[STEPA] 'Campaña dirigida a los partidos políticos para que firmen el siguiente compromiso: Identificar todas las plazas que cumplían los requisitos establecidos por la Ley 20/2021, priorizando su ejecución sobre otras OPEs y no ofertando sus plazas en ningún otro sistema de provisión de puestos'

'Ayer, 17 de mayo, en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público enviamos a los diferentes partidos políticos el siguiente compromiso, considerando que a pesar de que el plazo para la aprobación y publicación de la Oferta de Empleo para la Estabilización finalizó el 1 de junio de 2022, deben:

1.- Identificar todas las plazas que cumplían los requisitos establecidos por la Ley 20/2021 a la fecha de su entrada en vigor, y en el caso de que existan plazas que no hayan sido incluidas por el Gobierno de Aragón en la Oferta de Empleo Público proceder a su inclusión.

2.- Priorizar la ejecución de esta Oferta de Estabilización sobre el resto de Ofertas de Empleo Público (OEP), agilizando la ejecución de todas las convocatorias derivadas de estas OEP en el menor plazo de tiempo posible y antes de 31/12/2024, cumpliendo con la normativa vigente, y no ofertando dichas plazas en ningún otro sistema de provisión de puestos.

3.- Dotar a la Administración de los medios y mecanismos necesarios para llevar a cabo los procesos selectivos y los procedimientos de provisión de puestos de trabajo con el objetivo de reducir la temporalidad.

¿Quiénes lo firmarán?

Reivindicamos desde hace más de cuatro años, una SOLUCIÓN JUSTA, LEGAL Y A COSTE CERO para los más de 17.000 empleados públicos temporales en abuso de temporalidad del Gobierno de Aragón. 

La temporalidad del Gobierno de Aragón afecta en la actualidad al 49,5 % de la plantilla según los últimos datos del boletín estadístico del Gobierno de Aragón. El sector de Administración general es el más afectado con el 55 % de temporalidad, seguido del SALUD con el 47 % y de Educación con el 45 %. 

 

En total, son 28.929 trabajadoras y trabajadores temporales de los que estimamos que unos 17.000 están en situación de fraude de Ley. Personal con más de 10 años de experiencia en el sector público, principalmente mayores de 50 años y mujeres, que están siendo cesados sin ningún tipo de indemnización y cuya reincorporación al mercado laboral se hace a una edad con la mayor tasa de paro y la de mayor duración.

Hasta ahora, el Gobierno de Aragón y sindicatos presentes en la mesa han fracasado en la estabilización del personal, aumentando la temporalidad un 10% en los últimos 8 años. 

Desgraciadamente, la entrada en vigor de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, no ha tenido hasta ahora el efecto para el cual se estableció la norma. Al contrario que en otras Administraciones públicas, el Gobierno de Aragón, a pesar de ser una norma básica, excepcional y de obligado cumplimiento, ha optado por incumplirla, ocultando la identificación de las plazas a incluir en las convocatorias de concurso (Disposición adicional octava de la Ley 20/21). De los puestos que deben ofertarse de manera extraordinaria, se publicaron un escaso 10% en las Ofertas de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal. Si bien creemos que esta ley adolece de defectos, ya que no sanciona el abuso de la temporalidad, no presenta soluciones conformes con la Directiva 1999/70/CE y no se ajusta a la jurisprudencia del TJUE, al menos permite, como ha sucedido en otras Administraciones, reducir en gran medida el abuso de temporalidad si se utiliza conforme al espíritu que motivó su aprobación en las Cortes Generales.

Recordamos a los partidos políticos que el Gobierno de Aragón incumple su obligación legal y su compromiso con Europa, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de reducir al 8 % la temporalidad en el sector público, lo que pone en peligro la llegada de los fondos europeos. 

El sector público lejos de ser ejemplo para el sector privado, lo supera en tasa de temporalidad, manteniendo contratos de duración determinada en claro fraude de ley, cuando realmente obedecen a relaciones laborales estructurales e indefinidas, mientras sanciona a las empresas privadas incumplidoras. No puede ser que no exista una inspección de trabajo a la que acudir ante los abusos en la contratación, ni que no exista sanción alguna a las administraciones abusadoras. En definitiva, no puede ser que hoy siga vigente el despido libre y gratuito en las administraciones públicas.

Queremos poner de manifiesto la falta de reconocimiento de la valía profesional y personal de quienes están trabajando para las Administraciones, y cómo se ignora el factor emocional y el sufrimiento que esta actitud está generando entre los hombres y mujeres que, con verdadera vocación de servicio público, velan por el desarrollo del Estado de Bienestar, con escasos medios, supliendo la precariedad con esfuerzo, experiencia y dedicación.

Este compromiso, que cumple con la Ley, permitirá reducir la litigiosidad que se ha generado durante estos años, que ha obligado al personal en abuso de temporalidad a costear la defensa de sus derechos, generando además una carga innecesaria a los juzgados. Con esta solución, TODAS Y TODOS GANAMOS.'

Fuente: Comunicado del sindicato aragonés STEPA y CATA de 18/05/2023 recibido en APISCAM

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