Respuesta del Gobierno del Estado a la pregunta de SUMAR sobre qué actuaciones prevé adoptar ante el Dictamen Motivado de la Comisión Europea en los procedimientos de infracción sobre empleados públicos temporales: se limita a repetir frases genéricas de respuestas a preguntas anteriores sobre abuso de temporalidad ("los procesos de estabilización han permitido adjudicar 419.756 plazas", "la ley 20/2021 introdujo límites claros a la duración de la temporalidad y mecanismos de control y responsabilidad"; "marco" de diálogo permanente con las instituciones europeas" y "respeto al ordenamiento jurídico nacional y de la UE").

Se ha publicado la respuesta del Gobierno de 23/09/2026 a la pregunta que  presentó el Grupo SUMAR el 30/06/2026 (nº expdte 184/041211 ), con  título "Medidas previstas para poner fin al abuso de la temporalidad en el empleo público, garantizar la reparación adecuada de las personas afectadas y asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en el marco de la Unión Europea".

El  texto literal de la (doble) pregunta de SUMAR concretaba bastante más la pregunta y en concreto era:

• ¿Qué actuaciones prevé adoptar el Gobierno para dar cumplimiento a los dictámenes motivados emitidos por la Comisión Europea el 29/04/2026 en los procedimientos INFR (2014) 4334 e INFR (2024) 4224, relativos al abuso de temporalidad y a la discriminación del personal temporal en el empleo público y evitar su remisión al Tribunal de Justicia de la UE?
  
  
• ¿Qué acciones prevé [...] para cumplir con la Carta Social Europea  tras el registro oficial y traslado al Gobierno de España de la reclamación colectiva nº 261/2026 respcto a garantizar la estabilidad en el empleo, establecer una indemnización adecuada y otra reparación apropiada frente al cese o despido  del personal temporal abusado y corregir la situación de discriminación directa por  razón de sexo en el empleo público temporal?

La contestación del Gobierno literalmente ha sido:

"En relación con la pregunta de referencia, se señala que la reciente sentencia del  Tribunal de Justicia de la Unión Europea se enmarca en la interpretación de la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE en relación con supuestos concretos, 

sin que en ningún caso suponga la anulación de la normativa española vigente ni la invalidez de las reformas adoptadas en los últimos años en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público. 

En este sentido, las medidas impulsadas por el Gobierno de España, como la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, continúan plenamente vigentes y han permitido establecer un marco normativo reforzado para prevenir y corregir situaciones de abuso. 

Los procesos de estabilización han permitido adjudicar 419.756 plazas, como resultado del mayor esfuerzo de consolidación de empleo público realizado en España y como medida de impacto estructural en términos de estabilidad y seguridad jurídica. 

Estas actuaciones se han acompañado de la introducción de límites claros a la duración de la temporalidad, mecanismos de control y responsabilidad en su utilización, y una planificación reforzada de recursos humanos.

El Gobierno mantiene un compromiso firme con la mejora continua del modelo de la función pública española, en todos los niveles administrativos, mediante el diálogo permanente con las instituciones europeas y en el marco del respeto al ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea."

Nótese que esta respuesta se ha limitado a extraer algunos párrafos y frases de la respuesta  que dio Gobierno a la pregunta de PP sobre qué actuaciones preveía adoptar ante la sentencia del Tribunal de Jusitcia de la UE asunto Obadal del 14/04/2026. sobre empleados públicos temporales: Los procesos de estabilización han permitido adjudicar 419.756 plazas, la ley 20/2021 introdujo límites claros a la duración de la temporalidad y mecanismos de control y responsabilidad; diálogo permanente con las instituciones europeas y respeto al ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea.

En especial, la respuesta hace caso omiso a detallar algo sobre el tema central de la pregunta: el procedimiento de infracción INFR(2014)4334 de la Comisión Europea contra España , por el que el pasado 29 de Abril  emitió Dictamen Motivado concluyendo que en España- precisamente en base a la sentencias del TJUE en cuestiones prejudiciales como la entonces reciente del asunto Obadal- no hay medidas válidas de sanción al abuso de temporalidad pública,  y que si España no aprobara normativa correctora en el plazo de dos meses, la Comisión Europea podría tomar la decisión d lleva al país ante el  Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un recurso de incumplimiento.  

Llegado el fin del plazo, el Gobierno español informó que había solicitado una prórroga de 9 meses mientras consensuaba medidas con las CCAA y la FEMP en reuniones de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, que precisamente, se reunió el pasado 24/09/2025 y 25/09/2025, informando el Gobierno que se había avanzado en un primer documento de trabajo que solucione la problemática de la temporalidad en el sector público", del que no se hace mención alguna en esta respuesta.

Por otro lado,  responsables de la Comisión Europea en España se reunieron con empleados públicos en abuso de temporalidad el mismo 24/09/2026y les  avanzaron que la CE no va a conceder prórroga a España en el procedimiento de infracción por falta de medidas válidas de sanción al abuso de temporalidad pública 

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