miércoles, 16 de diciembre de 2020

[Comisión Europea[ 'Norma sobre servicios digitales: preguntas y respuestas'

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  1. Información general sobre la norma sobre servicios digitales

¿Qué es la norma sobre servicios digitales?

La norma sobre servicios digitales regula las obligaciones de los servicios digitales que actúan como intermediarios en su función de conectar a los consumidores con bienes, servicios y contenidos.

Protegerá mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales en línea, establecerá un sólido marco de transparencia y rendición de cuentas para las plataformas en línea y dará lugar a unos mercados digitales más justos y abiertos.

Las nuevas disposiciones, armonizadas en toda la UE y directamente aplicables, harán más fácil ofrecer innovaciones digitales a través de las fronteras, garantizando al mismo tiempo un nivel de protección idéntico a todos los ciudadanos de la UE. Algunas de las obligaciones serán las siguientes:

  • medidas para luchar contra los contenidos ilícitos en línea, incluidos bienes y servicios, entre las que se contarán un mecanismo para que los usuarios señalen dichos contenidos, y para que las plataformas cooperen con los «alertadores fiables»;
  • nuevas normas sobre trazabilidad de los usuarios empresariales en los mercados en línea, para ayudar a localizar a los vendedores de bienes o servicios ilegales;
  • salvaguardias eficaces para los usuarios, incluida la posibilidad de impugnar las decisiones de los moderadores de contenidos de las plataformas;
  • medidas de transparencia aplicables a las plataformas en línea de amplio alcance, también sobre los algoritmos utilizados;
  • obligaciones de las plataformas muy grandes de evitar cualquier abuso de sus sistemas mediante la adopción de medidas basadas en el riesgo, tales como supervisión de su gestión de riesgos por parte de auditores independientes;
  • los investigadores tendrán acceso a los datos de las plataformas clave a fin de examinar el funcionamiento de estas y la manera en que evolucionan los riesgos en línea;
  • estructura de supervisión para adaptarse a la complejidad del ciberespacio: los Estados miembros desempeñarán el papel principal, con el apoyo de un nuevo Consejo Europeo de Servicios Digitales; en el caso de las plataformas muy grandes, supervisión y ejecución reforzadas por parte de la Comisión.

¿Incluye la norma sobre servicios digitales disposiciones relativas a la fiscalidad digital?

No, la propuesta de la Comisión de un impuesto digital provisional sobre los ingresos procedentes de actividades digitales es una iniciativa independiente de la norma sobre servicios digitales. Esta última norma no contiene ninguna disposición en el ámbito de la fiscalidad.

¿Define la norma sobre servicios digitales lo que es ilegal en línea?

No. Las nuevas normas armonizarán las obligaciones de diligencia debida de las plataformas y los servicios de alojamiento de datos, así como las condiciones para las exenciones de responsabilidad de los intermediarios en línea. No afectará a la legislación nacional o de la UE que especifique lo que es ilegal. Al mismo tiempo, la propuesta ayudará a los Estados miembros a hacer cumplir la legislación en línea mediante la creación de mecanismos para enviar órdenes a los proveedores de servicios en todo el mercado único. 

¿Sustituirá la norma sobre servicios digitales a la legislación sectorial específica?

No. La norma sobre servicios digitales establece las normas horizontales que abarcan todos los servicios y todos los tipos de contenidos, bienes o servicios ilícitos. No sustituye ni modifica, sino que complementa la legislación sectorial, como la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (DSCA), la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, el acervo en materia de protección de los consumidores o la propuesta de Reglamento sobre la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea.

¿Cuáles son las normas vigentes y por qué deben actualizarse?

La Directiva sobre el comercio electrónico, adoptada en 2000, establece el principal marco jurídico en materia de prestación de servicios digitales en la UE. Se trata de un marco jurídico horizontal que ha sido la piedra angular de la regulación de los servicios digitales en el mercado único europeo.

