miércoles, 31 de julio de 2019

[Cadena Ser] Entrevista del programa Hoy por Hoy al abogado Martos, promotor de una Iniciativa Legislativa Popular nacional contra el fraude de ley del abuso de temporalidad en el empleo público, y a varios afectados

La Cadena SER volvió a hacerse importante eco del problema del fraude de ley del abuso de temporalidad de los empleados públicos "interinos ", esta vez en el programa Hoy por Hoy edición nacional de este 29/07/2019 [minuto 36, extracto de la parte en youtube de Solidaridad Obrera]  a raíz de la Iniciativa Legislativa Popular que ha presentado al Congreso el conocido abogado y presidente de  una Asociación Nacional de Interinos, ANIL, Manuel Martos y que ya sido aceptada para poder empezar a recoger el necesario medio millón de firmas para el siguiente trámite (su admisión por los grupos políticos del Congreso para la toma de consideración para debatirla como proposición de ley, con posibles enmiendas).


Así el medio de radio recoge entrevistas a varios empleados públicos afectados así como al abogado promotor de la ILP, Manuel Martos, quien cifra en 2 mil millones de euros de coste  para las AAPP que pdoría haber en    de concederse 20 días por año trabajado [como recoge el texto de la ley, pero niega  para la mayoría inmensa de casos la jurisprudencia española actual] para todos los empleados públicos que pueden ser cesados en las oposiciones con los puestos que decidió el Gobierno del estado que se realizara ahora como "solución" al problema, en un acuerdo "a escondidas" con los sindicatos para evitar la multa impuesta por la Unión Europea tras las primeras denuncias de la situación, acuerdo ante el que presentó una denuncia este abogado, pendiente de sentencia en la Audiencia Nacional.


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3 comentarios:

Anónimo dijo...

Esta ILP se queda a mitad de camino para solucionar el problema, ya que quedarían muchos interinos en fraude de ley fuera. De momento a la espera del TJUE que claramente puede obligar a cambiar la ley española "Si el Tribunal de Justicia aprecia que un Estado miembro ha infringido la legislación de la UE, las autoridades nacionales están obligadas a tomar medidas para ajustarse a la sentencia del Tribunal."
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_es?fbclid=IwAR2KNOnM9f4dueCljXBg0qSNzKQrL3K-VUVfJOmDdThXPYir3__1IJQm8Mg

Anónimo dijo...

Eso es para asuntos en el TJUE remitidos por la Comisión Europea, no por juzgados nacionales planteando cuestiones prejudiciales (que es lo que está ahora en el Tribunal Europeo)

Anónimo dijo...

Es cierto. Lo que me hace cuestionar por qué razón la Comisión Europea decidió, ante multitud de denuncias formuladas por interinos/temporales de larga duración contra el Reino de España, trasladar el problema al Parlamento Europeo y no al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Del Parlamento Europeo se obtuvo resolución (31/5/2018) favorable pero no deja de ser una respuesta política y, por tanto, no vinculante. De haber denunciado el problema al TJUE sí que se podrían haber aplicado sanciones como escribía el compañero del primer post.