La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal obliga a que los interinos despedidos vuelvan a sus plazas y, además, vean reconocidas las retribuciones que hubiesen cobrado de no haber sido despedidos. Esta medida podría tener un impacto de unos 13 ó 14 millones de euros en las arcas públicas, según ha indicado Gustavo Fabra, responsable de funcionariado del STAS.
Los sindicatos recurrieron alegando que se había vulnerado el principio de negociación colectiva, con lo que se había violado el derecho constitucional a la libertad sindical, al no existir una negociación real sobre la supresión de las plazas y convocarse la Mesa Sectorial como un "trámite". El fiscal entendió vulnerado el derecho a la libertad sindical y apreció "conducta antisindical" en la acción de la Junta, por lo que solicitó que se estimaran los recursos.
El TSJ expone que, aunque en la Administración no está obligada a llegar a acuerdos durante la negociación, el derecho de los sindicatos a la negociación "no se satisface sin más con la apertura del proceso negociador y con la celebración de reuniones carentes de contenido real, ni se puede negar, obstaculizar o desvirtuar el ejercicio de dicha facultad negociadora, según palabras del Tribunal Constitucional".
Según los magistrados, a los sindicatos se les dio poco tiempo para preparar la reunión y no se les dio ocasión de alegar o exponer razones que pudieran ser atendidas, lo que pone de manifiesto "la ausencia de una real negociación con posibilidad de ser eficaz". La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, impone el pago de las costas a la Junta de Comunidades.
La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, ha declarado que la Justicia da "un serio correctivo" al Gobierno regional "que no muestra ningún respeto por los representantes sindicales y por las mesas de negociación con la parte social".
Por su parte, Gustavo Fabra, de STAS, ha aplaudido que se haya hecho "justicia" ante la "vulneración continúa de la negociación colectiva por parte del director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, con la "supervisión" del consejero de Presidencias y Administraciones Públicas, Leandro Esteban. Fabra ha pedido la dimisión de ambos dirigentes de la Junta y ha lamentado el "grave perjuicio" que supondrá para los bolsillos de los ciudadanos el pago de las cantidades adeudadas a los interinos.'
Fuente: 20 minutos 27/01/2014
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