Han cambiado mucho las cosas en veinte años y es necesario actualizar las normas. Las plataformas en línea han aportado importantes ventajas para los consumidores e innovación, han facilitado el comercio transfronterizo dentro y fuera de la Unión, y han brindado nuevas oportunidades a diversas empresas y comerciantes europeos. Al mismo tiempo, se abusa de ellas para difundir contenidos ilícitos o vender bienes o servicios ilegales en línea. Han surgido algunas plataformas muy grandes como espacios casi públicos para el intercambio de información y el comercio en línea. Estas plantean riesgos especiales desde el punto de vista de los derechos de los usuarios, los flujos de información y la participación de la población.

La norma sobre servicios digitales se basa en las disposiciones de la Directiva sobre el comercio electrónico y aborda problemas concretos surgidos en relación con los intermediarios en línea. Los Estados miembros han regulado estos servicios de manera diferente, creando barreras para las empresas más pequeñas que desean expandirse y crecer en toda la UE, y ofreciendo diferentes niveles de protección a los ciudadanos europeos.

Mediante la norma sobre servicios digitales, se eliminarán las cargas jurídicas innecesarias, fomentando un mejor entorno para la innovación, el crecimiento y la competitividad, y facilitando la expansión de las plataformas más pequeñas, las pymes y las empresas emergentes. Al mismo tiempo, protegerá por igual a todos los usuarios de la UE, tanto en lo que se refiere a su seguridad frente a los bienes, contenidos o servicios ilícitos como a sus derechos fundamentales.

¿Cuál es la importancia de la regulación de los intermediarios a escala mundial?

Las nuevas normas constituyen un paso importante en la defensa de los valores europeos en el ciberespacio, tales como el respeto de los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho, así como en el refuerzo de la competitividad de los servicios digitales, las posibilidades de elección de los consumidores y las oportunidades de innovación en línea.

La propuesta de norma sobre servicios digitales establece disposiciones estrictas sobre una intervención eficaz, el respeto de las garantías procesales y la protección de los derechos fundamentales en línea; mantiene un planteamiento equilibrado en materia de responsabilidad de los intermediarios y establece medidas eficaces para hacer frente a los contenidos ilícitos en línea y los riesgos que representan para la sociedad. De este modo, el objetivo de la norma sobre servicios digitales es establecer una referencia para la regulación de los intermediarios en línea también a escala mundial. 

¿Se aplicarán estas normas a las empresas de fuera de la UE?

Se aplicarán en el mercado único de la UE, sin discriminación, también a los intermediarios en línea establecidos fuera de la Unión Europea que ofrezcan sus servicios en el mercado único. Cuando no estén establecidos en la UE, tendrán que nombrar un representante legal, como ya hacen muchas empresas como parte de sus obligaciones derivadas de otros instrumentos jurídicos. Al mismo tiempo, los intermediarios en línea también se beneficiarán de la claridad jurídica de las exenciones de responsabilidad y de un conjunto único de normas cuando presten sus servicios en la UE.

  1. Impacto en los usuarios

¿Cómo se beneficiarán los ciudadanos de las nuevas normas?

Las plataformas en línea desempeñan un papel cada vez más importante en la vida cotidiana de los europeos. Las normas crearán una experiencia en línea más segura para que los ciudadanos expresen libremente sus ideas, se comuniquen y compren en línea reduciendo su exposición a actividades ilegales y mercancías peligrosas, y garantizando la protección de los derechos fundamentales.

Las plataformas en línea tendrán que identificar a sus usuarios empresariales y aclarar quién vende un producto u ofrece un servicio; esto ayudará a localizar a los comerciantes deshonestos y protegerá a los compradores en línea frente a los productos ilegales, falsificados y peligrosos. Al mismo tiempo, los ciudadanos podrán notificar los contenidos ilícitos, incluidos productos, que encuentren e impugnar las decisiones adoptadas por las plataformas en línea cuando se supriman sus contenidos: las plataformas estarán obligadas a notificarles toda decisión adoptada, a explicarles el motivo de tal decisión y a establecer un mecanismo para impugnarla.

