Los representantes de los empleados públicos también se agarran como a un clavo ardiendo al compromiso formulado en público y en privado por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien ha dicho que el Ejecutivo no rebajará nuevamente el sueldo a los funcionarios, después del recorte del 5% decretado en mayo de 2010, aún vigente.
Pero tampoco este compromiso es una garantía, ya que es bien sabido que el Gobierno ya ha tomado varias medidas -sobre todo en materia de subida de impuestos y de recortes en sanidad y educación- que se había comprometido a no adoptar.
Es más, distintas fuentes apuntan precisamente lo contrario: que el Gobierno busca a la desesperada desde el Ministerio de Hacienda fórmulas para recortar las retribuciones de los funcionarios, a ser posible sin aplicar otra rebaja lineal del salario como la adoptada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero hace dos años.
¿Cómo hacerlo entonces? El diseño retributivo de las Administraciones es muy complejo y diferente no ya solo según el tipo de empleador que se tenga (Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento o empresa pública), sino también según el tipo de relación contractual (funcionarios o estatutarios o personal laboral).
Esta complejidad condiciona también las fórmulas para reducir sus costes de personal. Según explican técnicos de la Administración general del Estado, de todos los conceptos salariales comunes (sueldo, incluidas las pagas extras; complemento de destino que fija los niveles, antigüedad y complemento específico y productividad) "solo tocando el salario y los trienios afectaría por igual a todos los empleados públicos, independientemente de si son funcionarios, personal laboral o para quien trabajan".
De hecho, una de las opciones barajadas, que podría aplicarse desde finales de este mismo año, sería la eliminación de una de las dos pagas extras que reciben estos trabajadores. Esto, según distintos cálculos, supondría un ahorro de alrededor de 4.000 millones de euros.
Pero si finalmente se optara por ajustar otros conceptos retributivos, sería más difícil que el recorte llegara a todos por igual, ya que las comunidades podrían "trampear" la medida modificando su legislación.
Un ejemplo de esto último es lo que podrían hacer las regiones si se decidiera modificar los niveles de los distintos grupos a los que pertenece el personal funcionario. Los Presupuestos recogen el mismo salario para todos los niveles de la Administración. Pero luego cada comunidad puede fijar distintos techos, de forma que, por ejemplo, un titulado medio puede tener hasta un nivel 20 en una comunidad y hasta un 22 en otra región. Así, esta vía de ajuste estaría sujeta a modificaciones regionales que lograrían esquivar la rebaja.
Igualmente, según estas explicaciones, si el Gobierno decidiera rebajar o eliminar otros conceptos como el complemento específico (que mide la especial dificultad técnica del puesto, horarios especiales o atención al público) o la productividad (que retribuye el especial interés o dedicación o iniciativa mostradas por el trabajador) esto solo afectaría a 1,6 millones de funcionarios y no al personal laboral, que no cuenta con estas retribuciones. Los conceptos salariales equivalentes en el personal laboral están recogidos en los convenios de estos trabajadores en cada comunidad, ayuntamiento o empresa pública, lo que dificultaría hasta el extremo adoptar un recorte lineal de estos complementos para todos ellos.
Pero otras fuentes cercanas al Gobierno defienden que quienes diseñan este ajuste preferirían no tocar los salarios y, en su lugar, eliminar o limitar algunas mejoras sociales (como los complementos a la incapacidad temporal, ayudas por hijo o compra de gafas, entre otras), como ya hizo la Comunidad de Madrid; o racionalizar horarios y jornadas, así como reducir vacaciones, como planea el Gobierno para la Administración del Estado.'
Interinos en la cuerda floja
'Esto podría llevar al Ejecutivo a tomar otras decisiones, como la eliminación estructural de muchos puestos interinos (existen más de 200.000), que son quienes ocupan una plaza de funcionario que no han aprobado ellos. O la realización de despidos colectivos entre el personal laboral no funcionario (unos 700.000) y los trabajadores de empresas públicas (cerca del medio millón).
Es más, para asegurase de que las comunidades, ayuntamientos y empresas públicas hacen estos recortes, el Gobierno podría incluso obligarlos por ley.
Fuente y noticia completa: Cinco Días 05/07/2012
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