El Tribunal de Justicia vio aumentar de forma considerable el número de asuntos que se le sometieron: los 849
asuntos nuevos suponen un nivel nunca antes alcanzado por el órgano
jurisdiccional, con 110 asuntos más que en 2017, es decir, un incremento
de casi un 15%. Esto se debe, en particular, al aumento del número
de remisiones prejudiciales, que ascendió en 2018 a 568 frente a 533 el
año anterior. Este número se ha prácticamente duplicado en diez años y
las peticiones de decisión prejudicial representan el 70 % de los
asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia. El número de recursos
de casación interpuestos contra resoluciones del Tribunal General
registró un incremento del 35 %, pasando de 147 a 199. Los recursos
directos también han aumentado. El número de demandas de medidas
provisionales, aun siendo más modesto por tratarse de un procedimiento
excepcional, no obstante se duplicó (6 demandas en 2018 frente a 3 en
2017). Como subraya el Presidente, Sr. Lenaerts, «estas estadísticas
demuestran en qué medida contribuye el Tribunal de Justicia a consolidar
los valores fundadores de la Unión Europea y a reforzar la confianza de
los tribunales nacionales, así como de todos los justiciables, en la
construcción europea».
La productividad del Tribunal de Justicia fue asimismo excepcional en 2018. El número de asuntos terminados en 2018, que ascendió a 760 frente a 699 en 2017, constituye un récord histórico. Dado que los esfuerzos desplegados por aumentar la eficacia en la tramitación de los asuntos están alcanzando sus límites, es importante que el proyecto de mecanismo de admisión previa de determinados recursos de casación pueda ponerse en práctica próximamente.
El Tribunal de Justicia vio asimismo disminuir la duración media de los procedimientos en 2018. Si se analiza esta duración media en términos de tipos de recursos resulta, no obstante, que la duración de tramitación de los asuntos prejudiciales aumentó ligeramente, pasando de 15,7 meses a 16 meses, mientras que la duración de tramitación de los recursos de casación, en notable descenso, alcanzó los 13,4 meses, lo que representa una mejora de casi 4 meses en comparación con 2017. La duración media de la tramitación de los recursos directos, por su parte, registró una notable disminución, pasando así a 18,3 meses, frente a 20,3 meses en 2017.'
La productividad del Tribunal de Justicia fue asimismo excepcional en 2018. El número de asuntos terminados en 2018, que ascendió a 760 frente a 699 en 2017, constituye un récord histórico. Dado que los esfuerzos desplegados por aumentar la eficacia en la tramitación de los asuntos están alcanzando sus límites, es importante que el proyecto de mecanismo de admisión previa de determinados recursos de casación pueda ponerse en práctica próximamente.
El Tribunal de Justicia vio asimismo disminuir la duración media de los procedimientos en 2018. Si se analiza esta duración media en términos de tipos de recursos resulta, no obstante, que la duración de tramitación de los asuntos prejudiciales aumentó ligeramente, pasando de 15,7 meses a 16 meses, mientras que la duración de tramitación de los recursos de casación, en notable descenso, alcanzó los 13,4 meses, lo que representa una mejora de casi 4 meses en comparación con 2017. La duración media de la tramitación de los recursos directos, por su parte, registró una notable disminución, pasando así a 18,3 meses, frente a 20,3 meses en 2017.'
Fuente y texto completo: Comunicado de prensa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25/03/2019
NOTA DEL EDITOR: siguen pendientes de resolución importantes cuestiones
prejudiciales elevadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en las que los juzgados remitentes dudan que convocar el puesto a
Oferta Pública de Empleo, la temporalidad de la figura del "indefinido
no fijo" o incluso una indemnización puedan ser la sanción adecuada
que exige la cláusula 5ª de la norma superior de la Directiva Europea
ante el abuso constatado de duración de temporalidad, planteando si no
debería ser la fijeza, aún cuando se oponga a ello la normativa y
jurisprudencia establecida en España por ahora
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