Además, se introducirán normas específicas aplicables a las plataformas muy grandes, teniendo en cuenta su impacto sistémico a la hora de facilitar el debate público, las operaciones económicas y la difusión de información, opiniones e ideas. Cuando estas plataformas recomienden contenidos, los usuarios podrán modificar los criterios utilizados y optar por no recibir recomendaciones personalizadas. Los ciudadanos no tendrán que fiarse de la palabra de estas empresas, sino que podrán examinar sus acciones a través de los informes de auditores independientes e investigadores seleccionados.

¿Qué medidas propone la legislación para combatir los contenidos ilícitos?

Establecerá medios eficaces para que todos los agentes del ecosistema en línea combatan no solo los contenidos ilícitos, sino también los bienes y servicios ilegales.

Los usuarios tendrán la facultad de denunciar los contenidos ilícitos de manera sencilla y eficaz. Se creará un canal privilegiado para que los alertadores fiables (entidades que hayan demostrado experiencia y competencia especiales) denuncien contenidos ilícitos a los que las plataformas tendrán que reaccionar con prioridad. Cuando lo permitan las legislaciones nacionales, las autoridades de los Estados miembros podrán ordenar a cualquier plataforma que opere en la UE, independientemente de dónde tenga su sede, que elimine contenidos ilícitos.

Por último, las plataformas en línea muy grandes tendrán que adoptar medidas paliativas en la organización general de sus servicio a fin de proteger a sus usuarios de contenidos, bienes y servicios ilícitos.

¿Cómo protegerá la norma sobre servicios digitales contra las mercancías inseguras o falsificadas?

La norma sobre servicios digitales establecerá medios eficaces para que todos los agentes del ecosistema en línea luchen contra las mercancías ilícitas. Las plataformas contarán con procedimientos obligatorios para retirar esas mercancías. También se pedirá a los mercados en línea que rastreen a sus comerciantes («conocimiento del cliente empresarial»). De este modo se garantizará un entorno seguro, transparente y fiable para los consumidores y se disuadirá a los comerciantes de abusar de las plataformas para vender mercancías inseguras o falsificadas. Además, se pedirá a las plataformas en línea que organicen sus interfaces en línea de manera que los comerciantes puedan cumplir sus obligaciones de información para con los consumidores. También se dispondrá de un nuevo sistema de alertadores fiables, por ejemplo, para los propietarios de marcas que luchan contra las mercancías falsificadas, a fin de agilizar y simplificar la denuncia y la retirada de las mercancías falsificadas. Las autoridades públicas dispondrán de nuevas herramientas para ordenar directamente la retirada de productos inseguros. Las plataformas en línea muy grandes serán objeto de una evaluación de riesgos auditada que incluirá un análisis de su vulnerabilidad a los productos ilegales en sus plataformas, y sus medidas de mitigación a este nivel organizativo también serán objeto de auditorías anuales.

¿Cómo puede hacerse frente con eficacia a los contenidos nocivos, pero no ilícitos?

En la medida en que no sean ilícitos, los contenidos nocivos no deben recibir el mismo trato que los ilícitos. Las nuevas normas solo establecerán medidas para eliminar o fomentar la retirada de contenidos ilícitos, respetando plenamente la libertad de expresión.

La propuesta se centra en subsanar las vulnerabilidades de las plataformas frente a su manipulación para amplificar comportamientos nocivos, tales como la propagación de la desinformación política, los infundios y la manipulación durante las pandemias, en detrimento de los grupos vulnerables. Un planteamiento de supervisión basada en el riesgo obligará a las plataformas muy grandes a auditar y paliar los riesgos que planteen sus sistemas, por ejemplo, en materia de protección de los derechos fundamentales, intereses públicos, seguridad y salud pública, y a someter sus evaluaciones y medidas a auditorías independientes.

