Con la firma del acuerdo de estabilización entre el gobierno anterior
y los sindicatos del pacto social, se condena a cerca de 700.000
empleados públicos, contratados en fraude de ley desde hace 15, 20 o 30
años, al despido con el fin de reducir la tasa de temporalidad exigida
desde la Unión Europea. Este acuerdo no es sino un Expediente de
Regulación de Empleo, el mayor conocido en este país. Cientos de miles
de trabajadores y trabajadoras con más de 45 años, y un currículum casi
exclusivo como servidores públicos, estaremos condenados a la miseria y
la de nuestras familias.
El gobierno del PP y los sindicatos del pacto nos han puesto fecha de caducidad, el año 2020. En ese momento, un tercio de la plantilla del conjunto de las Administraciones Públicas habrá sido condenada al desempleo; un tercio de trabajadores y trabajadoras experimentados y formados en unos Servicios Públicos, cuyos puestos quedarán vacantes y a merced de ser gestionados desde el sector privado.
Con la ejecución de este ERE encubierto tras el acuerdo de estabilización, se produce un punto de inflexión en el que el modelo de gestión pública, como garante de derechos laborales para sus empleados y empleadas, tienda a convertirse gradualmente en un modelo de des-regulación y despido libre en la Administración.
Por ello, desde Temporales en Lucha, reivindicamos:
El gobierno del PP y los sindicatos del pacto nos han puesto fecha de caducidad, el año 2020. En ese momento, un tercio de la plantilla del conjunto de las Administraciones Públicas habrá sido condenada al desempleo; un tercio de trabajadores y trabajadoras experimentados y formados en unos Servicios Públicos, cuyos puestos quedarán vacantes y a merced de ser gestionados desde el sector privado.
Con la ejecución de este ERE encubierto tras el acuerdo de estabilización, se produce un punto de inflexión en el que el modelo de gestión pública, como garante de derechos laborales para sus empleados y empleadas, tienda a convertirse gradualmente en un modelo de des-regulación y despido libre en la Administración.
Por ello, desde Temporales en Lucha, reivindicamos:
- Ningún trabajador o trabajadora temporal a la calle. ¡¡LOS QUE ESTÁN SE QUEDAN!!. La Administración tiene recursos suficientes para consolidarnos en el puesto de trabajo, como el concurso de méritos (art. 61 TREBEP). Nuestra consolidación es totalmente legal, solo falta voluntad política para desarrollarla. ¡¡¡Forcemos esa voluntad en la calle!!!
- No solo nos quedamos los 700.000 temporales, también hay puestos para los ciudadanos que quieran formar parte de la función pública. Desde que estalló la crisis, se han amortizado 200.000 plazas de trabajadores y trabajadoras jubilados. Solicitamos que esas plazas se recuperen para que puedan salir a concurso y las puedan ocupar los ciudadanos que así lo deseen.
- Reversión de los servicios públicos privatizados. La reducción progresiva de los servicios públicos y el abandono de los mismos para la explotación mercantil de la empresa privada, es la dinámica a la que va encaminada la gestión de la Administración Pública. Las múltiples contratas que tiene la Administración para la gestión de servicios de apoyo al funcionamiento ordinario de esta, han supuesto en estos últimos años un adelgazamiento de la misma, proceso que se va a acelerar con el despido de los 700.000 temporales de las Administraciones Públicas.
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