'La Confederación Sindical de CCOO movilizará a sus delegados y delegadas sindicales del conjunto del Área Pública el próximo miércoles 10 de noviembre de 2021, para exigir un aumento del gasto público en los servicios que garantizan los derechos de la ciudadanía, así como para lograr la recuperación de los derechos arrebatados a los más de tres millones de empleadas y empleados públicos.
Esta movilización consistirá en concentraciones a las 11:00 horas ante las sedes de las subdelegaciones del Gobierno de la inmensa mayoría de provincias de España, y ante la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de Madrid.
Respecto a los servicios públicos, España debe recuperar el gasto social anterior a la crisis económica para acercarse a los países de su entorno y, sobre todo, garantizar los derechos de la ciudadanía que la austeridad extrema empeoró, con copagos o dificultades de acceso a los servicios públicos, entre otros. En la misma medida, hay que mejorar sus condiciones laborales.
Desde CCOO recriminamos al Gobierno el incumplimiento de los
compromisos adquiridos con el sindicato. Se debe resolver el resto de
las materias que aún están pendientes del II Acuerdo para la mejora del empleo público de 2018, y más recientemente en el Acuerdo de 5 de julio de 2021, que incluye la negociación de un III Acuerdo bianual para
continuar en la mejora del empleo público y de las condiciones de
trabajo y salariales. Así, hay que garantizar:
- Salarios: es necesario recuperar el poder adquisitivo perdido por las empleadas y empleados públicos durante la crisis. Se perdieron entre 11 y 18 puntos de capacidad de compra, y solo se han recuperado 4 hasta ahora. El Gobierno impuso, sin negociación, una subida salarial del 0,9% en 2021 y ahora, en el Proyecto de Ley de PGE de 2022, del 2%, medidas que no avalamos porque se alejan de los objetivos marcados de recuperación del poder adquisitivo. También hay que recuperar e incrementar los fondos adicionales como parte de las propias retribuciones.
- Empleo: debemos recuperar el empleo público perdido y acometer el necesario rejuvenecimiento de unas plantillas, en la actualidad con un alto porcentaje en edad próxima a la jubilación. En caso contrario, se pone en cuestión la continuidad de los servicios públicos con eficacia, calidad y universalidad de la prestación.
- Estabilización del empleo: mediante procesos con las máximas garantías jurídicas, para conseguir los objetivos de dar estabilidad a las plantillas y acabar con la lacra que supone la temporalidad. Es necesario eliminar cualquier limitación en la tasa de reposición para hacer realmente efectiva y duradera la reducción de la temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores públicos, incluyendo la totalidad del sector público empresarial, así como los centros de investigación, no solo en puestos estructurales, sino en todos aquellos que deben ser considerados como tales, y que, en su mayoría, están cubiertos de manera alegal, ilegal o en fraude de ley, a través de figuras como programas, obras y servicios, etc.
- Hay que impulsar la negociación de un Acuerdo Marco para la Administración Local respetando el derecho a la negociación colectiva en cada ámbito. Es urgente la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
- Recuperar y extender la jornada de 35 horas, con las adaptaciones oportunas en los diferentes sectores para hacerla realmente efectiva, desvinculándose de los objetivos de déficit, algo aún pendiente en muchas administraciones públicas y sector público empresarial.
- Aprobar los planes de igualdad y de medidas de corresponsabilidad y conciliación, además de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo.Incrementar sustancialmente los haberes reguladores de los grupos del A2 al E, para evitar que se siga deteriorando la calidad de las pensiones de clases pasivas.
- Resulta necesario y urgente acometer el resto de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, pendiente desde su publicación en 2007, tanto en lo relativo a la garantía de cumplimiento de los acuerdos, como a la mejora para el acceso al empleo público, la obligatoriedad de resolver las ofertas de empleo público (OEP), la agilización de los procesos selectivos, con convocatorias con carácter anual que contemplen especialmente las plazas vacantes ocupadas por personal temporal, la provisión y promoción interna, la carrera profesional, la evaluación del desempeño, cualificación y clasificación profesional, la culminación de la disposición transitoria tercera, la movilidad interadministrativa y la regulación del teletrabajo, etc.
- Servicio Exterior: recuperación del poder adquisitivo y exigencia de pleno derecho a la negociación colectiva. No se puede permitir por más tiempo que el personal lleve 12 años sin actualización salarial, así como facilitar el desarrollo democrático del proceso de elecciones sindicales en estos momentos puestos en marcha.
- Actualización de las indemnizaciones de residencias para Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla.Constitución de la Mesa de Diálogo para el sector público empresarial.'
Enlaces en el texto y resaltados en negrita cursiva nuestros
[Cartel de la concentración en Madrid, visto en la Federación de Sanidad y Sectores Socio-Sanitarios de CCOO de Madrid 07/11/2021 :
]
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2 comentarios:
Si me cruzo con uno de estos "psicopatas" se la lío.
Ejemplo.- https://t.co/kabZ1RrZx2?amp=1
Estabilización del empleo: mediante procesos con las máximas garantías jurídicas, para conseguir los objetivos de dar estabilidad a las plantillas y acabar con la lacra que supone la temporalidad. Es necesario eliminar cualquier limitación en la tasa de reposición para hacer realmente efectiva y duradera la reducción de la temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores públicos, incluyendo la totalidad del sector público empresarial, así como los centros de investigación, no solo en puestos estructurales, sino en todos aquellos que deben ser considerados como tales, y que, en su mayoría, están cubiertos de manera alegal, ilegal o en fraude de ley, a través de figuras como programas, obras y servicios, etc.
Maria Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid, señala que la figura de fijos a extinguir está permitida y tendría un encaje constitucional.
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