Además, la propuesta establece un marco de corregulación en el que los proveedores de servicios puedan trabajar con arreglo a códigos de conducta para hacer frente a los efectos negativos relacionados con la propagación viral de contenidos ilícitos, así como con actividades manipuladoras y abusivas, que son especialmente perjudiciales para los destinatarios vulnerables del servicio, como los niños y los menores.

Ya se han anunciado nuevas orientaciones de la Comisión y un Código de buenas prácticas revisado en lo que se refiere, en particular, a la desinformación en línea, que puede basarse en las normas que se acuerden en el marco de la norma sobre servicios digitales.

¿Cómo se va a mantener un justo equilibrio desde el punto de vista de derechos fundamentales como la libertad de expresión?

La protección de la libertad de expresión es un aspecto central en la norma e incluye la protección contra la interferencia gubernamental en la libertad de expresión y de información de las personas. Las normas horizontales contra los contenidos ilícitos se calibran cuidadosamente y van acompañadas de sólidas salvaguardias en materia de libertad de expresión y un derecho efectivo de recurso, a fin de evitar a la vez la retirada deficiente y excesiva de contenidos por motivos de ilegalidad.

La propuesta ofrecerá a los usuarios y a los consumidores la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por las plataformas en línea de suprimir sus contenidos, incluso cuando estas decisiones se basen en los términos y condiciones de las plataformas. Los usuarios podrán presentar reclamaciones directamente a la plataforma, elegir un organismo de resolución extrajudicial de litigios o solicitar reparación ante los tribunales.

La norma sobre servicios digitales propone disposiciones sobre la transparencia de las decisiones de moderación de contenidos. En el caso de las plataformas muy grandes, los usuarios y los consumidores podrán comprender mejor, gracias a informes de auditoría e investigaciones independientes, la manera en que afectan a nuestras sociedades.

¿Cómo lucha la norma sobre servicios digitales contra la desinformación?

Mediante las normas propuestas sobre la manera en que las plataformas moderan los contenidos, sobre la publicidad, los procesos algorítmicos y la mitigación de riesgos, se tratará de velar por que las plataformas, especialmente aquellas muy grandes, rindan cuentas en mayor medida y asuman su responsabilidad por las medidas que adopten y los riesgos sistémicos que planteen, incluida la desinformación.

Como acto legislativo horizontal, la norma sobre servicios digitales no abordará algunos de los retos muy específicos relacionados con la desinformación, que se tratarán en mayor medida en el Código de buenas prácticas en materia de desinformación, en su versión actualizada, y en las nuevas directrices de la Comisión anuncidas en el Plan de Acción para la Democracia Europea. 

¿Cómo lucha la norma sobre servicios digitales contra la publicidad en línea?

La norma sobre servicios digitales contempla cualquier tipo de publicidad, desde la comercialización digital hasta la publicidad basada en temas y los anuncios políticos, y complementa las normas vigentes, tales como el Reglamento general de protección de datos, que ya establece, por ejemplo, normas sobre el consentimiento de los usuarios o su derecho a oponerse a la comercialización digital para destinatarios concretos.

Estas nuevas normas permitirán a los usuarios comprender y tomar decisiones fundadas sobre los anuncios que vean. Deberán estar claramente informados de si son los destinatarios de cada uno de los anuncios y de la razón de ello, y de quién ha pagado el anuncio; también deberán poder ver muy claramente cuándo los contenidos están patrocinados o se publican de forma orgánica en una plataforma. Las obligaciones de notificación y adopción de medidas también se aplicarán a los anuncios potencialmente ilegales, igual que ocurre con cualquier otro tipo de contenido. 

