[Recordatorio de entrada publicada el 06/02/2023] Acaba de publicarse en el CENDOJ la importante sentencia de 24/01/2023 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo a recursos de casación nº 3960/2021 de 10 empleados públicos contra la OPE de estabilización de 2019 de personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, uno de los 3 recursos de casación que habían sido admitidos a trámite de demandas de empleados públicos temporales con el abogado Raúl Bocanegra contra sendas Ofertas de Empleo Público de "estabilización" derivadas de las leyes anteriores estatales de procesos estabilización de 2017/2018 (en concreto, del artículo 19.Uno.9 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 ) acordados con los sindicatos estatales. En especial, no se trata de una OPE de estabilización derivada de la nueva Ley 20/2021 de reducción de temporalidad pública.
Recordemos que se demandaba la nulidad de esa OPE de estabilización en base, originalmente, a estos dos fundamentos sobre el artículo 19.Uno.9 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 (es decir , en base a fundamentos sobre la ley
estatal de la que deriva la OPE recurrida y no en base a fundamentos sobre el Decreto de OPE en sí mismo):
- vulnera la cláusula 5ª sobre abuso de temporalidad del Acuerdo Marco contenido en la Directiva Europea 1999/70/CE" , según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 19/03/2020
- del asunto principal "Sánchez
Ruiz", un informático nuestro- , al regular ese artículo de la Ley de
Presupuestos de 2018 que se realice con las plazas ocupadas por
temporales más de 3 años a 31/12/2017, y por tanto, con empleados en
situación de temporalidad abusiva, una oferta de empleo público de
convocatorias de libre concurrencia con la que se puede cesar al
personal en abuso siendo sustituido por otros, solicitando que el órgano
judicial, por primacía del derecho de la Unión, aplique la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto,
- "es contrario a la Constitución Española al disciplinar sobre una materia -oferta de empleo - que no es el contenido constitucional de una Ley de Presupuestos Generales del Estado", solicitando al órgano judicial el el planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional
El Tribunal Supremo había admitido a trámite el recurso, pero sólo por el primero de los
fundamentos, fijando como cuestión de interés casacional para la
unificación de doctrina , literalmente:
"en determinar, si para aprobar la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal, el art. 19.Uno.9 de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 vulnera la cláusula 5 de la Directiva sobre trabajo temporal y, en su caso, si deben ser desplazadas por el principio de la primacía del Derecho de la Unión, con independencia de su rango legal, aplicándose directamente el Acuerdo Marco".
Se
da la circunstancia de que en su escrito de interposición del recurso ,
una vez ya admitido a trámite, los demandantes también solicitaban que
se estableciera como doctrina casacional que la nueva Ley de estabilización, la ley 20/2021,
también vulnera la cláusula 5ª de la
Directiva Europea, y no sólo las anteriores de 2017 y 2018, leyes que
recordemos no fijaban ningún sistema excepcional de selección y ni
siquiera una indemnización a los temporales cesados por los procesos
selectivos convencionales derivados. Pero el Supremo señala que "no
podemos adentrarnos en el examen y aplicación de esta norma legal [la
Ley 20/2021] cuya invocación en casación constituye una cuestión nueva"
que ni fue utilizada para la OPE que había sido recurrida en este caso, siendo la ley 20/2021 posterior en el tiempo
a dicha OPE recurrida y a la propia demanda original.
Para
resolver la cuestión de interés casacional admitida , si las leyes de
estabilización anteriores violan la normativa europea sobre abuso de
temporalidad, esta Sala de lo Contencioso del Supremo se remite a su doctrina reciente sobre abuso de temporalida en personal funcionario y estatutario tras la importante sentencia de 30/11/2021 y sentencias siguientes (como la serie de sentencias derivadas desde primeros de Diciembre de 2021 y las primeras
sentencias a las demandas de fijeza del grupo de demandas del SERMAS de
2016 que dio lugar a la sentencia europea de 19/03/2020):
- de las sentencias europeas se sigue que puede haber abuso de temporalidad en personal interino de vacante prolongada aunque sea en nombramiento único , o encadenada a otros tipos de nombramientos temporales anteriores, si bien esto debe establecerse en demandas personales del reconocimiento del abuso
- pero "no se sigue que haya obligación" de conceder una sanción ante un abuso de temporalidad si no está contemplada en la legislación nacional (como sería excluir la plaza o la indemnización de la demanda del caso de la sentencia de 30/11/2021 o la fijeza de las otras)
Y así , en esta sentencia reitera, literalmente:
"la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite que
las sanciones e indemnizaciones pueden ser una medida equivalente para
alcanzar el efecto disuasorio contemplado en la cláusula 5 del Acuerdo
Marco; pero en ningún momento ha dicho que sea una consecuencia
necesaria e ineludible. Es una posibilidad para lograr la finalidad
impuesta, no un medio obligatorio"
Y,
recordando que al igual que en la citada Sentencia de 30 de noviembre de
2021 no concedía la indemnización solicitada porque "habría de tener
alguna clase de cobertura" en la legislación nacional, también afirma
ahora que "no hay un derecho, que además opere de forma automática,
permitiendo al funcionario interino mantenerse indefinidamente en la
función pública, cuando la Administración en un intento, precisamente,
de reducir la temporalidad en el empleo público para evitar el abuso que
podría comportar su duración, aplica el TREBEP, incluyendo las plazas,
con los criterios legalmente establecidos, en la oferta pública de
empleo para que puedan ser cubiertas".
