto" del Gobierno habitualmente utilizado parar impedir la discusión de proposiciones o enmiendas, aún cuando se cuente con la mayoría parlamentaria para rechazarlas.

En el caso de las proposiciones de ley tramitadas por la Comunidad de Madrid,ante una opinión del Gobierno, discrepante en la conformidad de tramitación sabemos por experiencia que debe resolver la Mesa de la Asamblea en nueva reunión si  admite la no conformidad del Gobierno regional contrastando si el argumento utilizado por el Gobierno es válido según el 151.4 del Reglamento de la Asamblea de a Comuniad de Madrid . (De hecho en el caso comentado, la Mesa de la Asamblea de la C. de Madrid rechazó como válido el argumento de disconformidad no presupuestaria). No conocemos con seguridad si es el mismo caso en las cámaras nacionales y si habrá algún mecanismo parecido que permita todavía la tramitación de esta proposición de ley, aunque es de suponer que la Mesa del Congreso tiene similar potestad de "revocar" este tipo de  vetos para las proposiciones de ley en el Congreso (la Mesa del Congreso está formada por 9 miembros, 3 del PSOE, 2 del PP, 3 del Grupo Parlamentario  Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común  y 1 de Vox). 

 

Para un caso como éste de Proposición de Ley desde el Senado, quizás exista una potestad de la Mesa del Senado (actualmente formada por 7 miembros, 3 del PSOE, 3 del PP, 1 del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV ) o incluso directamente de la Presidenta del Senado (actualmente, del PSOE). En todo caso, el artículo correspondiente del Reglamento del Senado, el artículo 151, no detalla tal mecanismo.

 

Nótese que en la preceptiva memoria económica a la Proposición de Ley, los proponentes ya argumentaban que "el coste de la propuesta es 0 euros, ya que todos los puestos ya están presupuestados", de donde se deduce que., a su juicio, no habría incremento de coste alguno.  En el caso del anterior "veto" a la Proposición del Grupo Plural, el Gobierno argumentó que el incremento de gasto presupuestario de al menos 900 mil euros sería "para poner en marcha y ejecutar los procesos selectivos que se derivarían de esta iniciativa". Hay que tener presente que la "solución" decidida por el Gobierno de Mariano Rajoy y todavía vigente con el actual gobierno pese a la citada sentencia europea consiste en convocar en procesos selectivos convencionales precisamente los puestos del personal temporal más de 3 años, con lo que en la práctica se reemplazaría la puesta en marcha y ejecución de unos procesos selectivos por otros. Además, la propuesta alternativa de la declaración a extinguir ni conllevaría proceso selectivo alguno

 

A este respecto, en el documento de disconformidad del Estado se detalla que , del 1.800.000 euros que al menos se incrementaría el gasto de los Presupuestos Generales del Estado: 

• "unos 800.000 euros afectarían a la Sección 22, Servicio/Organismo 101 (Instituto Nacional de Administración Pública), Programa 921O", es decir,  según su Presupuesto de Gastos para 2021 , el programa "Formación del personal de las Administraciones Públicas" [que incluye los procesos de selección]  en sus conceptos:
• "233", es decir "Otras indemnizaciones" [por razón del servicio, diferentes a las específicas indemnizaciones de Dietas y de Locomoción], que ya tiene presupuestado un gasto de 1.956.800 euros
  
•   y "226.07 (cuerpos generales)", es decir, "Oposiciones y pruebas selectivas", que ya tiene presupuestado un gasto de 1.558.000 euros, y del que la descripción del programa se refería que "acusará de manera sensible un aumento del gasto"... "habida cuenta de que en dicho ejercicio se llevarán a término varios procesos selectivos vinculados a las Ofertas de Empleo Público de 2019. Además de la convocatoria de plazas derivadas de los Reales Decretos de las Oferta de Empleo Público se prevé la convocatoria de varios procesos selectivos de estabilización de empleo temporal de los años 2018 y 2019"
  