En el caso de las plataformas en línea muy grandes, lo que está en juego socialmente tiene más importancia y las normas incluyen medidas adicionales para paliar los riesgos y permitir la supervisión. Tendrán que mantener y facilitar el acceso a los repositorios de anuncios, lo que permitirá a los investigadores, a la sociedad civil y a las autoridades inspeccionar la manera en que se visualizan y cómo se escogen sus destinatarios. También tendrán que evaluar si sus sistemas de publicidad se manipulan y la manera en que se manipulan, y tomar medidas para paliar estos riesgos.

La propuesta se complementa con las medidas dispuestas en la norma sobre mercados digitales, especialmente las disposiciones para que los guardianes de acceso aumenten la transparencia facilitando información sobre el precio de los anuncios y la remuneración pagada al editor. También deben facilitar el acceso a sus herramientas de medición del rendimiento y a la información necesaria para que los anunciantes y editores lleven a cabo su propia verificación independiente del inventario de publicidad.

Estas medidas también se complementarán con una próxima iniciativa sobre publicidad política.

¿Cómo protege la norma sobre servicios digitales los datos personales?

Se ha formulado en plena conformidad con las normas vigentes en materia de protección de datos, incluido el Reglamento general de protección de datos (RGPD) y la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, y no modifica las salvaguardias establecidas en estas normas.

 

 

  1. Impacto en las empresas

¿Qué servicios digitales abarca la norma?

La norma sobre servicios digitales se aplica a los intermediarios en línea, que abarcan servicios como los de los proveedores de servicios de internet, servicios en nube, mensajería, mercados o redes sociales. Estos servicios digitales transmiten o almacenan contenidos de terceros. Se aplicarán obligaciones de diligencia debida específicas a los servicios de alojamiento de datos y, en particular, en las plataformas en línea, una subcategoría de los servicios de alojamiento de datos. Algunos ejemplos de plataformas en línea son las redes sociales, las plataformas de intercambio de contenidos, las tiendas de aplicaciones, los mercados en línea y las plataformas de viajes y alojamiento en línea. Un subconjunto de disposiciones establecido en la norma sobre servicios digitales se centra en las plataformas muy grandes, que tienen un impacto social y económico significativo y que llegan al menos a 45 millones de usuarios en la UE, es decir, a casi el 10 % de la población.

¿Qué impacto tendrá la norma sobre servicios digitales en las empresas?

La norma sobre servicios digitales moderniza y aclara unas normas que datan del año 2000. Establecerá una referencia mundial, en virtud de la cual las empresas en línea se beneficiarán de una normativa moderna, clara y transparente que garantiza el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones.

Además, para los intermediarios en línea, y en particular para los servicios de alojamiento de datos y las plataformas en línea, las nuevas disposiciones reducirán los costes del cumplimiento de 27 regímenes diferentes en el mercado único. Esto será especialmente importante para las pymes innovadoras, las empresas emergentes y las empresas en expansión, que podrán expandirse en su país y competir con operadores muy grandes.

Otras empresas también se beneficiarán del nuevo conjunto de disposiciones. Tendrán acceso a herramientas sencillas y eficaces para señalar las actividades ilegales que perjudican su comercio, así como a mecanismos de recurso internos y externos, que les ofrecerán una mejor protección contra la supresión errónea, limitando las pérdidas para las empresas y los empresarios legítimos.

Además, los proveedores que adopten voluntariamente medidas para frenar aún más la difusión de contenidos ilícitos podrán estar seguros de que estas medidas no tendrán las consecuencias negativas que tendría no estar protegidos a efectos de la responsabilidad civil legal.

¿Qué impacto tendrá la norma sobre servicios digitales en las empresas emergentes y la innovación en general?

Hará que sea más fácil orientarse en el mercado único, reducirá los costes de cumplimiento y establecerá unas condiciones de competencia más equitativas. La fragmentación del mercado único perjudica desproporcionadamente a las pymes y a las empresas emergentes que desean crecer, a causa de la falta de un mercado nacional suficientemente amplio y de los costes de cumplir muchas legislaciones diferentes. Los costes de la fragmentación son mucho más fáciles de soportar para las empresas que ya son grandes.

