'El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma clave dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, aprobado en 2025 y que será la base para contrarrestar desde las Administraciones Públicas todo el ciclo de la corrupción. El texto será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
El objetivo de la ley es frenar la corrupción, con un sistema integral en el que se refuerza todo el ciclo, y abordar mejor la detección de conductas reprochables y la investigación de las mismas. A ello se sumarán las sanciones a quienes cometan esas infracciones y un mayor número de supuestos para que puedan ser perseguidos legalmente hasta que devuelvan las cantidades o recursos públicos sustraídos, con un refuerzo de la respuesta penal. Para ello, se endurecen las penas aplicables a las personas jurídicas, se amplían de cinco a siete años la prescripción de determinados delitos, se refuerza la valoración de la reparación económica para acceder al tercer grado y se mejora los instrumentos de localización, preservación y decomiso de activos.