•  y "el resto impactaría en las correspondientes partidas presupuestarias de los Departamentos ministeriales que convocan procesos selectivos para cuerpos especiales" [siempre de sólo la Administración General del Estado, por tanto]

Por otro lado, no sería la primera vez que esta propuesta ve cómo no es admitida a trámite: recordemos que ya fue presentada como enmienda a los Presupuestos Generales del Estado por el senador Carles Mulet donde la Presidencia del Senado no la admitió a trámite por "introducir modificaciones que exceden del ámbito de la modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado" (Es decir , entonces no se puede introducir en en la Ley de Presupuestos generales porque excede lo que se puede introducir en dicha Ley de Presupuestos, si se introduce en Ley específica modificando el estatuto del empleado excede el gasto previsto de dicha Ley de Presupuestos)

Recordemos que Compromís había registrado además un texto alternativo a ese texto  inicial previo   añadiendo una propuesta de solución más -alternativa-, "al personal interino o temporal que se encuentre trabajando en la Administración durante tres años o más, considerar como “Personal a extinguir”, tal y como figura en el artículo 87 de la actual Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos  Generales del Estado para el año 2021, para dar cumplimiento a la Directiva 2001/23 sobre el mantenimiento de los derechos de los/as trabajadores/as en caso de personal procedente de empresas públicas subrogado por las Administraciones Públicas; pero en este caso, para dar cumplimiento a la Directiva Europea 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada.", afirmándose que esta "figura de “personal a extinguir” cuenta con el dictamen favorable de órganos consultivos como el Consejo Jurídico Consultivo Valenciano que garantiza el cumplimiento de la legalidad vigente". Esta segunda propuesta  en la misma Proposición de Ley, sería, en cuanto a la solución, en la práctica, muy similar a:

• la enmienda  a los Presupuestos Generales del Estado en el Senado presentada por el Senador del PAR, Clemente Sánchez-Garnica,, que fue rechazada por los partidos que apoyan al Gobierno del Estado y contó con el apoyo de Ciudadanos
  
• la enmienda  a la Ley de Presupuestos de Aragón presentada por Ciudadanos de Aragón, que fue rechazada por los socios del Gobierno autonómico .
• la enmienda nº 8 al Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León presentada por Podemos de Castilla y León . para incluir unaa regularización administrativa del personal en fraude de ley de abuso de temporalidad de todas las AAPP de CyL vía la declaración de imposibilidad de cese por OPE, traslado, etc
  
• e incluso que el Decreto de la Junta de Andalucía publicado en 2010  de una Disposición transitoria que garantizó la estabilidad real hasta la jubilación de un grupo  de funcionarios interinos (de ámbito menor: docentes interinos demás de 55 años)
  

Pero es de temer, que con este "veto" del Gobierno esta Proposición de Ley quede totalmente aparcada.

Recordemos por último que, precisamente , el 17/12/2020 el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley cuyo texto insta al Gobierno a modificar el EBEP para evitar el abuso de temporalidad en el empleo público,y buscar "respuestas legales" para la "estabilización de los empleados" consensuadas también con las AAPP y sindicatos,  a raíz de una propuesta -modificada- del grupo parlamentario del PNV. Sin duda, Compromís contribuye con esta alternativa de Proposición de Ley a una tal "respuesta legal" para la "estabilización de los empleados").

 

[ADDENDUM 22:30] Acabamos de conocer  que la Mesa del Senado ha comunicado hoy que "teniendo en cuenta que la citada Proposición de Ley incide directamente en los presupuestos generales del Estado en vigor", ha acordado , tras reunión de ayer ,"dar por concluida su tramitación sin que proceda su toma en consideración, al haber manifestado el Gobierno su disconformidad en plazo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y 151.1 del Reglamento del Senado", Como indicábamos antes, la Mesa del Senado actualmente está formada por  3 senadores del PSOE, 3 del PP, y 1 de EAJ-PNV [ver comunicado al portavoz del Grupo Mixto que ha trascendido en las redes sociales]

 

 

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