Señalando
además :
"las medidas que reducen la temporalidad y pretenden estimular
la duración indefinida en el desempeño de la función pública, mediante
la cobertura definitiva de las plazas, como es el caso, no pueden
vulnerar la Directiva 1999/70/CE, que se basa fundamentalmente, según su
propio Preámbulo, en 'reconocer que los contratos de duración
indefinida, son, y seguirán siendo, la forma más común de relación
laboral'
concluye que no se vulnera "la expresada Directiva cuando la
finalidad es la reducción de la temporalidad y la cobertura indefinida
de las plazas ofertadas" sentenciando , en suma la desestimación del
recurso de casación y fijando como respuesta a la cuestión de interés
casacional " que el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, no vulnera
la Directiva1999/70/CE, a tenor de la jurisprudencia de esta Sala
Tercera".
En la sentencia del Tribunal Europeo de 19/03/2020 del asunto acumulado
"Sánchez Ruiz" el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmaba
literalmente que el abuso de temporalidad "requiere una sanción de
forma indispensable", orientando que no podía valer como tal sanción la
convocatoria a proceso selectivo libre del puesto del personal en abuso,
pero citando en el fallo final que "incumbe al órgano jurisdiccional nacional
apreciar" en última instancia si los procesos selectivos "constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los
abusos". Nótese que el Supremo no llega a afirmar
que los procesos selectivos de la OPE de estabilización anteriores sí
sean una medida de sanción al abuso, "solamente" afirma que son una
"medida" para "estimular la duración indefinida" , no importando que
puedan ser una sanción o no, porque no se siente obligado a que haya ni
en el caso de que una posible ausencia de sanciones suficientes en la
legislación nacional.
Recordemos
para finalizar que, reaccionando ante esa "nueva" doctrina de la Sala
de lo Contencioso del Supremo de Diciem,bre de 2022, que en la práctica
de conceder demandas dejaba como operativa tal cual la jurisprudencia
previa de Septiembre de 2018, el
Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 17 de Barcelona elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea dos peticiones de cuestiones prejudiciales cuestionando precisamente esa jurisprudencia del Supremo así como el incumplimiento del derecho de la
Unión Europea incluso por la nueva Ley 20/2021 de reducción de temporalidad , reacción legislativa a su vez de España a la citada sentencia europea de 19/03/2020.
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4 comentarios:
Da la impresión de que el Tribunal hace una interpretación forzada e interesada de la directiva y de la doctrina europea, que favorece claramente a la Administración incumplidora.
Claro claro, incumplidora ahora pero cuando te enchufó a dedo ahí bien que cumplía...
Y tú qué sabes a quién ha "enchufado" o no enchufado la Administración. Insultas a los demás con mucha facilidad.
Está rabiado normal. Piensa que España es soberana y no termina de entender que formamos (nunca entendí como nos admitieron pero así es) parte de la Unión Europea y nos regimos por un Derecho común. Le pasa lo mismo a demasiados políticos, jueces, y por descontado sindicatos de la 🦐, que deben pensar que Europa es un cajero automático simplemente, pienso.
Pero tranquilo que quién interpreta ese Derecho Europeo es el TJUE no el Supremo, y es lo que se acata. Afortunadamente las preguntas esta vez son directas, incluidas las formas de proceder de ese propio Tribunal Supremo, os van a dar a todos los implicados una buena lección.
Y si no al TEDH, la ley en Europa se cumple si o si, por mucho que traten de retorcerla.
Disfruta mientras puedas, nosotros a lo nuestro.
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