[El País] 'El coste de la privatización fallida. Las concesionarias de los hospitales de Madrid tienen derecho a cobrar daños y perjuicios'

'No haber firmado los contratos evita al Gobierno regional pagarles 281 millones de euros'

'De momento, ni el presidente ni su equipo quieren aclarar si las empresas, a las que se habían adjudicado definitivamente los hospitales, van a reclamar indemnización. Según distintos expertos, la Ley de Contratos les ampara para hacerlo. Pueden reclamar daños y perjuicios.

En contra de lo que González dio a entender ayer, cuando le preguntaron por la posición en la que quedan las concesionarias y contestó que la sentencia —en realidad, el auto judicial que confirmó el lunes la suspensión cautelar del plan privatizador— “obliga a todos y por lo tanto hay que aplicarla”, ningún tribunal le ha obligado a dar marcha atrás a su proyecto sanitario. La decisión es unilateral, y política, coinciden los expertos, pero no se trata estrictamente de un incumplimiento de contrato. Y eso es precisamente lo que va a evitar que el Gobierno regional, es decir, los ciudadanos con sus impuestos, tengan que indemnizar con 281 millones de euros a las empresas.

El plan del Gobierno regional suponía un negocio considerable para las concesionarias. La gestión sanitaria de seis hospitales durante 10 años se sacó a concurso por un importe de 4.680 millones de euros. Las adjudicaciones definitivas a las tres empresas ganadoras se firmaron los días 6, 9 y 19 de agosto pasado, un mes considerado inhábil para muchos actos administrativos, pero que la Comunidad aprovechó para acelerar el proceso. Por aquel entonces, los recursos de organizaciones sanitarias y sindicatos ya estaban en los tribunales, pero el Gobierno regional siguió adelante sin esperar a sus decisiones. El 3 de septiembre un primer juzgado ordinario dictó la suspensión cautelar. El 11 de septiembre hizo lo propio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No dio tiempo a que el Gobierno regional formalizara los contratos con las empresas. No llegaron a firmar.

“De haber formalizado los contratos, las concesionarias podrían ahora exigir el 6% del precio total del contrato, puesto que ha sido la Administración la que ha decidido ponerle fin”, explica José Luis Muga, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos y abogado de Afem, la organización que ha liderado la marea blanca de protesta contra la privatización. Debido a lo abultado del contrato, ese 6% equivale a 281 millones de euros. “Ahora la Comunidad de Madrid tiene que justificar, en la comunicación que haga a las empresas, por qué ha cambiado el interés general y ha decidido no formalizar el contrato”, señala. “La Ley de Contratos dice que pueden solicitar indemnización por daños y perjuicios, pero no especifica en qué consisten. Tienen que ser daños que tengan consecuencia directa del proceso. Lo que no pueden exigir, al no estar formalizado el contrato, es indemnización por lucro cesante”, añade.

Las concesionarias Sanitas y Ribera Salud rechazaron ayer confirmar si van a reclamar daños y perjuicios. “Estamos a la espera de concretar con la Consejería de Sanidad los trámites administrativos pertinentes para la ejecución de esta decisión”, señaló Ribera Salud. Este diario intentó, sin éxito, contactar con la compañía puertorriqueña Hima San Pablo, adjudicataria de tres hospitales madrileños.'

Fuente y noticia completa: El País 29/01/2014

NOTA DEL EDITOR: Etiquetamos esta entrada con la etiqueta "contratos de consultoría/servicios" que usamos para los contratos de servicios informáticos en la Comunidad de Madrid, porque la informática iba en los pliegos de estos hospitales, y por tanto, las 3 empresas adjudicatarias lo eran también de los servicios informáticos de estos hospitales, servicios que ya estaban desde su concepción y apertura bajo la fórmula de externalización total pero de forma centralizada, es decir, toda la función informática estaba adjudicada en unos pocos concursos centralizados (comunes a todos los hospitales) repartidos por funciones a empresas privadas. Solamente se contrató a una persona, como personal laboral de la respectiva empresa pública, por hospital con las funciones de responsable de informática y contacto con las correspondientes empresas, personal que resultaba afectado por la externalización de los hospitales pasando a formar parte, si hubiera continuado el proceso de externalización y si hubiera, en ese caso, aceptado seguir trabajando, de la empresa adjudicataria mediante subrogación.

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