[El País 22/12] 'Supongamos que usted tiene que operarse de la cadera. Y que ha
decidido, aprovechando que en la Comunidad de Madrid hay libertad de
elección de centro, comparar los resultados de distintos hospitales.
Quiere saber en cuáles hay menos infecciones o menos reingresos, por
ejemplo. O cuántas operaciones como la suya se hacen cada año. Es cierto
que son solo estadísticas, pero permiten hacer una elección más
informada. En Madrid no dispone de esos datos. No están a disposición
del público. En el Reino Unido, el modelo que copió Esperanza Aguirre
para implantar aquí la tan publicitada libre elección, sí. Es solo un
ejemplo de cómo una Administración que prometió en 2009 “información transparente, completa y rigurosa” se limita aún hoy a publicar indicadores aproximados (“mejor, peor o en la media”) y sin actualizar.
España es uno de los países más opacos de Europa y de los pocos que
aún no tienen una ley de transparencia. Y las lagunas en materia
sanitaria son especialmente llamativas, sobre todo en lo que respecta a
los modelos de gestión. La Comunidad de Madrid pretende ahora dar un
vuelco al sistema sanitario al ceder a empresas la gestión de seis
hospitales y 27 centros de salud de una tacada. Y lo hace sin haber
acreditado que modelos de gestión privada ya implantados (el hospital de
Valdemoro, desde 2007) funcionen mejor que los públicos o que estudios
económicos demuestren la mayor eficiencia que espera conseguir ahora con
el cambio. Las decisiones sobre gestión pública o privada “tienen
fuertes componentes ideológicos pero nulas raíces científicas”, asegura
Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economistas de la Salud, que
critica la falta de interés de los políticos en impulsar evaluaciones
independientes. l problema es que, además de carecer de estos estudios, Administraciones
como la madrileña se niegan a hacer públicos sus propios datos y
estadísticas. Sin ir más lejos, las cuentas del Servicio Madrileño de
Salud (Sermas), que suponen cuatro de cada diez euros del presupuesto
general, ni siquiera se fiscalizan en la Asamblea de Madrid. En los
últimos años, a los presupuestos iniciales de sanidad se han añadido en
diferentes modificaciones de crédito 800 o 1.000 millones más que el
ciudadano no puede saber a qué se han destinado puesto que la ejecución
presupuestaria del Sermas no se entrega al Parlamento (ni se publica de
cualquier otra forma).'
El conflicto que vive ahora la sanidad madrileña es otro buen ejemplo
de la opacidad de la Administración, que se niega a desvelar estudios
independientes o propios que avalen la supuesta mayor eficiencia que
conseguiría al ceder a la gestión privada seis hospitales. La Consejería
de Sanidad ha exigido a sindicatos y comité profesional que le
propongan medidas de ahorro. Pero no les da las cifras necesarias para
hacer los cálculos. El día 19, durante la cuarta semana de huelga
indefinida, Sanidad se avino finalmente a desvelar algún dato a los
sanitarios (nada por escrito).
La Comunidad asegura que los seis hospitales que quiere privatizar le
cuestan 600 euros por habitante y año y que quiere ceder su gestión a
empresas que cobrarían solo 441 por hacer lo mismo. Los médicos de la
Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), basándose en
los Presupuestos, dicen en cambio que solo cuestan 380. La clave es lo
que se conoce como facturación intercentros: las operaciones o consultas
de pacientes adscritos a estos centros que se derivan a otros. Por
ejemplo, intervenciones complejas, trasplantes... Sanidad empezó
asegurando que esa cantidad aumentaba en un 15% el coste presupuestado
—de aquí salen los 380 de los médicos—; después lo elevó al 30%. Ahora
ya habla de un 70% (280 millones de euros solo en derivaciones).'
Fuente y noticia completa: El País 22/12/2012
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