Un código normativo común, horizontal y armonizado, aplicable en todo el mercado único digital, ofrecerá a las pymes, a las plataformas más pequeñas y a las empresas emergentes el acceso a clientes transfronterizos en su fase crítica de crecimiento. 

¿Cómo diferenciará la norma sobre servicios digitales propuesta entre operadores grandes y pequeños?

La propuesta establece obligaciones asimétricas de diligencia debida para los distintos tipos de intermediarios en función de la naturaleza de sus servicios, de su tamaño y de su impacto, a fin de velar por que sus servicios no se utilicen indebidamente para actividades ilegales y que los proveedores operen de manera responsable. Algunas obligaciones sustantivas se limitan únicamente a las plataformas en línea muy grandes, que desempeñan un papel central a la hora de facilitar el debate público y las operaciones económicas. Los proveedores muy pequeños estarán exentos de la mayoría de las obligaciones.

Al reequilibrar las responsabilidades en el ecosistema en línea en función del tamaño de los operadores, la propuesta garantiza que los costes reglamentarios de estas nuevas disposiciones sean proporcionados.

¿Qué impacto tendrá la norma sobre servicios digitales propuesta en las plataformas y en las plataformas muy grandes?

A todas las plataformas, excepto las más pequeñas, se les exigirá establecer mecanismos de reclamación y recurso y mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios, cooperar con alertadores fiables, tomar medidas contra las notificaciones abusivas, tramitar las reclamaciones, examinar las credenciales de proveedores terceros y ofrecer transparencia en materia de la publicidad en línea destinada a los usuarios.

Además, las plataformas en línea muy grandes, que llegan a 45 millones de usuarios o más (es decir, que representan el 10 % de la población europea) están sujetas a normas específicas debido a los riesgos especiales que plantean en materia de difusión de contenidos ilícitos y daños a la sociedad.

Las plataformas en línea muy grandes tendrán que cumplir las obligaciones de gestión de riesgos, auditoría externa de riesgos y rendición de cuentas pública, ofrecer transparencia a sus sistemas de recomendación y posibilidades de elección de los usuarios para acceder a la información, y compartir datos con las autoridades y los investigadores. 

¿A qué sanciones se enfrentarán las empresas si no cumplen las nuevas normas? 

El nuevo mecanismo de aplicación, que consiste en la cooperación nacional y a escala de la UE, supervisará la manera en que los intermediarios en línea adaptan sus sistemas a los nuevos requisitos. Cada Estado miembro deberá designar un coordinador de servicios digitales, que será una autoridad independientes responsable de supervisar los servicios de intermediación establecidos en dicho Estado y/o de coordinarse con las autoridades sectoriales especializadas. Para ello, impondrá sanciones, incluidas multas económicas. Cada Estado miembro especificará claramente las sanciones en su legislación nacional de conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento, velando por que sean proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infracción, aunque también disuasorias para garantizar el cumplimiento.

En el caso de las plataformas muy grandes, la Comisión tendrá poderes directos de supervisión y podrá, en los casos más graves, imponer multas de hasta el 6 % del volumen de negocios mundial de un proveedor de servicios.

El mecanismo de ejecución no se limitará únicamente a las multas, ya que el coordinador de servicios digitales y la Comisión estarán facultados para exigir medidas inmediatas cuando sea necesario para hacer frente a daños muy graves, y las plataformas podrán contraer compromisos sobre el modo en que les pondrán remedio.

En el caso de las plataformas deshonestas que se nieguen a cumplir obligaciones importantes y pongan así en peligro la vida y la seguridad de las personas, será posible, como último recurso, solicitar a un órgano jurisdiccional la suspensión temporal de su servicio, tras la participación de todas las partes interesadas.

  1. Impacto en los Estados miembros

¿Cómo puede colmarse la brecha entre las legislaciones de los Estados miembros?

