[El País] 'No hubo contradicción entre los jueces de la privatización sanitaria en Madrid'

'No hubo contradicción entre las dos secciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que trataban los recursos contra la privatización de la gestión sanitaria en la región. Así lo aseguran los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que hace unos días decidieron devolver a las salas de origen los procedimientos en lugar de resolverlos en el pleno. En un auto hecho público hoy, los 43 magistrados de la súpersala explican su decisión del pasado 9 de enero. Si acordaron en votación mandar de vuelta los recursos a las secciones tercera y octava fue porque no existía la contradicción que el expresidente de la Sala, Gerardo Martínez Tristán, alegó para avocar --elevar a una competencia superior-- al pleno los asuntos.


"El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, tras una amplia deliberación [...] entiende que los presupuestos sobre los que se sustenta la acordada avocación al Pleno (existencia de resoluciones contradictorias entre las secciones tercera y octava) no concurren objetivamente", asegura el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS. "Al no concurrir los presupuestos determinantes de la avocación al mismo, se estima como procedente devolver el conocimiento de los asuntos a las secciones tercera y octava de su procedencia", añade.

La decisión de los 43 magistrados fue recibida con sorpresa en el ámbito sanitario: nadie esperaba que, en lugar de decidir sobre los recursos, los devolvieran a los juzgados correspondientes. Este movimiento supuso un varapalo para el expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Gerardo Martínez Tristán, ahora vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP, que fue quien decidió avocar al pleno —someter un asunto a consideración de todos los magistrados de una sala— el caso de la privatización al considerar que las dos secciones que concentran los siete recursos (tercera y octava) tomaron decisiones que “resultan o pueden resultar contradictorias”.

Los socialistas recusaron a Martínez Tristán porque consideraban que estaba demasiado relacionado con el PP —está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, también exalto cargo de la Comunidad de Madrid— como para ser imparcial. Elevar la competencia sobre todos los asuntos relacionados con la privatización fue, además de “inusual”, según fuentes jurídicas, muy polémica. Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, dimitió posteriormente como senador cuando PP y PSOE pactaron la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que Martínez Tristán consiguió un puesto.

Martínez Tristán fue nombrado posteriormente también miembro de la Comisión Permanente del CGPJ, un cargo que requiere exclusividad, así que no pudo presidir el pleno de la Sala. Le sustituyó Miguel Ángel Vegas, el magistrado con más antigüedad. Ya desde que Martínez Tristán tomó esa polémica decisión los expertos habían cuestionado que existiera contradicción entre lo resuelto por las dos secciones. El recurso de la asociación de médicos AFEM en la sección tercera pedía la anulación de un acto administrativo. En cambio, el caso que se seguía en la octava era un recurso especial de protección de derechos fundamentales instado por CC OO y que fue inadmitido'

Fuente y noticia completa: El País 22/01/2014