'Los planes de la Consejería de Sanidad para privatizar la gestión de seis hospitales se someterán entre hoy y mañana a un examen crucial para su futuro.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) va a determinar en
estos dos días si levanta la suspensión cautelar del proceso, con el que
el Ejecutivo regional prevé ahorrar 200 millones de euros al año,
mientras se estudia el fondo de todos los recursos pendientes.
Las dos sesiones del Pleno de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en las que se adoptará la decisión serán a
puerta cerrada. «El contenido de los fallos de las diferentes deliberaciones se conocerá de manera oficial una
vez que los magistrados ponentes de cada uno de ellos hayan redactado
los correspondientes autos y se hayan notificado debidamente a las
partes, lo que no se prevé hasta la semana posterior a la celebración
del pleno», explican fuentes del TSJM.
En este punto se plantean dos escenarios posibles:el primero, que la Justicia considere que las consecuencias de la privatización no serían irreversibles
si ésta se consumara pero posteriormente se concluyera que no estaba
suficientemente justificada o que los pliegos del concurso no se
ajustaban a la legalidad, por lo que seguiría adelante; y el segundo,
que se mantenga la paralización preventiva hasta que se resuelvan los
peros judiciales que han planteado contra la privatización partidos
políticos, sindicatos y asociaciones sanitarias, con independencia de
que finalmente se dé luz verde al proceso.
De consumarse este último supuesto, el Gobierno autonómico
tendría que replantearse sus intenciones de externalizar los hospitales
Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Henares, Sureste y
Tajo, en opinión de la Asociación de Facultativos Especialistas de
Madrid (AFEM). «¿Qué van a hacer si no, tener paralizadas las
fianzas millonarias de las adjudicatarias durante un año y pico por lo
menos?», se pregunta el presidente de la organización, Pedro González.
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, evitó referirse ayer a un plan b ante un hipotético revés judicial. «Vamos a hacer lo que el auto que emita el Tribunal Superior de Justicia nos permita realizar. Hay que esperar a las notificaciones. Antes de eso será imposible otra valoración».'
Fuente y noticia completa: El Mundo 09/01/2014
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