La experiencia y las tentativas de los últimos años han puesto de manifiesto que las medidas nacionales individuales para hacer frente a los problemas relacionados con la difusión de contenidos ilícitos en línea, sobre todo cuando se trata de plataformas en línea muy grandes, no alcanza a hacer frente con eficacia a los retos en cuestión y a proteger a todos los europeos de los daños en línea. Además, la falta de coordinación de las medidas nacionales impone obstáculos suplementarios a las pequeñas empresas en línea y a las empresas emergentes que soportan importantes costes para poder cumplir todas las diferentes leyes aplicables. Unas normas actualizadas y armonizadas protegerán y empoderarán mejor a todos los europeos, tanto particulares como empresas.

La norma sobre servicios digitales propondrá un conjunto de disposiciones para toda la UE. Todos los ciudadanos de la UE tendrán los mismos derechos, un sistema común de garantía del cumplimiento los protegerá de la misma manera y las normas aplicables a las plataformas en línea serán idénticas en toda la Unión. Esto significa procedimientos normalizados de notificación de contenidos ilícitos, el mismo acceso a los mecanismos de reclamación y recurso en todo el mercado único, el mismo nivel de transparencia de los sistemas de moderación de contenidos o de publicidad, y también la misma estrategia supervisada de reducción del riesgo cuando se trate de plataformas en línea muy grandes. 

¿Qué instituciones supervisarán las normas y quién las seleccionará?

Los Estados miembros deberán designar a las autoridades competentes (los coordinadores de servicios digitales) para supervisar la conformidad de los servicios establecidos en su territorio con las nuevas normas y participar en el mecanismo de cooperación de la UE de la norma sobre servicios digitales propuesta. El coordinador de servicios digitales será una autoridad independiente con estrictos requisitos para llevar a cabo sus tareas con imparcialidad y transparencia. El nuevo coordinador de servicios digitales de cada Estado miembro será un importante centro regulador que garantizará la coherencia y la competencia digital.

Los coordinadores de servicios digitales cooperarán en el seno de un grupo consultivo independiente, llamado Consejo Europeo de Servicios Digitales, que podrá prestar apoyo mediante análisis, informes y recomendaciones, y coordinar el nuevo instrumento de investigaciones conjuntas por los coordinadores de servicios digitales.

Además, la norma sobre servicios digitales propuesta establece un mecanismo innovador y eficaz para supervisar las plataformas en línea muy grandes, con un papel directo para la Comisión Europea y con el asesoramiento y la cooperación de los coordinadores de servicios digitales y del nuevo Consejo Europeo de Servicios Digitales.

¿Cuál será el papel de la Comisión en la supervisión de las plataformas?

La aplicación de la norma sobre servicios digitales propuesta corresponderá principalmente a las autoridades nacionales competentes, sobre todo a los coordinadores de servicios digitales. No obstante, un coordinador de servicios digitales o el Consejo pueden remitir un problema no resuelto a la Comisión. La Comisión intervendrá entonces y pedirá al coordinador de servicios digitales del país de establecimiento del proveedor de servicios que garantice el cumplimiento de la norma sobre servicios digitales y los requisitos sustantivos conexos en virtud del Derecho nacional o de la Unión.

Además, por lo que se refiere a las plataformas en línea muy grandes, las nuevas normas permitirán reforzar la supervisión y el control del cumplimiento con la participación activa de la Comisión. En caso de infracciones persistentes, la Comisión, por recomendación del Consejo, previa invitación del coordinador de servicios digitales competente o por propia iniciativa, podrá incoar procedimientos contra las plataformas en línea muy grandes. Así se garantizará una intervención rápida en los casos a escala de la UE en los que las plataformas en línea muy grandes planteen riesgos sistémicos y se asegurará el nivel de asistencia necesario para resolver los complejos problemas técnicos y sociales que plantean las plataformas en línea de mayor tamaño.'

Fuente: Nota de Prensa de la Comisión Europea de 15/12/2020

 

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