Este lunes 10/01/2022 tenía lugar reunión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y, tal y como estaba previsto, contaba en su sección "Peticiones para las que se propone un debate en comisión sobre la base de la respuesta escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos" con un punto del orden día dedicado a las comparecencias de peticionarios y Comisión Europea por la petición 0774/2021 formulada por Francisco José Pons Bejarano, como miembro de la Asociación de Empleados Públicos en abuso de temporalidad de Cádiz [ASEPAT], por la que se denunciaba cuando se presentó en Julio ante este órgano del Parlamento Europeo que el Real Decreto-Ley 2014/21 de 6 de Julio de reducción de la temporalidad pública o “Icetazo” incumple la normativa de la Unión Europea. Esta petición había conseguido más de 3 mil adhesiones, lo que , sin duda, debió aumentar el interés de los parlamentarios y, esperemos, que de la Comisión Europea.
La sesión pudo seguirse dese las 17:16 de 10/01/2021 en este enlace de la paǵina de transmisión web del Parlamento Europeo
Por el turno del peticionario intervinieron:
- Francisco José Pons Bejarano, de la propia Asociación de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad de Cádiz [ASEPAT-Cádiz] [audio íntegro]:
- indicó que habla también en nombre no sólo de ASEPAT sin también de la Coordinadora Andaluza de Empleados en Abuso de Temporalidad [CAEPAT] y la Coorindadora de Empleados Públicos Temporales [CEPPT] en las que ASEPAT está integrada
- "nos dan la oportunidad de expresarnos, algo que nuestro Gobierno no ha querido hacer"
- "no se puede resumir 20 años de abuso en 5 minutos
- "el tiempo se nos acaba, la cuenta atrás empieza para todosnosotros"
- 2024 es el horizonte que muchos no podremos pasar
- queremos el mismo derecho que otros ciudadanos de la unión europea, pero nuestro gobierno nos lo impide
- pide
- que se abra un debate
- que la Comisión Europea haga una investigación sobre mi petición y emita informe si se respeta o se incumla
- que el Pleno de Parlamento apruebe una resolución
- que se ejecute el procedimiento de infracción 2014/4224 y se imponga a España la sanción correspondiente
- el 30/12/2021 entró en vigor la nueva Ley 20/2021 de reducción de temporalidad pública. pero es contraria a la UE porque
- sigue sin trasponer la Directiva Europea
- no cumple con la sentencias
- no recoge sanción alguna para la parte abusadora
- no asume indemnizaciones eficaces
- no se estabiliza al personal en abuso, se estabilizan plazas
- esta medida supondrán un alto coste para todos, especialmente para las personas en abuso de temporalidad, también tendrá un coste político
- Europa no parece activar la maquinaria para que esta transposición se lleve a cabo
- en sus manos está el futuro de muchas familias
- "nos sentimos profundamente decepcionados con España, no nos defrauden Vds también"